Introducción
Este artículo analiza las relaciones de género con recursos naturales claves en América Latina y el Caribe (ALC), como lo son la biodiversidad, el agua, la energía, los alimentos y la minería. Brinda una mirada integral que identifica los principales impactos a nivel económico, social y ambiental, así como las oportunidades de incorporar los enfoques de género en las políticas públicas relacionadas con recursos naturales en la región. Uno de los factores claves que ha generado impactos diferenciados entre hombres y mujeres es el desigual acceso a la propiedad y control de los recursos naturales, lo que crea una brecha de género en la gobernanza de los recursos naturales (entendida como gobernar la propiedad, los modos de apropiación y la distribución de costos y beneficios de los recursos naturales renovables y no renovables, para que el conjunto de la sociedad pueda beneficiarse de su explotación y/o conservación). Además, esto mismo tiene acusadas consecuencias sobre la injusta división del trabajo, donde las mujeres tienen una marcada sobrecarga en las actividades del cuidado (véase el diagrama 1), las cuales se han agravado durante la pandemia por COVID-19.
Diagrama 1
Consecuencias de la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la propiedad sobre los recursos naturales
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los estudios y fuentes citados a lo largo de este boletín
A pesar de este panorama, todavía existen vacíos en las políticas para abordar las relaciones entre los asuntos de género y los recursos naturales. La Agenda 2030 hace énfasis sobre la necesidad de incorporar la transversalidad del género, con 9 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y un total de 29 indicadores que pueden desagregarse por sexo, sin embargo, muchos de ellos todavía no son medibles (Naciones Unidas, 2015). Cabe resaltar que ninguno de estos indicadores con enfoque de género está relacionado con el medio ambiente ni con los recursos naturales. Se debe, por tanto, avanzar en el análisis de la interdependencia entre los recursos naturales (dimensión ambiental), el enfoque de género (dimensión social) y las actividades productivas que desarrollan (dimensión económica) para que enriquezcan la producción de políticas más integrales en el marco de la Agenda 2030.
Por otro lado, la Conferencia Regional de la Mujer para América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (CEPAL, 2017a), cuenta ya con un trabajo continuo de más de 40 años en ALC en materia de género. Desde la primera Conferencia regional sobre la mujer en 1977 en la Habana Cuba, se visibilizó la necesidad de incluir el enfoque de género en el acceso y mejora del abastecimiento del agua en las viviendas; el requerimiento de implementar políticas públicas con la finalidad de ampliar el acceso a la propiedad de la tierra a las mujeres, y con ello, al acceso y gobernanza de los recursos naturales. 43 años después, en la 14ava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en Santiago de Chile en enero de 2020, se plantearon los desafíos de género en el contexto del cambio climático y su estrecha relación con los recursos naturales, resaltando la mayor vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres al experimentar un acceso y gobernanza desigual ante desastres y efectos negativos que se experimentan con mayor frecuencia. De hecho, el Compromiso de Santiago, adoptado por los países de la región en dicha Conferencia contribuye a la transversalización de género en las políticas relativas a la gobernanza de los recursos naturales.
La Agenda Regional de Género busca cerrar las brechas en esta materia, mediante el apoyo a políticas públicas que garanticen la autonomía y los derechos de las mujeres, así como, presentando recomendaciones para abordar las causas de las desigualdades, propuestas de políticas y perspectivas a favor de la igualdad de género, derechos humanos de las mujeres, interseccionalidad e interculturalidad, democracia paritaria y desarrollo sostenible inclusivo (Bárcena y otros, 2017a). Sobre este último punto, la 14ava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de 2016 desarrolló la Estrategia de Montevideo como una herramienta que considera los desafíos de la región, para la implementación integral de la Agenda Regional de Género y la transversalización de la Agenda 2030 (Bárcena y otros, 2017b).
La herramienta desarrollada distingue cuatro nudos estructurales que deben resolverse para lograr los ODS, considerando el contexto de ALC, sus prioridades y desafíos en los temas de género. Respecto a los recursos naturales, cada nudo presenta desafíos importantes en cuanto a dependencia de la región en los recursos naturales a nivel de su estructura productiva y vulnerabilidad al cambio climático; asimismo, identifica patrones culturales patriarcales que son necesarios erradicar para que las mujeres puedan ejercer un gozo efectivo de sus derechos en las diversas esferas, una de ellas la ambiental (véase el diagrama 2).
