Primera Conferencia Regional Científica para el Cambio Climático de América Latina y el Caribe

Palabras de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en la inauguración de la Primera Conferencia Regional Científica para el Cambio Climático de América Latina y el Caribe

12 y 13 de marzo, 2020

Santiago, Chile

Andrés Couve, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación,

Thelma Krugg, Vice-Chair del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),

Eve Crowley, Representante Regional Adjunta de la FAO para América Latina y el Caribe y Representante de la FAO en Chile,

Francisca Cortés, Presidenta Ejecutiva de Filantropía Cortés Solari (FCS),

Representantes de gobierno,

Representantes diplomáticos, de la academia y la sociedad civil,

Señoras y señores invitados,

Amigas y amigos,

Primero que todo, permítanme agradecer la invitación a participar en la inauguración de esta Primera Conferencia Regional Científica para el Cambio Climático.

La ciencia nos ha ayudado a comprender las causas y los impactos del cambio climático; también la ciencia debe de estar detrás de las acciones que tomemos para enfrentarlo. Actualmente, las emisiones superan las 50 gigatoneladas de CO2eq por año, lo cual nos ha llevado a niveles de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera posiblemente sin precedentes en los últimos tres millones de años, 413 partes por millón.

Ya se observan los cambios en el sistema climático: un aumento del promedio global de temperatura de alrededor de 1°C desde la era preindustrial; el nivel medio del mar ha aumentado 178 mm en los últimos cien años y la tendencia a aumentar se ha acelerado; el hielo marino del Ártico está disminuyendo ahora a un ritmo del 13% por década, en relación con el promedio de 1981 a 2010, y las capas de hielo han pierden 428 gigatoneladas al año.

Esto, por supuesto, supone un gran riesgo para el planeta y es un reflejo más de la necesidad de transitar hacia un nuevo estilo de desarrollo más sostenible. A lo largo del siglo XX, los procesos biofísicos que mantenían la estabilidad de los sistemas planetarios se degradaron progresivamente y los impactos de esta degradación han sido locales, regionales y, finalmente, globales, alcanzando una magnitud que ha alterado las condiciones del Holoceno y definido un nuevo período geológico, el Antropoceno, caracterizado por la acción humana como principal fuerza motriz de los cambios en la biósfera. Estos cambios tienden, en algunos casos, a sobrepasar los umbrales planetarios seguros para las actividades humanas. En el proceso de degradación ambiental se destaca la reducción de la biodiversidad genética, la deforestación y la degradación de los suelos, la alteración de los ciclos biogeoquímicos de nutrientes y el cambio climático, entre los procesos para los que se cuenta con mayor evidencia. Todos ellos están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Superar los umbrales tendrá consecuencias imprevisibles para la humanidad tal y como hoy la conocemos.

En este contexto, las Naciones Unidas y la CEPAL han reiterado la importancia y urgencia de transitar hacia un nuevo paradigma del desarrollo que permita preservar para las generaciones futuras los acervos económicos, sociales y ambientales.

Nuestro objetivo común es limitar el aumento de temperatura a 1.5°C con respecto a la era preindustrial. Los informes del IPCC nos han alertado sobre los riesgos existentes si superamos esta barrera. Sin embargo, vemos un crecimiento de las emisiones globales. Vemos,  además, que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por los países en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs, por su sigla en inglés) no son suficientes para evitar que el aumento de la temperatura supere los 1.5°C; y cuanto más débil es la mitigación global, más demandante es la adaptación local.

Vemos que hay una asimetría entre emisiones y vulnerabilidad. Las emisiones totales de América Latina y el Caribe representan solo el 8,5% de las emisiones globales, pero al mismo tiempo la región es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático debido a sus características geográficas, climáticas, socioeconómicas y demográficas.

Y esa asimetría se ve también al interior de los países. A nivel nacional hay también una condición asimétrica que, combinada con la del punto anterior, resulta en una doble inequidad. Los pobres son generalmente más vulnerables a los impactos negativos del cambio climático, al tiempo que su contribución a las emisiones de GEI dentro del país es menor que la de los grupos con mayores ingresos. Esto es resultado de patrones de consumo segmentados y muy diferenciados en materia de consumo de combustibles fósiles.

Limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 2°C involucra pasar de las actuales 7 toneladas per cápita globales (América Latina y el Caribe emite 6.7 toneladas) a menos de 5 toneladas per cápita a 2030 y a menos de 3 toneladas si buscamos limitar el aumento a 1.5°C. Esto impone un enorme reto, que involucra cambios importantes.

