Curso Internacional Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas

Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en ocasión de la inauguración del Curso Internacional Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas

Santiago, 1 de diciembre de 2014

Sala de conferencias Celso Furtado, CEPAL

María Fernanda Trigo, Directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA),

Gregorio Montero, Secretario General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD),

Nicolás Dassen, Especialista en Modernización del Estado de la División Estatal de Capacidad Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

Alonso Cerdán, miembro de la Unidad de Apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA),

Jorge Máttar, Director del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL,

Estimadas y estimados colegas, hoy aquí como alumnos, provenientes de 15 países de nuestra América Latina y el Caribe,

Amigas y amigos,

Quiero en primer lugar extenderles nuestra más calurosa bienvenida a esta, la casa mayor de las Naciones Unidas en nuestra región. Resulta muy motivador asistir a la apertura de los trabajos de la fase presencial de este Curso Internacional Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas y reconocer en sus rostros el interés y el compromiso por construir nuevos puentes entre el quehacer público y los ciudadanos.

Vaya mi tributo de gratitud a las instituciones con las que hemos compartido la organización de esta iniciativa: la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

Mi agradecimiento también a mis colegas de nuestro Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).

Nos entusiasma contemplar cómo, desde la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto en septiembre de 2011, ya son 65 los países que han integrado este enfoque a su forma de gobernar, incorporando de manera sustantiva y a través de compromisos concretos los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas y uso de la tecnología e innovación cívica.

En el caso de América Latina y el Caribe, son 15 los países miembros de la Alianza, con una agenda activa y desafiante. Yo pude palpar esa energía directamente, la de autoridades, empresas y, muy destacadamente, la de los activistas sociales y representantes de la sociedad civil, en la Conferencia Regional de Datos Abiertos, celebrada en octubre de 2014 en la Ciudad de México.

Esa comunidad de actores también se dio cita hace dos semanas en el Encuentro Regional de la Alianza para el Gobierno Abierto en San José, donde se propuso que la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, que incluyan metas para el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de derecho y el acceso a la justicia, sean metas a incorporar en el objetivo 16 de los objetivos de desarrollo sostenible que tendrá la agenda para el desarrollo después de 2015.

Amigas y amigos, no son estos días sencillos para la región. Los efectos de una crisis económica global, que desde 2008 ha provocado un menor desempeño económico, y el nuevo escenario internacional llegan a América Latina y el Caribe en un momento histórico particular y, paradójicamente, en cierto modo positivo.

En primer lugar, existen regímenes políticos democráticos instalados en toda la región de manera inédita en la historia republicana, lo que ha colocado el tema de la vigencia de la ciudadanía en la agenda pública, tanto en lo referido a los derechos políticos como a los derechos civiles.

La vida democrática en los países de la región también ha posicionado a los derechos sociales y culturales como objeto de las políticas y de la política.

Hay fragilidad, hay riesgos, la sociedad civil no puede bajar la guardia.

Hay un reconocimiento cada vez más explícito de que el problema crucial de la región es la persistente desigualdad. Y desde el sur del continente se han abierto sendas progresistas para ir más allá del urgente combate a la pobreza.

Por ello no es casual el creciente gasto público como proporción del PIB y el considerable aumento del gasto social que, en gran medida, es inversión social. Tampoco lo es la puesta en marcha de políticas sociales más activas, aunque aún insuficientes, de redistribución del ingreso que se expresan a través transferencias hacia los sectores más vulnerables. Se aprecian ciertos avances en el derecho a la salud y en una seguridad social con componentes solidarios y mayor vocación universal. Y gracias a la presencia de movimientos sociales ciudadanos se ha logrado un mayor reconocimiento de las desigualdades y diferencias en materia de género, etnia, cultura, territorio y edad.

Todo lo anterior es fruto de un duro y rico aprendizaje político y cultural. En la región van calando las ideas que promueven las libertades, la sostenibilidad ambiental, la no discriminación en los más variados campos y el respeto a la libre determinación de los pueblos.

El presente nos desafía a fortalecer, en lugar de revertir, las conquistas sociales y una agenda explícita de inclusión económica, social y ambiental y de reconocimiento.

No es fácil cuando los efectos de la crisis repercuten en las condiciones para impulsar un mayor dinamismo económico, así como en la definición de prioridades públicas, afectando los recursos fiscales para la inversión y la protección social y haciéndose sentir negativamente en el empleo y el bienestar de los más vulnerables. Tampoco lo es cuando la libre determinación para ejercer políticas públicas autónomas se enfrenta a la persistente vulnerabilidad externa materializada en la caída de la demanda global, la desaceleración del comercio y la volatilidad financiera global.

Hoy el signo de los tiempos se llama incertidumbre.