Diagrama 2
Agenda Regional de Género, nudos estructurales y su vínculo con los recursos naturales
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de A. Bárcena y otros, “Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030”, documento presentado en XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, CEPAL, septiembre, 2017b.
Por tanto, para el logro de la Agenda 2030 en ALC es imprescindible abordar los nudos estructurales que perpetúan las brechas de género y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres a favor de una vida digna. Para lograr lo anterior es fundamental entender la relación entre las dinámicas de género y los recursos naturales, la particular vulnerabilidad de las mujeres ante el cambio climático y su dependencia económica de los recursos naturales, así como la división sexual del trabajo donde los recursos naturales son fundamentales para la provisión de alimento y cuidado, actividades donde las mujeres, por la estructura cultural y patriarcal, tienen un rol protagónico. Por otro lado, las desigualdades de género también se expresan en la gobernanza de los recursos naturales. Esta realidad obliga a incorporar un claro enfoque de género a nivel integral y multisectorial en el acceso y la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente.
A continuación, se exploran las dinámicas de las relaciones diferenciadas de género con los recursos naturales para después ahondar en las consecuencias de la inequidad de género en las esferas económica, social y ambiental, relacionadas con la gestión y gobernanza del agua, energía, agricultura, biodiversidad y minería. Se concluye con un resumen de los mensajes centrales.
Dimensiones de género y recursos naturales en América Latina y el Caribe
Las mujeres y los hombres se relacionan de una manera diferenciada con los recursos naturales y la economía del cuidado, tanto en las actividades no remuneradas en el hogar (por ejemplo, en el manejo del agua, la energía y los alimentos) como en las actividades dentro o fuera del hogar para generar ingresos (por ejemplo, el control de la tierra y la labor agrícola). Lo anterior es producto de la cultura, pero también se asocia a su relación con el territorio, el ambiente y la biodiversidad.
Las desigualdades relacionadas con los roles de género tradicionales significan una marcada desigualdad en el uso del tiempo. A nivel global, las mujeres dedican 2,6 veces más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres (ONU Mujeres, 2018). Mientras que, en ALC, ese mismo promedio es un poco más alto pues las mujeres dedican 2,8 horas por cada hora de trabajo no remunerado que dedican los hombres (CEPAL, 2020). Los datos a nivel global muestran que “las mujeres realizan la mayor parte de las labores domésticas, como cocinar y limpiar” y al mismo tiempo “son las principales cuidadoras de las niñas, los niños y las personas adultas que precisan asistencia” (ONU Mujeres, 2018).
Esta sobrecarga asociada al trabajo de cuidado conlleva a su vez una mayor dependencia de los recursos naturales, así como una mayor vulnerabilidad e impacto ante las dificultades para su acceso y control sobre todo en el campo. Por ejemplo, la imposibilidad de acceder a fuentes de agua cercanas implica una carga mayor de trabajo para mujeres y niñas, que suelen ser las responsables de conseguir este recurso. La imposibilidad de acceder a fuentes de energía limpia para la cocina implica, en muchos lugares, la responsabilidad en el acopio de leña, que al mismo tiempo expone a las mujeres a los impactos negativos del humo para su salud. Además, dado que las mujeres suelen ser quienes se hacen responsables del cuidado de las personas enfermas, adultos mayores y menores en edad preescolar en el hogar, los problemas de salud derivados de la falta de agua o energía limpias significan al mismo tiempo una mayor carga de trabajo.
Por otro lado, pese a cumplir un papel fundamental en el ámbito productivo vinculado a los recursos naturales, especialmente en el trabajo agrícola, persisten marcadas brechas en el acceso al control y gestión de estos recursos, así como en los espacios de participación referidos a los mismos. Por ejemplo, en la región, solo un 20% de las unidades agrícolas cuentan con una mujer como titular (FAO,2017). Esta falta de control sobre la tierra se traduce también en una falta de participación en la gestión del agua, con una escasa representación en los consejos de cuencas o juntas de usuarios de riego.
Todas estas brechas también implican impactos diferenciados por género ante la degradación ambiental o el cambio climático. Por ejemplo, la contaminación de fuentes de agua generada por las actividades extractivas, la reducción de la productividad agrícola o la aparición de nuevos vectores de enfermedades con relación al cambio climático, tienen mayores impactos en las actividades de cuidado realizadas principalmente por las mujeres.
