La instancia se desarrolló en el marco del proyecto “Minerales para una transición justa en América Latina y el Caribe” (MINJUST), financiado por la Unión Europea (UE) y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) e implementado por la CEPAL y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Esta iniciativa está orientada a integrar buenas prácticas en la extracción de materias primas necesarias para la transición energética y de movilidad en América Latina y el Caribe. 

El curso tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas para incorporar el enfoque de derechos humanos en la elaboración y evaluación de proyectos sometidos a licenciamiento ambiental, con especial atención a los desafíos del sector minero. La instancia reunió a más de 30 participantes provenientes de sectores públicos y privados y de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

La inauguración contó con las intervenciones de David Barrio, Oficial de Asuntos Legales y representante del Secretariado del Acuerdo de Escazú de la CEPAL; Hernán Vales, Representante Regional de ACNUDH; y Carlos Mohr, Director de proyecto de GIZ, quienes destacaron la necesidad de avanzar hacia una minería más sostenible, justa y con mayor valor agregado, además de enfatizar la importancia de la cooperación internacional como herramienta para fortalecer políticas sostenibles y las inversiones en la región.

Con una aproximación teórico-práctico, el curso incluyó ponencias de representantes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, entre otros. 

Además, se llevaron a cabo diálogos multiactor para analizar los principales desafíos y brechas en los procesos de licenciamiento ambiental. En términos prácticos se trabajó en torno a cuatro componentes: 1) La contextualización e identificación de comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad; 2) El fortalecimiento de capacidades de las comunidades; 3) La estrategia de participación y los sistemas de gobernanza transparente y participativa; y 4) Los mecanismos de recepción de reclamos y reparación.

Durante el curso se abordó el vínculo entre los derechos humanos, empresas y el medio ambiente, y se presentó diversos estándares y certificaciones aplicables al sector minero. Adicionalmente, se discutieron aspectos vinculados con la participación del público en los procesos de toma de decisiones (artículo 7 del Acuerdo de Escazú), el Convenio 169 de la OIT y la inclusión del enfoque de género en el licenciamiento ambiental. 

El cierre de la actividad estuvo a cargo de Carlos de Miguel, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, quien destacó la contribución de la minería al desarrollo sostenible de la región, y el compromiso de la Comisión con la generación y difusión de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y la promoción de espacios de diálogo regional que contribuyan al desarrollo de políticas sostenibles y a una transición justa en los países de la región.

Las grabaciones de las ponencias se encuentran disponibles en el canal de YouTube LIVE CEPAL.

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