La sesión se centró en el concepto de la tarifa social, un mecanismo destinado a garantizar el acceso al agua potable y saneamiento a las familias de bajos ingresos. Se discutieron los tipos de subsidios que se pueden implementar, diferenciando entre subsidios a la oferta, que se otorgan a las empresas para mejorar el servicio, y subsidios a la demanda, dirigidos directamente a los usuarios más vulnerables para reducir el costo de sus facturas. Diego Fernández, experto senior de recursos hídricos de la CEPAL, subrayó la importancia de garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan, evitando la distribución indiscriminada.
Un enfoque clave de la sesión fue la aplicación de bloques tarifarios, donde los usuarios de menores ingresos reciben subsidios para el consumo básico, mientras que aquellos con mayor capacidad de pago contribuyen de forma cruzada. En países como Chile, Colombia y México, se han implementado esquemas de tarifa social con diferentes grados de éxito, y precisamente estos casos sirvieron de referencia para discutir la implementación en Panamá. Se destacó el reto de diseñar tarifas que promuevan el uso racional del agua sin sobrecargar a las familias vulnerables, un equilibrio necesario para lograr sostenibilidad y equidad.
Además, se exploró el concepto del "mínimo vital", una política aplicada en ciudades como Bogotá y Medellín que garantiza una cantidad básica de agua gratuita para los hogares más pobres. Este modelo fue analizado como una posible opción para Panamá, en un esfuerzo por asegurar que ningún hogar se quede atrás, y sin acceso a este recurso esencial.
La sesión finalizó con un llamado a mejorar las estructuras tarifarias en Panamá mediante la implementación de un esquema más preciso de categorización de usuarios y zonas de vulnerabilidad. Esto permitiría focalizar mejor los subsidios, garantizando que los hogares más pobres reciban el apoyo necesario. También se enfatizó la importancia de combinar subsidios cruzados y directos para asegurar que los costos del servicio se distribuyan de manera justa, junto con la posibilidad de adoptar un programa de "mínimo vital”.