Así, se puede observar la compleja y multidimensional relación de las mujeres con los recursos naturales, que muestra la necesidad de transversalizar el enfoque de género en las políticas relacionadas con la gobernanza de los recursos naturales y del medio ambiente, tal como lo proponen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género.
Dimensión económica: injusta división del trabajo en la gobernanza de los recursos naturales
Las mujeres y los hombres tradicionalmente han hecho un uso diferenciado de los recursos naturales y sus roles de género están asociados a distintos conocimientos y distintas responsabilidades, aunque cada vez hay una mayor participación de mujeres en todos los procesos. Por ejemplo, las mujeres en los bosques hacen un aprovechamiento orientado a los productos no maderables; en las pesquerías suelen estar involucradas en la recolección de algas y moluscos en las playas y en el procesamiento de la captura que realizan los hombres; respecto a las huertas familiares son las guardianas de las semillas y mantienen el intercambio enriqueciendo la variabilidad genética, la diversidad de productos y aumentando con ello la resiliencia ante factores como el cambio climático. También suelen ser las mujeres las que, al estar tradicionalmente a cargo de la alimentación y salud familiar, la completan con productos silvestres de su entorno.
Pese a todo ello, existe una enorme desigualdad en la toma de decisiones sobre los recursos naturales, con un menor número de mujeres en los puestos de toma de decisión en el ámbito público y privado: propiedad de la tierra y derechos de agua, cargos de representación legal y directivos del manejo de bosques, de las pesquerías, de las áreas protegidas, y otros recursos, lo que menoscaba su autonomía y aumenta su marginalidad.
En lo que se refiere al empleo rural en ALC, un poco más de un tercio es femenino (35%), el cual aumentó en comparación a un 33,9% en 2005 (ILOSTAT, 2019). De hecho, ALC es la región del mundo donde la participación de las mujeres en el empleo rural ha aumentado más entre 2005 y 2020. La región andina y algunos países del Caribe se destacan por altas tasas de mujeres en el empleo rural. En Perú y Bolivia (Estado Plurinacional de), las mujeres representan entre el 47% y 45% del empleo rural en 2020. Por el otro lado, en Centroamérica, las tasas de mujeres en el empleo rural no son tan altas; por ejemplo, en México, Honduras, Nicaragua y Guatemala son entre 25% y 30% del empleo rural.
En el empleo rural de la región, la informalidad es una gran fuente de vulnerabilidad. La mayoría de los empleos son sin contrato, con sueldos bajos y/o no-monetarios. Las mujeres representan solamente un 17% de los empleadores, y sin embargo son un 60% de los trabajadores familiares en la región en el ámbito rural (ILOSTAT, 2019). Asimismo, las mujeres en el sector agrícola trabajan, en promedio, más horas no remuneradas que todas las mujeres empleadas, mientras que el número de horas que los hombres dedican al trabajo no remunerado es prácticamente el mismo independientemente del sector económico en el que trabajen (CEPAL, 2016). Las largas horas que las mujeres rurales dedican al trabajo no remunerado limitan su participación en el mercado y, por ende, su capacidad para generar ingresos, lo que en última instancia afecta su calidad de vida (ibid.).
La tierra es el insumo clave para la producción agrícola regional; por motivos históricos y actuales, la división de la tierra según género ha sido y sigue siendo muy desigual. De acuerdo con los estudios sobre la concentración de la tierra ALC es la región del mundo con mayor desigualdad en la distribución en la tierra: el 1% de las fincas utiliza más tierra que el 99% restante (Gómez y Soto Barquero, 2013). Y dentro de esta tremenda desigualdad, las mujeres tienen aún brechas mayores en el acceso a la tierra, que van desde menos del 8% en Guatemala y 12% en El Salvador hasta casi 31% en Perú y 30% en Chile. En la región, solo un 20% de las unidades agrícolas cuenta con una mujer como titular, sin embargo, su participación en el trabajo de la tierra es relevante (véase el gráfico 1). En América Central, esta cifra baja a un 15%, y en El Caribe y América del Sur sube a un 23%, según los datos de los últimos censos disponibles (FAO,2017). La tendencia de esta cifra va al alza en algunos países de la región: entre 2006 y 2017, el número de unidades agrícolas con una mujer como titular saltó de 660.000 (13%) a 950.000 (19%) en Brasil.
