La actualización 2025 del precio social del carbono realizada por el Sistema Nacional de Inversiones de Chile se basó en la curva de costo marginales de abatimiento, alineado con la estrategia climática nacional y contó con el apoyo técnico de la CEPAL en el marco del programa Euroclima de la Unión Europea.

El Gobierno de Chile, a través del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), publicó recientemente la actualización anual de los Precios Sociales 2025, entre los cuales se destaca la revisión del Precio Social del Carbono (PSC), instrumento clave para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en la evaluación de proyectos de inversión pública.

El nuevo valor del precio social del carbono  se fijó en 71,1 USD/t CO2 para el 2025—equivalentes a 70.540 pesos chilenos por tonelada de CO₂ equivalente— y fue definido tomando como base metodológica el estudio desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), titulado “Estimación del precio social del carbono para la evaluación de la inversión pública en Chile”, con el apoyo del programa Euroclima de la Unión Europea. Esta actualización responde a una estrategia progresiva de valorización del carbono, alineada con los compromisos climáticos asumidos por el país en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).

El documento recomienda una trayectoria de precios crecientes, basada en una interpolación lineal entre el valor de 32,5 USD/t CO₂ equivalente en 2020 y los 264,15 USD/t CO₂ equivalente proyectados para 2050, en consonancia con el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad. Esta metodología permite incorporar el costo de las externalidades negativas del cambio climático en las decisiones de inversión pública.

La inclusión de este nuevo valor fortalece la capacidad del Estado para priorizar proyectos que aporten a la mitigación del cambio climático, tales como eficiencia energética, transporte limpio y tecnologías con bajas emisiones. También permite una valoración más precisa del impacto climático de proyectos que, si bien no son de mitigación, generan emisiones cuantificables.

Este avance se enmarca en un debate más amplio sobre el rol de los instrumentos económicos en la transición ecológica, abordado por la CEPAL en su publicación “Política económica y cambio climático: fijación de precios del carbono en América Latina y el Caribe”. El informe presenta un panorama regional sobre el uso de precios explícitos del carbono —como impuestos y mercados de emisiones— y precios implícitos —como el precio social del carbono—, y advierte que estos mecanismos aún tienen escasa aplicación y baja cobertura de emisiones en la región. En contraste, los subsidios a los combustibles fósiles persisten con gran fuerza: entre 2013 y 2022, sus presupuestos fueron casi diez veces superiores al financiamiento climático. El documento también analiza escenarios de reforma a estos subsidios y sus impactos económicos, sociales y ambientales.

La CEPAL valora positivamente esta adopción por parte de Chile, que demuestra el compromiso del país con una planificación de inversiones más coherente con los desafíos climáticos. Asimismo, reafirma su disposición a seguir colaborando con los países de la región en la incorporación de criterios climáticos en sus decisiones económicas y de inversión pública.