Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la inauguración de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe
Martes 25 de octubre de 2017
Montevideo
Canciller Rodolfo Nin Novoa, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.
Marina Arismendi, Ministra de Desarrollo Social del Uruguay,
Danilo Astori, Ministro de Economía y Finanzas del Uruguay,
Ernesto Murro, Ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay,
Guillermo Moncecchi, Ministro Interino de Industria, Energía y Minería del Uruguay,
Álvaro García, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay.
Edith Moraes, Ministra Interina de Educación y Cultura del Uruguay,
Cristina Lustemberg, Viceministra de Salud Pública del Uruguay,
Jessica Faieta, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Lidia Brito, Directora de la Oficina Regional de Ciencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para América Latina y el Caribe.
Señoras Ministras, señores Ministros, representantes de los Estados miembros de la CEPAL,
Señoras y señores representantes de los organismos del sistema de las Naciones Unidas,
Distinguidas y distinguidos panelistas, invitados e invitadas,
Señoras y señores delegados de las organizaciones internacionales con representación en el Uruguay,
Autoridades nacionales,
Representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil presentes,
Queridas y queridos colegas de la División de Desarrollo Social de la CEPAL,
Amigas y amigos,
Quiero comenzar estas palabras agradeciendo al Presidente Tabaré Vázquez y a Marina Arismendi, Ministra de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay, por el esfuerzo que su país ha desplegado para acoger esta Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.
No puedo más que agradecer la hospitalidad brindada por esta patria noble, que ya nos recibió en octubre pasado con ocasión de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y que hoy nos vuelve a acoger para celebrar esta importante Reunión.
Agradezco también al PNUD, que ha organizado el IX Foro Ministerial para el Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Nos motiva que estos eventos tengan lugar en un país que se destaca en la región por su precoz compromiso con el desarrollo social y por sus esfuerzos en avanzar hacia la construcción de una sociedad más igualitaria.
En esta nación resonaban hace más de un siglo las palabras del presidente José Batlle y Ordoñez: "Es necesario que los pobres vivan mejor, que sean felices, que no tengan para ellos solamente la tarea, en tanto para los demás queda el bienestar, es eso lo que deben hacer los gobiernos".
Señor Presidente, los esfuerzos de su país por avanzar hacia una sociedad más igualitaria los conocemos no solo a través de los datos, sino también a partir de la experiencia cotidiana de trabajo estrecho con sus instituciones. Con su Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, con el que compartimos la visión de que la búsqueda de una sociedad más igualitaria va mucho más allá de las políticas de lucha contra la pobreza: consiste en la construcción de un sistema que garantice mayores niveles de bienestar para toda la población, con una visión igualitaria e inclusiva.
A los pueblos de nuestra región —los jóvenes, los niños y las niñas, las mujeres, los pueblos indígenas y las personas mayores— les corresponde un papel fundamental, pues son los encargados de exigir un futuro donde la igualdad y la sostenibilidad estén en el centro del desarrollo.
Todo ello es un gran augurio para nuestra Conferencia, un órgano subsidiario de la CEPAL que en este momento reúne a las altas autoridades de desarrollo social de América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias, analizar y debatir sobre los desafíos que debemos enfrentar para erradicar la pobreza en nuestra región en todas sus formas, avanzar sustantivamente en la reducción de la desigualdad social y construir sistemas integrados de protección social con vocación universal. Una instancia de intercambio, de aprendizaje y de construcción conjunta, basada en el enfoque de derechos y en los principios de la cooperación internacional.