Gráfico 1
Mujeres que trabajan la tierra respecto al total, en América Latina y el Caribe
Fuente: CEPAL, sobre la base de FAO, seguimiento de los ODS. Link: http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/es/
Además, la propiedad de las mujeres sobre la tierra es en general de parcelas más pequeñas, de peor calidad y en condiciones de tenencia más inseguras (Guereña,2016). En términos de área de tierras agrícolas, la participación de mujeres es aún menor. En Brasil, por ejemplo, el área de dichas unidades suma solamente un 9% del área total agrícola en el país (Brasil, Censo Agropecuario del 2017).
Cabe señalar, que, en muchos casos, legalmente hay igualdad jurídica para la tenencia de la tierra, pero no se aplica por prácticas tradiciones y religiosas (PNUMA y UICN, 2018). Las desigualdades son multifacéticas y se agudizan de forma interseccional en un círculo perverso, como ser mujer, indígena y pobre, entre otras dimensiones.
Esta desigual participación en la propiedad lleva a una desigual representación tanto en las juntas directivas y entidades representativas de las organizaciones campesinas, como en las organizaciones y juntas de usuarios de agua para riego. En Perú, por ejemplo, en el año 2013 solo el 4,23% del total de los directivos en las juntas de usuarios de riego fueron mujeres (CNDDHH-Pacto de Unidad 2015, citado en Silva, 2018). En Costa Rica, pese a ser uno de los países de la región más avanzados en integrar aspectos de género en sus políticas públicas de biodiversidad, en el ámbito de las estructuras de gobernanza locales persiste una alta brecha en la representación de las mujeres. En los consejos locales de agua, las mujeres son cerca del 30% y en los consejos locales forestales ni siquiera están representadas (Muñoz, 2019). Otro estudio de UNESCO-IHP (2016) en América Central indica que la gestión del agua, tanto superficial como subterránea, se realiza a través de asociaciones de usuarios, juntas de agua o comités de agua en todos los municipios analizados. Se ha contabilizado que alrededor de 1.120 personas están dirigiendo la gobernanza local del agua y solamente 27% son mujeres.
El acceso a otros insumos claves, como la tecnología y el financiamiento, ha demostrado tener una distribución desigual en otros sectores y la agricultura no es una excepción. Las mujeres rurales jefas de hogar no muestran una brecha negativa ni en edad ni en escolaridad con sus contrapartes masculinas que sí tienen acceso (CEPAL y FAO, 2020; Srinivasan y Rodríguez, 2016). Se esperaría que, al igualar el acceso tanto a la tecnología como al financiamiento, se apreciaría una mejora en la productividad total de las zonas rurales y se avanzaría hacia el cumplimiento de la Agenda 2030.
Según el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO (2019), “si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos productivos, incluida la tierra y el agua, podrían aumentar los rendimientos de sus fincas entre 20 y 30%, elevando la producción agrícola total de estos países de 2,5 a 4%. Esto podría reducir la hambruna en el mundo entre 12 y 17%” (WWAP, 2019).
También es relevante mencionar la participación de la mujer en otro sector estrechamente vinculado a los recursos naturales y a la dimensión económica: el sector extractivo. La minería, es uno de los pilares económicos y de generación de renta y divisas en la región andina. Sin embargo, los empleos directos que genera se encuentran altamente masculinizados. La participación femenina laboral en la minería de los países andinos está muy por debajo de otros países mineros. Cabe destacar que en varios países de la subregión esta tendencia se revierte en la minería artesanal y de pequeña y mediana escala, como en el caso de Colombia, donde la participación femenina llega al 70% (Benavides, Vinasco y Albornoz, 2020).
Gráfico 2
Participación de las mujeres en la fuerza laboral minera en países seleccionados
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. Bolivia: datos de CEPALSTAT para 2011; Chile: datos de SERNAGEOMIN, 2019; Colombia: datos de la encuesta de sostenibilidad de la ACM, 2019; Ecuador: datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Manufactura y Minería, 2015; Perú: datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petroleo y Energía, 2018; Canadá: datos de Statistics Canada, Table 282-0008 11; Australia: Australian Bureau of Statistics.
