La Dra. Silvia Saravia Matus, Oficial de Asuntos Económicos, Encargada de Recursos Hídricos, División de Recursos Naturales de CEPAL realizó la presentación del Documento de Trabajo CEPAL: “Valoración del Agua: Reflexiones y Recomendaciones para América Latina y el Caribe”.

En la Charla magistral la Dra. Saravia destacó volver a lo esencial: poner a las personas y a los territorios en el centro. Considerando 3 ejes fundamentales: Primero, una valoración integral y con enfoque de equidad que reconozca el valor social, ambiental y económico del agua y priorice a quienes más la necesitan. Segundo, instrumentos económicos que envíen señales correctas—tarifas, cánones, incentivos y estándares—para reflejar la escasez, promover eficiencia y financiar la protección de las fuentes. Y tercero, capacidades institucionales sólidas para planificar, regular, fiscalizar y ejecutar, con datos abiertos, coordinación intersectorial y participación vinculante. Finalmente, destacó que si articulamos estos tres pilares, la valoración del agua dejará de ser un ejercicio técnico para convertirse en una política de Estado que resguarde efectivamente el derecho humano al agua, reduzca riesgos y atraiga inversión sostenible a la región. 

Mesa Redonda de la sesión
 La mesa se estructuró en tres bloques con la moderación de la Sra. Elizabeth Coble de la División Recursos Naturales de la CEPAL

La mesa se compuso por el Sector Público, representado por Perú y República Dominicana; luego las Experiencias Nacionales por parte de Costa Rica, Chile, Perú y El Salvador; y finalmente Sociedad Civil y Academia con representantes de Tulane Institute y Mujeres en Agua en ALC. Los principales mensajes de los panelistas fueron los siguientes:

Sr. Durich Whittembury (Perú) – Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

El ministro enmarcó la sesión desde una apuesta institucional: convertir al “Pacto Unido por el Agua y Saneamiento” en un espacio multiactor e institucionalizado para acelerar el acceso universal y construir gobernanza duradera. Aterrizó esa visión en una hoja de ruta centrada en calidad y prestaciones, una estrategia nacional para reducir el Agua No Facturada (ANF) —hoy entre 30% y 60%—, y la actualización de la política multisectorial WASH al 2050, donde la valoración de los servicios es objetivo explícito. Cerró con un compromiso político concreto: dejar aprobada la nueva política como legado y empalmarla con subsidios inteligentes focalizados para asegurar equidad bajo el derecho humano al agua y al saneamiento. 

Sr. Davis Aracena (República Dominicana) – Viceministro de Suelos y Aguas

Aracena situó la acción pública en el territorio: preservar y restaurar las fuentes hídricas con soluciones basadas en la naturaleza (manejo de suelos, franjas ribereñas, prácticas agrícolas) y coordinación interinstitucional. Subrayó la necesidad de información y monitoreo para sostener decisiones y destacó un hito-país: proteger el 30% del territorio como base para la seguridad hídrica y la resiliencia. El enfoque combina cumplimiento ambiental, capacitación local y cooperación técnica para metodologías de valoración y mejor gestión. 

Sr. José Miguel Zeledón (Costa Rica) – Director de Agua (MINAE)

Zeledón narró la construcción, a lo largo de dos décadas, de una arquitectura de instrumentos que integra canon por aprovechamiento y canon por vertidos con concesiones temporales; todo, diseñado con base científica, validado políticamente y negociado por sectores (turismo, agroindustria, agua potable, riego, hidroeléctrico, etc.). El sistema pasó de recaudar ~USD 200 mil a 20–25 millones, con reglas graduales y estabilidad jurídica pese a litigios. Una parte de los recursos se asigna (“earmarking”) a PSA, conservación (SINAC), alcantarillado (concursos anuales), monitoreo y educación; al robustecer el monitoreo, se liberó el uso al 100% (antes había tope). La lección central: más que el “modelo”, importan reglas claras y sostenibles que sobreviven cambios de gobierno. 

Sr. Rodrigo Sanhueza Bravo (Chile) – Director General de Aguas (MOP)

Sanhueza expone una reforma estructural en marcha: desde 2022 se exige construir Planes Estratégicos de Recursos Hídricos por cuenca, se prioriza el abastecimiento humano, se fortalecen organizaciones de usuarios y se migra a derechos de agua “no para siempre”, sino temporales, revisables a la luz de la realidad hídrica. Reconoce déficits de inversión y sequías severas que han puesto en riesgo el abastecimiento, y abre el debate sobre asignación y redistribución (recuperar volúmenes no usados para reasignarlos con criterios de seguridad hídrica) y desincentivos al acaparamiento. La desalinización aparece como opción aún acotada —principalmente en minería— con margen para escalar. El foco es institucionalizar certezas y superar la judicialización, dotando al regulador de herramientas para decidir con predictibilidad. 