Amigas y amigos, los desafíos relacionados con la superación de la pobreza y de la desigualdad, la vulnerabilidad social, la conculcación de derechos, la transición demográfica y los procesos migratorios, así como el reto de alcanzar un desarrollo económico, ambiental y socialmente sostenible, que motivaron hace tres años la creación de la Conferencia Regional de Desarrollo Social, han adoptado desde entonces una nueva significación mundial y regional. Desde septiembre de 2015 contamos con una hoja de ruta representada en la Agenda 2030, y desde mayo pasado, con una arquitectura de seguimiento e intercambio regional en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Nos reunimos en octubre de 2015 en Lima, en la Primera Reunión de la Conferencia, para hacer un balance de los avances y desafíos relacionados con el desarrollo social de nuestra región y reafirmar nuestro compromiso con una agenda de derechos en esa área. Hace un año volvimos a reunirnos en Santo Domingo para analizar las múltiples dimensiones de la desigualdad social, un desafío crucial en nuestra región y un obstáculo fundamental para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. En esta ocasión construiremos sobre los análisis anteriores para discutir las brechas, ejes y desafíos que existen en el vínculo entre lo social y lo productivo. Nuestra región necesita avanzar hacia un círculo virtuoso de desarrollo en el que la diversificación productiva, el cambio estructural progresivo y el impulso ambiental vengan acompañados de un desarrollo social inclusivo. En este círculo virtuoso la creación de trabajo decente va de la mano con niveles de inversión social que garanticen el acceso universal a la educación, la salud, los sistemas de protección social, la vivienda y la infraestructura básica. En el documento que presentaremos mañana nos centramos en las políticas sociales que incorporan la perspectiva del ciclo de vida, desde un enfoque integral de derechos y con especial atención a la infancia, la adolescencia y la juventud, así como en los desafíos de promover la articulación entre la inclusión social y la inclusión laboral, bajo la mirada de las múltiples dimensiones de la desigualdad social.
Nuestra región, pese al modesto crecimiento recuperado en 2017 tras dos años de contracción, enfrenta notorias dificultades económicas y ha visto aumentar los déficits fiscales, que conducen a políticas de ajuste. Todo esto nos lleva a buscar nuevas rutas para evitar un retroceso.
Actualmente 175 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en América Latina y el Caribe (un 29,2% de los habitantes de la región), y 75 millones de personas se sitúan en la extrema pobreza (un 12,4% de la población). Estas cifras son inaceptables. No podemos tolerar la pobreza y la desigualdad. No podemos aceptar que haya mujeres, hombres, niñas o niños en condiciones de vulnerabilidad. Debemos luchar por alcanzar la pobreza cero, debemos imaginar un mundo en el que no existan personas en esa situación, en el que no persistan las profundas desigualdades de las que tantas y tantos son hoy víctimas.
La CEPAL sostiene que la desigualdad está fuertemente condicionada por la matriz productiva y la alta heterogeneidad estructural que la caracteriza, y por una cultura de privilegios que marca la formación histórica y social de América Latina y el Caribe. Estos dos rasgos resultan esenciales para explicar la magnitud y la reproducción de las brechas identificadas en todos los ámbitos del ejercicio de los derechos y del desarrollo social: en la salud y la educación; en las condiciones y el acceso al trabajo y la protección social (incluidos los sistemas de cuidados); en el acceso a la vivienda y a la infraestructura básica (energía eléctrica, agua potable, saneamiento); en la exposición a los desastres naturales y a los efectos del cambio climático; en el acceso a la cultura; en el acceso a las decisiones y a los mecanismos de participación y representación, y en la exposición a diversas formas de violencia.
Para la CEPAL no se trata solo de una igualdad de medios, sino también, y fundamentalmente, de una igualdad de derechos, capacidades y autonomías y reconocimiento recíproco. Las desigualdades de ingreso y de acceso a los recursos productivos se entrecruzan y potencian con las desigualdades de género, étnico-raciales, territoriales y las relacionadas con la edad, y se encadenan a lo largo del ciclo de vida. La confluencia de múltiples desigualdades y discriminaciones caracteriza los “núcleos duros” de la pobreza, de la vulnerabilidad y de la exclusión social, y hace que persistan y se reproduzcan. Esto ilustra la magnitud de los desafíos que tenemos que enfrentar para alcanzar un desarrollo sostenible y en igualdad.