Nuestra región ha aprendido de las crisis anteriores y, en parte, se ha vuelto más resiliente y más consciente de la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos, pero conteniendo los costos sociales para evitar serios retrocesos, como ocurrió en la década de 1980 y 1990.

Es en este marco que desde la CEPAL planteamos la centralidad de la igualdad en el desarrollo. Defender hoy el valor de la igualdad es recrearlo a la luz del aprendizaje histórico y de las actuales condiciones de ser en el mundo, es decir, de vivir la globalización en todos sus ámbitos. El valor de la igualdad, junto con el de la libertad, es la forma más humanizada de asumir las tareas de la modernidad.

La igualdad ha estado en el corazón de la política moderna y de las luchas sociales por el cambio y el mejoramiento de la sociedad. A lo largo de los tres últimos siglos, esta igualdad ha involucrado tres dimensiones complementarias pero en tensión permanente. La primera se refiere a la abolición de privilegios y la consagración de la igualdad de derechos de todos los individuos, cualesquiera que sean sus orígenes y condiciones de género, nacionalidad, edad, territorio y etnia.

Este principio cristaliza en la idea de ciudadanía que hace referencia al conjunto de derechos y obligaciones de los individuos, a la comunidad política de que estos forman parte, a la existencia de marcos institucionales y normativos que dan garantías ciudadanas, y de un espacio público donde se ejercen los derechos y obligaciones que constituyen la ciudadanía. Este es el valor de la igualdad que proclama la democracia.

La segunda dimensión se refiere a la distribución de recursos en la sociedad, que permite que todos los miembros ejerzan efectivamente sus derechos. Ella surge de una primera debilidad de la dimensión de la igualdad ciudadana, que en América Latina y el Caribe ha estado secularmente presente, a saber, que la igualdad política se ve mermada en su contenido si no reconoce y busca remediar las desigualdades de recursos materiales y simbólicos. Postulamos, entonces, el principio de igualdad real o sustantiva en las diversas esferas de la vida social en que se afirman derechos universales. Y si la primera dimensión de la igualdad remite a la cuestión de los derechos y al papel del poder judicial para garantizarlos, la segunda remite a la justicia social y a una estructura socioeconómica y política que la promueva. Este es un gran desafío pendiente en esta región, donde las brechas de desigualdad son, y han sido, las mayores del mundo.

La tercera se refiere a la extracción y uso de los recursos naturales hoy a expensas de las generaciones futuras con costos que se avecinan en el ámbito del cambio climático, el hacinamiento urbano y el deterioro ecológico del planeta.

Qué duda cabe de que las dos principales fuerzas que inciden sobre el proceso de desarrollo económico son la revolución tecnológica en curso y el desafío de la sostenibilidad.

Estos desafíos marcan ya no una época de cambios sino un cambio de época y nos anuncian que el camino hacia la igualdad, la sostenibildad ambiental y una prosperidad compartida es largo y no necesariamente lineal.

Exige un cambio de paradigma y, por ello, no hay que bajar la guardia.

Hoy nuestra región requiere con urgencia un salto tecnológico con visión de futuro, un cambio estructural de sus formas de producción y consumo y una profunda redefinición de la ecuación Estado-mercado-sociedad.

Empoderar la vertiente ciudadana de esta ecuación es una tarea pendiente de nuestras sociedades.

Es en este marco conceptual donde entendemos el rol protagónico de los pilares fundamentales del gobierno abierto: la transparencia, la participación, la colaboración y la innovación tecnológica a través de los datos abiertos.

No es, creemos, una discusión técnica; por el contrario, es eminentemente política. Encarar privilegios, garantizar igualdad de derechos, afirmar la plena ciudadanía, abreviar las brechas de desigualdad en recursos materiales y simbólicos, son todas tareas que se sirven mejor cuando todos pueden disponer de la información esencial que determina los asuntos públicos.

La información es poder político, o al menos, una condición para que este pueda ejercerse.

Sin imaginar la naturaleza y el alcance de las plataformas tecnológicas de la actualidad que hacen fluir los datos instantáneamente del quehacer oficial al conocimiento público, hace más de tres siglos, en 1690, quienes desde la filosofía política se daban a la tarea de imaginar las condiciones de lo que sería el Estado moderno, afirmaban, como John Locke que: “…el poder político solo se puede comprender si lo derivamos de su origen, de aquel Estado en que todos los hombres (y yo agregaría y mujeres) se encuentran por naturaleza […] libremente dotados de las mismas ventajas y, por lo tanto, de los mismos derechos, derechos que les otorguen el poder tener vista de cómo proceden las cosas del Estado…”.

Por ello vemos con satisfacción cómo, en los últimos años, el paradigma de gobierno abierto y datos abiertos se ha posicionado en la agenda internacional como una respuesta vigorosa a los desafíos del avance en transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas e integridad.