La incorporación de las nuevas tecnologías como la digitalización y la automatización en la minería está generando cambios en las necesidades y habilidades de la fuerza de trabajo, superando muchas de las barreras que segregan por género en el sector, vinculadas con la fuerza física. Sin embargo, estos nuevos puestos de trabajo están fuertemente relacionados con las disciplinas de ciencias básicas, tecnología, ingeniería y matemáticas, en donde las mujeres se encuentran subrepresentadas.
En el caso de las empresas mineras, según el informe de RMF (2020), existen pocas iniciativas para abordar la cuestión de género en las comunidades donde están presentes, dentro de sus órganos de gobernanza, dirección y fuerza laboral. El informe revela que las empresas son todavía deficientes en la protección frente al acoso y la violencia de género y que el tema no es aún abordado de forma sistemática en el sector.
Respecto a la institucionalidad de género, todos los países andinos han suscrito los marcos normativos internacionales y nacionales de igualdad de género, desarrollando múltiples Planes Nacionales con perspectiva de género y creado oficinas, comités o unidades de género dentro de los Ministerios de Energía y Minas; destaca especialmente el caso de Colombia que lanzó los “Lineamientos de género para el sector minero energético” (Benavides, Vinasco y Albornoz, 2020), centrados en: vinculación de mujeres en empleos directos, cargos de dirección y gestión, participación comunitaria y la cadena de valor; promoción de la cultura de equidad de género; fomento de la articulación interinstitucional; y prevención de violencias contra las mujeres. El desafío es ampliar las políticas mineras para incluir la perspectiva de igualdad de género en el sector minero de la región, operacionalizarlas e implementarlas. A pesar de los avances mencionados, aún queda un largo camino que recorrer.
Otro ámbito por considerar es el de la transición energética, una tendencia clave para las economías del Siglo XXI y que ha sido identificada por la CEPAL como el primero de siete sistemas sectoriales dinamizadores y vectores de arrastre en la reconstrucción de la economía regional con igualdad y sostenibilidad post-pandemia (Bárcena, 2020). Esta es una gran oportunidad para transitar a un sistema de energía renovable, distribuida y baja en carbono con enormes beneficios ambientales y sociales, incluyendo la generación de empleo (Pistonesi, Bravo y Contreras, 2019), aunque aún persisten numerosos retos referidos a la perspectiva de género y la inclusión activa de las mujeres. Según afirman la OIT y el BID (2020), más del 80% de los empleos creados en los programas de descarbonización se darán en sectores dominados por hombres, las mujeres no se beneficiarán de la creación de empleo a menos que se aborde la actual segregación por ocupación.
Un estudio de IRENA (2019) consultó a mujeres, hombres y organizaciones del sector de las energías renovables de 140 países (casi 1500 encuestas) y concluyó que la participación de las mujeres en la fuerza laboral del sector fue de 45% en administración, 35% en la técnica y solo 28% en puestos profesionales de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. En promedio 32%; algo por encima del 22% de la industria petrolera y gasífera, pero que sigue siendo una baja proporción.
El sector de energía enfrenta grandes desafíos, y debiera aprovechar la dinámica y fuerza del proceso de transición energética para romper con los nudos estructurales. Un pacto social del sector que asuma el combate a la pobreza energética, así como proporcionando oportunidades de estudio (formación profesional) y mayor participación e incorporación de las mujeres en estos sectores.
Dimensión social: los impactos de la inequidad y desigualdad de género en el acceso y gestión de los recursos naturales
Como ya se ha mencionado, cultural y tradicionalmente a las mujeres se les ha asignado un rol de cuidado, el mismo que se relaciona estrechamente con el manejo del agua, los alimentos y la energía en los hogares.
En ALC, el 65% de la población tiene acceso a agua segura (ubicada en la vivienda, disponible cuando se requiere y libre de contaminación), el 31% accede por lo menos a un servicio básico (una fuente mejorada accesible a 30 minutos de camino) y el 4% accede a servicios limitados (lejanos, a más de 30 minutos), no mejoradas (que no están libres de contaminación) o aguas superficiales (OMS y UNICEF, 2017). Sin embargo, el cierre de brechas de acceso se ha dado principalmente en el contexto urbano, mientras que las fuentes de agua limpia y el saneamiento mejorado son de difícil acceso en las áreas rurales y periurbanas. En ámbitos rurales, el acceso a agua corriente en el hogar ha pasado de 37% a 68% en ALC, mientras que en el área urbana pasó de 88% a 94% entre 1990 y 2015 (OMS y UNICEF, 2017).