Todos estos temas están relacionados con la naturaleza indivisible de los 17 Objetivos de la Agenda 2030, porque el desarrollo sostenible ocurre cuando existe una coordinación virtuosa entre políticas económicas, sociales y ambientales sustentadas por una sólida institucionalidad. Es el cambio estructural progresivo, definido como un proceso de transformación hacia actividades y procesos productivos con un alto componente de innovación y conocimiento y con empleo y protección ambiental, donde los ciudadanos no sean receptores pasivos, sino sujetos activos en la política, ciudadanos empoderados e informados.
La CEPAL considera que los objetivos y desafíos ambientales representan una gran oportunidad para una transformación tecnológica y productiva que sirva de base para la generación de empleos de calidad, de mayor crecimiento y de más igualdad y que brinde un gran impulso a las economías.
La inclusión social y económica debe permitir niveles básicos de bienestar y acceso a la salud, a la educación, al trabajo decente y a la protección social que sean independientes del nivel de ingresos, del sexo o de la pertenencia étnico-racial de las personas.
Es por ello que, ante la actual coyuntura económica, los países de la región han de otorgar una alta prioridad a derribar esos núcleos duros de la desigualdad y de la exclusión social, acortando las brechas estructurales que marcan a las sociedades latinoamericanas.
Deben defenderse e implementarse nuevas políticas activas en el ámbito social y del mercado de trabajo y fortalecer estrategias de desarrollo social inclusivo con una perspectiva de derechos como marco para las políticas sociales.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce la desigualdad entre los países y en su interior como uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible. Postula el principio ético de no dejar que nadie se quede atrás.
Supone, además, considerar a todas y cada una de las personas, en sus diversas situaciones socioeconómicas, como sujetos activos de sus derechos y no meros beneficiarios de las políticas sociales.
Es evidente, por lo tanto, que lo social no solo se juega en el campo de lo social, sino también en la economía, en la política y en el medio ambiente. Tampoco la diversificación productiva, el cambio estructural y el gran impulso ambiental se deciden solo en el ámbito económico o medio ambiental: el desarrollo social inclusivo y la mejora de las condiciones de vida de la población son un requisito necesario para asegurar la prosperidad económica y su sostenibilidad a lo largo del tiempo y, por lo tanto, avanzar en los objetivos económicos y ambientales.
El desarrollo social es una inversión con réditos positivos para el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Invertir en desarrollo e inclusión social, invertir en educación, nutrición, salud, protección social, formación y desarrollo de capacidades para el trabajo, entre otros, aumenta la productividad de los trabajadores.
Y a la inversa, no hacerlo limita las posibilidades de inversión productiva y aumenta tanto los costos de los procesos de producción como los que se refieren al conjunto de la sociedad, entre ellos los costos ambientales.
Por su parte, el desarrollo económico establecido por el modelo vigente no es sostenible si se mantiene la huella ambiental que existe hoy en nuestros países.
Tampoco puede sostenerse si se mantiene o se profundiza la “huella social” de ese modelo, es decir, los altos niveles de pobreza, vulnerabilidad y precariedad, las graves carencias de trabajo decente y de protección social y la desigualdad que afectan a una gran parte de la población de nuestros países.
Señor Presidente, amigas y amigos, el desarrollo social inclusivo es hoy un imperativo que nos empuja a mejorar la calidad de las políticas sociales en todos los ámbitos sobre la base del enfoque de derechos y a trabajar de manera activa para romper con los ejes que estructuran y reproducen la desigualdad social en la región.
Llegó la hora de transitar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Hay que actuar con premura, ya que —y permítanme parafrasear al prócer de esta Patria, José Gervasio Artigas— "La causa de los pueblos no admite la menor demora''.
Antes de finalizar, querría expresar nuevamente mi agradecimiento a su Gobierno, señor Presidente. Asimismo, me permito destacar la importancia de incluir en los diálogos nacionales preparatorios a otras áreas del Gobierno y a otros organismos y organizaciones de las Naciones Unidas. El combate de la desigualdad y la construcción de un desarrollo sostenible deben ser transversales.
Muchas gracias.