Sr. Mauro Gutiérrez (Perú) – Presidente ADERASA y SUNASS

Gutiérrez llevó la valoración al terreno del comportamiento del usuario. Planteó que, si bien los precios transmiten escasez, pierden efectividad cuando la gente no sabe cuánto consume ni cuánto paga. Presentó herramientas para traducir m³ a litros/uso cotidiano y comparar con el vecindario, lo que corrige percepciones y motiva ahorro. En sostenibilidad operativa, insistió en mostrar la rentabilidad de reducir ANF e incorporar metas de micromedición y benchmarking en los estudios tarifarios para inducir eficiencia entre prestadores. También advirtió que los mecanismos ambientales en tarifa (p. ej., MRSEH/MEICE) aportan, pero cubren apenas ≈1% de la brecha verde, por lo que se necesitan fuentes complementarias y diseño realista de política. 

Sra. Ethel Cabrera (El Salvador) – Presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA)

Cabrera expuso un marco integral y moderno que reconoce el derecho humano al agua y saneamiento y el agua como bien público y finito. Crearon una Dirección de Finanzas Hídricas para verificar volúmenes y cobrar cánones; aunque la ley dio un año de regularización, la gente comenzó a pagar de inmediato, lo que permitió recaudar y ordenar mientras avanzaba la formalización. El diseño participativo del canon incorporó coeficientes (pobreza extrema, condiciones físicas, tipo de uso, consultivo/no consultivo e interés social) y un tratamiento diferenciado para productos de canasta básica (huevo, azúcar, café), mitigando impactos. Parte de la recaudación retorna con beneficios visibles: apoyo al operador nacional, juntas rurales, escuelas y unidades de salud, fortaleciendo la aceptación social y creando una red ciudadana de veeduría. Señaló retos de gradualidad (priorizar sectores) y medición (especialmente en proveedores informales), y la importancia de un sistema de información hídrica y mejora continua para decisiones en tiempo real. 

Sr. Christopher Dalbom (Tulane Institute on Water Resources Law & Policy, USA)

Desde el ángulo jurídico-institucional, Dalbom abogó por leyes que equilibren flexibilidad y predictibilidad, dialoguen con la ciencia y la protejan de vaivenes políticos, asegurando la prioridad del derecho humano al agua y la coherencia interagencial. Recalcó la necesidad de una autoridad hídrica con alta capacidad técnica para sostener decisiones ante litigios y para anticipar presiones emergentes. Planteó dos cuellos de botella: escalar pilotos a política por defecto (actualizar derechos y ordenar la priorización fortalece sostenibilidad y resiliencia) y cerrar la brecha ciencia–ley, donde evidencia robusta no siempre se traduce en norma efectiva. Como ejemplo, advirtió que en Luisiana existe veto transversal para alinear decisiones con planes de protección costera, pero no se usa por costo político. La lección final: no basta con tener la regla correcta; hay que aplicarla y sostenerla en el tiempo.

Dalbom advirtió que la expansión de centros de datos y tecnologías intensivas en cómputo eleva significativamente el consumo de agua y energía, a menudo con exenciones fiscales y expansiones de infraestructura pública que socializan costos. Si se conectan a redes urbanas, presionan los sistemas sanitarios; si no, extraen grandes volúmenes de agua subterránea con pozos privados que en muchos estados no pagan, trasladando el riesgo hídrico a terceros. El marco vigente descansa en una “ficción legal”: la protección es ex post vía litigio (p. ej., agricultores con pozos secos), en vez de salvaguardas preventivas. Urgió normas ex ante que internalicen la huella hídrica de la IA y otras tecnologías de transición (p. ej., biocombustibles, litio), evitando privatizar beneficios y socializar impactos.

Mujeres en Agua ALC – Marisa Mar Pecero

Propuso partir de una “ética hídrica”: reconocer la existencia del otro, sus valores y necesidades, y anclar la participación en principios y marcos jurídicos (participación, igualdad, consulta previa). Reivindicó la unidad hidrológica de la cuenca para entender el ciclo hidrosocial e identificar usos/usuarios y sus relaciones; el DHAS va primero y el “usuario ambiental” sustenta a los demás. Llamó a incluir en diagnósticos creencias, valores, percepciones y emociones, con mapas de actores para evitar exclusiones y descubrir soluciones. Recordó los cuatro grupos de servicios ecosistémicos incluida la dimensión cultural —lo invaluable no siempre debe cuantificarse, pero sí reconocerse—; citó campañas PRIDE de RARE como precursoras de ciencias del comportamiento; y pidió pasar de la consulta a la cogestión en organismos de cuenca, con participación informada. Cerró mencionando que el cuidado del agua es sagrado; nuestras manos “tejen y labran caminos para que broten los manantiales”.

Fotos de la sesión: https://www.flickr.com/photos/cepal/albums/72177720329507210 

Agenda del evento: AGENDAS - Google Drive