El agua es indispensable para sostener la vida y está relacionada con las tareas domésticas, ya sea la cocina, la limpieza del hogar o el lavado de ropa, entre otros, labores que se encuentran subvaloradas (trabajo no remunerado) y que en contextos de pobreza y vulnerabilidad social afectan la vida y las decisiones sobre el uso del tiempo de las mujeres, niñas y niños, quienes son los encargados principales de obtener este recurso para las tareas de cuidado (Ayala, Bogado y Cañiza, 2020). Si no hay agua en la vivienda, la carga para conseguir el recurso se distribuye de manera desigual: 72% mujeres (64% adultas y 8% niñas) y 28% hombres (24% adultos y 4% niños) (BID, 2016). En este contexto, en ALC las responsabilidades de recolección de agua tienen patrones de género diversos. Por ejemplo, en Paraguay, el 68,7% de las mujeres en las zonas urbanas se encargan de recoger el agua, 54,2% en El Salvador y el 53,7% en Panamá (Borja- Vega y Grabinsky, 2009).
En el ámbito de la energía, por otra parte, estas desigualdades tienen que ver con las responsabilidades en la adquisición y administración de la energía para el hogar (leña, biomasa), tarea que puede exigir gran cantidad de tiempo y riesgo de la seguridad física, especialmente en los hogares que no tienen conexión a la electricidad. Así mismo, el uso de fuentes de energía como la leña y biomasa están asociadas a problemas de salud por causa de la contaminación intradomiciliaria. Todo esto deja en evidencia el estado de “pobreza energética” (PNUD, 2018) (nivel de acceso a energía: temperatura mínima y máxima, iluminación, etc.) en el que se encuentran muchas mujeres jefas de hogar de la región.
En cuanto a la alimentación, en la mayor parte de los hogares de la región son las mujeres las encargadas tanto del abastecimiento de insumos como de la preparación, carga que implica un uso del tiempo claramente diferenciado.
Por otro lado, en el ámbito del consumo de alimentos, también existen brechas en los resultados del sistema alimentario. En ALC, las mujeres sufren de las consecuencias de una oferta de alimentos cuya calidad nutricional depende en gran medida de su precio. En la región, no hay un país que tenga actualmente una tasa de obesidad para mujeres igual o menor a sus pares masculinos. De hecho, la brecha de la obesidad se acerca a 9 puntos porcentuales en la región. En América Central, la tasa de obesidad de las mujeres es de un 31%, versus un 22% para los hombres; y en El Caribe la brecha es más amplia aun (31% versus 19%) (OMS, 2020).
Dimensión ambiental: impactos y políticas ambientales diferenciados por género
La degradación y crisis ambiental dada principalmente por la pérdida de biodiversidad, por la deforestación y por la sobreexplotación de los recursos, sumados al cambio climático y a la contaminación, son los principales factores que amenazan el desarrollo humano y el cumplimiento de los ODS, tanto en el mundo como en la región. Además, estos riesgos también se articulan con las desigualdades de género.
Como se ha mencionado, las mujeres se encuentran en una situación estructuralmente distinta a la de los hombres en diversos aspectos relacionados a los recursos naturales. Así, factores como género, etnicidad, pobreza, marginalidad y ruralidad se interceptan con la vulnerabilidad ambiental y climática que están fuertemente relacionadas entre sí. Existe evidencia empírica que refuerza lo expresado por el Panel de Expertos y expertas sobre Cambio Climático (IPCC), que desde el año 2001 reconoció el impacto diferenciado del cambio climático sobre las mujeres (Casas, 2017), reforzado en la COP20 de Lima en el año 2014, reafirmado en el 2015 mediante el Acuerdo de París y la Agenda 2030 y en la Cumbre de Nueva York en 2019.
