Durante el encuentro se presentó la publicación “La brecha de financiamiento para la biodiversidad en América Latina y el Caribe”, que entrega la primera estimación regional sobre esta materia. El documento señala que las necesidades anuales de financiamiento representan el 2,3% del PIB regional frente a flujos actuales de solo 0,2%, dejando una brecha anual de 2,1% del PIB.

Los resultados muestran que el desafío no consiste únicamente en movilizar mayores recursos económicos, sino también en mejorar la coherencia de las políticas públicas, revisar los incentivos económicos, fortalecer los marcos institucionales y generar condiciones para desarrollar inversiones en biodiversidad que puedan ampliarse y sostenerse en el tiempo. 

Para avanzar en esa dirección, la publicación propone cinco vías de acción hacia 2030: reorientar los flujos financieros mediante una mayor coherencia de las políticas; incorporar los riesgos relacionados con la naturaleza en las decisiones económicas y financieras; movilizar recursos del sector privado mediante instrumentos financieros y condiciones habilitantes; fortalecer la gobernanza, la integridad y la implementación territorial; y posicionar estratégicamente a la región en la arquitectura financiera internacional.

El evento reunió a representantes de alto nivel para analizar los resultados del estudio y discutir las oportunidades y los desafíos para llevar sus propuestas a la práctica. Entre los panelistas estaban Alicia Jaramillo, viceministra del Ambiente y Marino-Costero de Ecuador; Diego Ochoa, asesor sénior del Programa Acelerador de las Estrategias y Planes de Acción Nacional sobre Biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y Andrew Deutz, director general de Políticas Globales y Alianzas de WWF.

Durante el panel, Alicia Jaramillo destacó la importancia de abordar la brecha de financiamiento mediante una mayor coherencia fiscal y la reorientación del gasto existente, considerando las restricciones presupuestarias que enfrentan los gobiernos. En este contexto, señaló la necesidad de revisar los subsidios e incentivos perjudiciales para la biodiversidad, particularmente en los sectores agropecuario y pesquero, y de priorizar las intervenciones bajo un enfoque ecosistémico que permita concentrar los recursos disponibles en territorios estratégicos.

La viceministra también destacó la importancia de combinar distintas fuentes e instrumentos de financiamiento. En el caso de Ecuador, mencionó las experiencias de canje de deuda por naturaleza vinculadas a las Galápagos y al Biocorredor Amazónico, así como las iniciativas orientadas a impulsar mecanismos de financiamiento combinado y una mayor participación del sector privado. Asimismo, subrayó que la protección de la biodiversidad constituye una responsabilidad compartida, dado que los ecosistemas de la región proporcionan bienes y servicios de importancia global, como la regulación climática.

Por su parte, Diego Ochoa enfatizó la necesidad de avanzar en una mayor coherencia entre las políticas de biodiversidad, cambio climático y degradación de las tierras, ámbitos que todavía presentan dificultades de articulación institucional. En este sentido, planteó que los esfuerzos de movilización de recursos deberían apoyarse en las estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad existentes, incluidos sus instrumentos de planificación financiera, en lugar de generar mecanismos adicionales que no necesariamente se articulen con los procesos nacionales en curso.

Ochoa también destacó que los recursos internacionales, aunque importantes, no serán suficientes para cubrir las necesidades de financiamiento identificadas. Por ello, señaló la relevancia de actuar sobre los presupuestos nacionales, la orientación del gasto público y la reforma de los incentivos, con el propósito de optimizar el uso de los recursos disponibles y contribuir a cerrar la brecha.

Andrew Deutz, director general de Políticas Globales y Alianzas de WWF, valoró el aporte del estudio para identificar las oportunidades y limitaciones de las transformaciones necesarias para cerrar la brecha de financiamiento. En este contexto, destacó que cerrar la brecha de financiamiento requiere transformar las políticas y los incentivos económicos que condicionan las decisiones de inversión. En el sector agropecuario, señaló las oportunidades que ofrece el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad en las cadenas de suministro, considerando el papel de América Latina y el Caribe como una de las principales regiones exportadoras de productos agrícolas. Asimismo, subrayó la importancia del financiamiento concesional y combinado para apoyar la transición de los productores hacia prácticas más sostenibles, junto con una mayor participación de la inversión privada.

Las intervenciones coincidieron en la importancia de combinar la movilización de recursos financieros con una mayor coherencia de las políticas públicas, la revisión de los incentivos económicos y el fortalecimiento de las condiciones para la inversión en biodiversidad. Estos esfuerzos son fundamentales para avanzar hacia un financiamiento más alineado con los objetivos de conservación y uso sostenible de la naturaleza, y contribuir al cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal hacia 2030.