Este reto también marca un camino alternativo: apostar a fondo por las energías renovables, apoyar la movilidad limpia, hoy en la forma de electromovilidad, detener la deforestación, fomentar acciones de reforestación y aforestación, promover las soluciones basadas en la naturaleza, promover nuevos patrones de consumo y de producción, implementar acciones de eficiencia energética, racionar o eliminar, los subsidios a los combustibles fósiles, etc. Es decir, alinear las políticas públicas para que la inversión se haga con base en las mejores tecnologías disponibles para adaptarnos y mitigar el cambio climático.

Este patrón de emisiones de la región presenta características particulares pues, mientras que a nivel mundial más del 70% de las emisiones provienen del sector energético, en nuestra región este sector participa con el 45%, alrededor del 24% proviene de la agricultura y la ganadería, y el cambio en el uso del suelo produce el 20% de las emisiones regionales. Este nivel tan alto es el resultado del acelerado proceso de deforestación: entre 1990 y 2016 América Latina y el Caribe perdió 59 millones de hectáreas de cobertura forestal, equivalente al 6% de sus bosques.

Esto significa que existe un importante potencial de mitigación y de adaptación en la región a través de la lucha contra la deforestación y en favor de la reforestación, es decir: Soluciones basadas en la naturaleza (SBN). Se estima que las SBN tienen el potencial de proveer con el 30% de la reducción global de emisiones necesarias para limitar el aumento de temperatura en 2°C a 2030. Para la región se ha estimado que la implementación de medidas de cero desforestación y de restauración y reforestación a gran escala, y de medidas de gestión de nutrientes en tierras de cultivo y de disminución de metano del ganado, podría contribuir con una captura de 1.1 GtCO2eq al año para 2050.

Por otro lado, la región cuenta con un importante potencial para la generación de energías renovables de fuentes no convencionales, tales como solar o eólica. Una mayor penetración de estas energías permitirá sustituir la importación de combustibles fósiles, mejorando la posición de la balanza de pagos, aumentar la producción interna de energía, mejorando la seguridad energética y reducir la producción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes asociados a los combustibles fósiles, redundado en efectos positivos para el planeta y para la salud humana.

Los insumos de la cadena de producción de renovables podrían hacerse en los propios países de la región, con sus efectos positivos sobre la inversión y el empleo.

Asimismo, una mayor producción de energía eléctrica de fuentes renovables permitirá la gradual sustitución de medios de transporte impulsados por derivados del petróleo a vehículos eléctricos. La introducción de un sistema de transporte público basado en vehículos eléctricos tendrá un efecto positivo sobre la salud de la población, reduciendo el flujo de contaminantes locales, como el material particulado, así como los niveles de contaminación sonora. Asimismo, servirá como sustituto al uso del transporte privado - modificando los actuales patrones de consumo-, lo cual tendrá efectos positivos al reducir la congestión y la probabilidad de ocurrencia de accidentes viales en las ciudades. Pero también puede cambiar los patrones de producción, si los vehículos y sus partes son producidos en los países de América Latina y el Caribe.  De este modo se captan las ventajas tanto de un mejor patrón de consumo como de un mejor patrón de producción.

Amigas y amigos,

La búsqueda de una senda de crecimiento y desarrollo bajo en carbono es fundamental para todas las economías del mundo. La CEPAL ve este cambio de paradigma, de uno intensivo en carbono a uno con mayor sostenibilidad, como una oportunidad de generar inversión y crecimiento y gatillar la innovación a partir de las características de la región en un marco de igualdad. Dentro de este nuevo paradigma, la energía renovable, la electro-movilidad y la restauración de los ecosistemas y los servicios que prestan, son clave para la estrategia de un Gran Impulso para la Sostenibilidad en la región. 

Otro elemento del Gran Impulso es la inversión en adaptación. Ante los aumentos de temperatura previstos, es necesario preparar y ejecutar Planes Nacionales de Adaptación (NAPs) a las nuevas condiciones climáticas al tiempo que se mejoran las acciones de mitigación en el marco del régimen internacional.

La buena noticia es que la adaptación ofrece en sí misma una oportunidad no solo para reducir los impactos negativos futuros del cambio climático, sino que también es una vía para reducir las brechas del desarrollo y dinamizar nuestras economías. En efecto, el más reciente informe de la Comisión Global de Adaptación (septiembre de 2019), liderada por Ban Ki-moon, señala que la tasa total de retorno de las inversiones en adaptación es muy alta, con una relación costo-beneficio que varía de 2: 1 a 10: 1 (varía del doble a diez veces por unidad invertida) y, en algunos casos, incluso mayor.