Entre las consecuencias previsibles del cambio climático en la región se encuentra una menor disponibilidad de agua, una reducción de la productividad agrícola, un incremento de los vectores de plagas y enfermedades, una reducción de la productividad marina, así como la profundización de los procesos de desertificación y sabanización. Todos estos elementos tienen y tendrán impactos diferenciados por género, en un contexto regional en el que -como ha sido descrito- el acceso al agua o a la tierra y otros factores productivos es desigual, así como las responsabilidades en la provisión de recursos vitales para las actividades del cuidado.
Así mismo, los impactos de la contaminación por actividades antrópicas también son desiguales. Por ejemplo, los impactos de la minería se diferencian por género principalmente debido a los diversos roles que desempeñan mujeres y hombres, que conlleva a desigualdades en el acceso y control de los recursos, y en el ejercicio de los derechos y responsabilidades. En consecuencia, las capacidades de las mujeres para aprovechar las oportunidades que ofrecen los proyectos mineros y para hacer frente a sus riesgos varían. Los impactos negativos de la minería sobre el medio ambiente también socavan las capacidades de las mujeres para proporcionar alimentos y agua potable a su familia, pudiendo aumentar su carga de trabajo. Pese a ello, las políticas y prácticas actuales del sector minero no consideran suficientemente estas diferencias de género (IFC, 2018; Hill, Madden y Expeleta, 2016; Oxfam Internacional, 2017).
Por otro lado, las desigualdades en el acceso y control de recursos también tienen implicancias importantes, pero muchas veces invisibles, en relación con los programas y proyectos asociados a la conservación de la biodiversidad. Así, por ejemplo, incluso iniciativas de conservación que tratan de beneficiar a comunidades locales o indígenas, tales como la restauración o el pago por servicios ambientales por mantener bosques que aseguren la captura de agua, no benefician directamente a las mujeres, sino a los hombres mayoritariamente propietarios legales de la tierra, incrementando la brecha de desigualdad entre géneros.
Aunque en primera instancia este ha sido casi un problema que no se ha considerado en la implementación de algunos proyectos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de mitigación y adaptación al cambio climático, el enfoque de género desde el inicio -que equilibre las brechas actuales- se está transversalizando paulatinamente en las políticas y programas medioambientales. Es indispensable avanzar con urgencia, concreción y presupuesto para no banalizar el problema dentro de las distintas políticas y sectores y atender esta desigualdad.
En 2008, las partes del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) adoptaron una Plan de Acción de Género, convirtiéndose en el primero en un tratado multilateral ambiental (UNEP y UICN, 2018). Una revisión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y del secretariado del CDB de las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y sus Planes de Acción (ENBPA) se encontró que el 27% considera a las mujeres como actores relevantes, sin embargo, son frecuentemente tratadas como un grupo vulnerable (17%), en lugar de ser reconocidas como agentes de cambio en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Paraguay es el país que más menciona la palabra “mujeres” en su ENBPA, República Dominicana en su primera Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) (2011) resalta que las mujeres son líderes de las brigadas de reforestación y El Salvador también en su primera ENB (2003) hacía notar que el trabajo de las mujeres en zonas urbanas para la sanitización, reciclaje y manejo del agua comúnmente es no remunerado (UICN, 2017). Se debe señalar que en las ENB hay una ausencia general en tratar el tema del acceso equitativo a los recursos naturales que frene las desigualdades actuales y por lo tanto no se le dará seguimiento a este aspecto que es estructural en la mantención de las desigualdades, pero que sí ha sido abordado en las metas de la Agenda 2030.
A pesar de los tratados internacionales sobre igualdad de género, el progreso en el sector ambiental sigue siendo pobre en cuanto a que el liderazgo y la toma de decisiones sigue siendo predominantemente masculino: 6 de los 9 procesos de toma de decisiones analizados en el sector tienen menos de un tercio de mujeres representadas (UICN, 2015 en PNUMA e UICN, 2018).
Los tratados internacionales y sus sinergias son una oportunidad que la región podría aprovechar para potenciar el avance en la reducción de las brechas, ya que diferentes estrategias deben aplicarse en un mismo territorio y varias de las brechas de desigualdad de género son transversales a las distintas temáticas. En 2019 la CEPAL apoyó la innovadora iniciativa para ALC denominada Biodiversidad, género y cambio climático en la que participaron personas de nueve países, especialmente de la academia y organizaciones de la sociedad civil, y de instituciones de gobierno. El trabajo incluyó el intercambio de experiencias, buscar información integradora e iniciar el desarrollo de un marco conceptual integrador. Si bien, los sectores de ambiente y de género son relativamente nuevos y su interrelación es más bien un tema emergente, lo mismo con cambio climático, cada vez será más progresivo y se profundizará en las diferentes dimensiones y nudos estructurales de las brechas de desigualdad y su integración también es una oportunidad para avanzar en varios ODS de forma simultánea y sinérgica.