Las soluciones basadas en la naturaleza tienen la capacidad de adaptar y mitigar. Los bosques no solo desempeñan un papel crucial en la regulación climática mediante la captura y almacenamiento de carbono, también proveen otros servicios ecosistémicos como la producción de agua y la regulación del ciclo de este vital recurso. Una parte importante de la agricultura, la generación de energía y el suministro de agua potable dependen de los bosques.

Además, es una acción de adaptación y de aumento de resiliencia climática. Algunos bosques, como los manglares, reducen los impactos negativos de los eventos extremos en las costas, como huracanes y tormentas tropicales. Su conservación es una de las herramientas de la estrategia de adaptación basada en ecosistemas. Este doble papel de los bosques en la mitigación y adaptación al cambio climático debe tener expresión en las políticas públicas climáticas. Su conservación y uso sostenible no solo genera reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que aumenta el espacio ambiental para el crecimiento económico y el empleo sostenibles.

El trabajo de la Comisión Global de Adaptación encontró que invertir $ 1.8 trillones de dólares a nivel mundial en cinco áreas, entre ellas la protección de manglares, desde 2020 hasta 2030, podría generar $ 7.1 trillones en beneficios netos totales. Las áreas con gran potencial de obtener altos retornos de las inversiones en adaptación son los sistemas de alerta temprana, la infraestructura resiliente al clima, la producción mejorada de cultivos agrícolas en tierras secas, la protección global de los manglares y las inversiones para hacer que los recursos hídricos sean más resilientes.

Las inversiones en adaptación tienen un triple dividendo: El primer dividendo son las pérdidas evitadas, es decir, la capacidad de la inversión para reducir pérdidas futuras.  El segundo son los beneficios económicos de reducir el riesgo, que son aumentar la productividad e impulsar la innovación a través de la adaptación. El tercero son los beneficios sociales y ambientales.

La inversión que ayuda la adaptación puede tener efectos positivos sobre el desarrollo y también inversiones que tienen efecto sobre la mitigación.  Toda inversión que apunte a la restauración del patrimonio natural y de los servicios ecosistémicos tendrá beneficios en ambos frentes, adaptación y mitigación.  Y también, las inversiones dirigidas al bienestar social y a la provisión de servicios públicos de calidad generan empleos y tienen impactos positivos en materia de mitigación.

Para América Latina y el Caribe son altos los beneficios sociales las inversiones y políticas para la restauración de ecosistemas, para el mejoramiento de la movilidad urbana, para un mejor ordenamiento del territorio y la planificación urbana. Todas estas opciones generan mejores condiciones de vida para la población. Las políticas e inversiones para mejorar la movilidad urbana no solo contribuyen a reducir las emisiones de GEI sino que al mismo tiempo reducen los impactos negativos en la salud de los más vulnerables que ocasiona la contaminación del aire; generan empleo, reduce los tiempos de viaje y la accidentalidad, son inclusivos desde el punto de vista del género y de los adultos mayores. Otro ejemplo es la inversión en el adecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos en las ciudades, que tiene no sólo ventajas de reducir emisiones de metano, sino de inclusión social, de prevención de enfermedades y potencial de empleo con el aprovechamiento de los materiales.

El reto es considerable y se requiere de políticas e intervenciones planificadas, coherentes, y acordes a los objetivos de desarrollo. Es importante lograr una visión holística de la problemática aprovechando las capacidades desarrolladas históricamente para lograr otros objetivos (como la reducción del riesgo de desastres, el aumento en el acceso a la energía, acceso al agua, y la reducción de la pobreza), conectando las acciones de desarrollo y las acciones de mitigación y adaptación, y promoviendo un ordenamiento ambiental y planificado del uso del territorio.

Para esto, la evidencia científica es clave para fundamentar las decisiones de política, conocer los impactos potenciales y también las ventajas y desventajas de las distintas alternativas para adaptarnos y mitigar. Los gobiernos y las instituciones, por su parte, cumplen un rol clave para facilitar la planificación e implementación. Es importante entender la interrelación entre desarrollo y las políticas climáticas para así identificar aquellas medidas que permitan mejorar los procesos de desarrollo que al mismo tiempo logran aumentar la resiliencia y el bienestar de las comunidades.

Amigas y amigos,

América Latina y el Caribe cuenta con características para realizar una transición hacia una economía baja en carbono. Materializar este cambio requiere, sin embargo, un marco habilitante, tanto a nivel local y nacional, como internacional. La ciencia ha hablado, es momento de actuar.

Muchas gracias.