Conclusiones
- Existe una relación compleja y multidimensional entre la equidad de género y las políticas referidas a los recursos naturales. La relación incluye el trabajo de cuidado, que recae de manera desproporcionada en las mujeres; el ámbito productivo, en el que se evidencian desigualdades importantes en el acceso, control y gestión de los recursos naturales; y en la existencia de vulnerabilidades diferenciadas ante los efectos del cambio climático y los impactos ambientales de la actividad humana.
- Existen desigualdades estructurales que colocan a las mujeres en una situación de clara desventaja en lo económico y social. Marcadas desigualdades en la propiedad y el acceso a recursos claves como la tierra y el agua, desigualdades a nivel de la calidad de empleo, de participación en los espacios de toma de decisión, así como desigualdades en la economía del tiempo. Esto último se ve agravado en el contexto actual de pandemia por COVID-19.
- Las inequidades se traducen en un patrón de crecimiento económico excluyente, pues las mujeres no se encuentran en las mismas condiciones que los hombres para aprovechar las oportunidades generadas con el crecimiento económico. Esto se hace evidente en sectores como el extractivo, cuyos beneficios se enfocan principalmente en los hombres, debido a un empleo altamente masculinizado. En este sentido, se debe incluir el enfoque de género en las políticas de generación de empleos para disminuir la brecha y no reproducirla en los nuevos esquemas de cambio de matriz energética de fósiles a una renovable, donde el aspecto de género quede invisibilizado por la mejor condición ambiental alcanzada. Al mismo tiempo, los impactos de estas actividades, vinculados por ejemplo a la contaminación de fuentes de agua, afectan de manera diferenciada a las mujeres que están mayormente a cargo del trabajo de cuidado.
- Especial atención merece el control y propiedad de la tierra, que permite que los beneficios económicos de la venta de terrenos no sean distribuidos equitativamente, que las mujeres estén en condiciones no seguras en la propiedad de los terrenos y tengan acceso a los predios generalmente más pequeños y de peor calidad. Esta meta está en dos ODS distintos de la Agenda 2030.
- Se espera que los impactos del cambio climático potencien las graves consecuencias de la crisis ambiental y afecten de manera diferenciada a hombres y mujeres, en la medida en que aspectos como la disminución de la disponibilidad de agua, la pérdida de productividad agrícola o la aparición de nuevos vectores de enfermedad se vinculan de manera especial con el trabajo de cuidado realizado por las mujeres.
- Lo anterior está vinculado y potenciado por los patrones culturales y roles de género tradicionales altamente inequitativos, y con una división sexual del trabajo que asigna un mayor uso del tiempo de las mujeres para trabajo doméstico no remunerado, el mismo que depende en una gran medida del acceso y provisión de recursos naturales, como el agua o la energía. La falta de acceso a recursos como agua y electricidad incrementan el uso de tiempo para las labores domésticas, sobre todo para mujeres y niñas, y las exponen a una mayor vulnerabilidad.
- La exclusión de las mujeres en los espacios de gobernanza también es notoria, a nivel local, regional y nacional, en los espacios de participación referidos a recursos tales como el agua, los mares, la tierra o los bosques. Esto provoca situaciones de exclusión en la toma de decisiones fundamentalmente que deben ser abordadas en las políticas de desarrollo de estos sectores. Por ello, se debe integrar la perspectiva de género en el diseño y monitoreo de medidas para una mejor gobernanza de los recursos naturales, especialmente durante la pandemia; así como invertir en el liderazgo de las mujeres y apoyar sus redes formales e informales.
- Es necesario trabajar desde las interrelaciones existentes entre los diversos ODS, que existe una imperiosa necesidad de un abordaje integral y multidimensional, lo que implica la transversalización del enfoque de género en todas las políticas públicas relacionadas con la gestión de los recursos naturales.
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