Vemos cómo se trata de abrir espacios para la participación ciudadana, promoviendo una mayor democratización en el uso de los recursos públicos y la generación de nuevos modelos de gestión y provisión de servicios, a través del uso intensivo de recursos digitales e innovaciones de carácter cívico, que han dado un nuevo impulso a las tradicionales estrategias de gobierno electrónico en los distintos países del mundo, abarcando incluso a los parlamentos.

La gestión de los datos en formatos abiertos para el acceso y uso de la información pública por parte de terceros puede tener beneficios inimaginables al abrir una puerta a la innovación y al conocimiento y la creatividad, creando valor público a gran cantidad de datos procedentes de diferentes organizaciones del ámbito de la administración pública o de aquellos proyectos que han contado con financiamiento público. Ponerlos a disposición de la sociedad hace que cualquier persona u organización pueda construir sobre ellos una nueva idea que resulte en nuevos datos, conocimientos o incluso servicios que se revierten nuevamente al ámbito público.

Las iniciativas de datos abiertos que se están implementando en el mundo ponen de manifiesto que la apertura de datos no solo facilita la distribución de servicios a los ciudadanos, sino también el control que estos pueden ejercer sobre su calidad y veracidad. Se está demostrando que el desarrollo económico puede venir dado por el retorno producido de la creación y venta de nuevas aplicaciones o servicios, o también por el ahorro que puede suponer producir servicios innovadores reutilizando, con un mínimo costo, información que proviene del sector público.

La realidad ha cambiado y sigue cambiando aceleradamente.

Hace algunos años, la CEPAL propuso que la banda ancha debe ser un bien público global. Se avanzó en una convocatoria regional a los prestadores de servicios, a los gobiernos y a los reguladores para abrir un diálogo sobre la banda ancha en la región, sus requerimientos de infraestructura y la complementación de la banda fija y móvil para ofrecer un acceso mucho más amplio a las comunidades de la región.

Hoy sabemos que ha aumentado tanto la penetración de la banda ancha como el número de personas conectadas y el tiempo de conexión, independientemente de la edad del usuario, en zonas incluso muy alejadas de las ciudades centrales.

El gran cambio tecnológico ha colocado a la humanidad ante un nuevo reto, la sociedad-red, es decir, un nuevo espacio cada día más abierto, menos abstracto y más tangible.

Por ello los Estados lo están asumiendo, adaptándose creativamente para aprovechar las nuevas oportunidades que se abren, y debemos avanzar con mayor dinamismo para que no se pierda una valiosa posibilidad de mejorar la calidad de las instituciones públicas, de que los ciudadanos sean verdaderos protagonistas de su destino y de construir una sociedad con menos desigualdad que participe en las decisiones con un consentimiento libre y más informado.

Un Estado transparente proporciona información sobre lo que está haciendo, pone a disposición sus fuentes y bases de datos, y publica sus planes y estrategias de desarrollo, con lo cual da contenido a sus responsabilidades frente a la sociedad. Ello fomenta y promueve la rendición de cuentas ante la ciudadanía y una permanente vigilancia por parte de la sociedad y a una mayor corresponsabilidad.

Esta condición habilita efectivamente la participación. Un gobierno participativo promueve el derecho de la ciudadanía a ser parte central en la formulación e implementación de las políticas y facilita el camino para que las administraciones públicas se beneficien del conocimiento, las ideas y la experiencia de los ciudadanos. Así, se promueve la creación de espacios de encuentro y diálogo que favorezcan el protagonismo, involucramiento y deliberación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Cuando estos espacios existen, cuando los ciudadanos disponen de información transparente y desde el Estado se promueve activamente la participación ciudadana, emergen las condiciones para fundar una ciudadanía activa que participe en la visión y la vida del país, de la región y del mundo y que se involucre plenamente en los problemas públicos. Ello supone acceso a la información, participación y justicia.

Por ahora, la aplicación de estos principios en el mundo y en América Latina y el Caribe se ha ido materializando en iniciativas por parte de los gobiernos para mejorar la transparencia y el acceso a la información, mediante la apertura de datos públicos en formatos abiertos, para ejercer la vigilancia social y facilitar la rendición de cuentas y la reutilización de la información del sector público con miras a promover la innovación y el desarrollo económico.

Esta práctica también facilita la participación de la ciudadanía en el diseño y la implementación de las políticas públicas y le permite incidir en la toma de decisiones, a través de plataformas tecnológicas y las posibilidades que alberga la web 2.0. Finalmente, se favorece la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores para cogenerar valor público, social y cívico.

Felicito su compromiso por profundizar en estos asuntos, por formarse en nuevas capacidades para estar a la altura de un tremendo reto. En el fondo, no es este un ejercicio limitado a las fronteras de la técnica, se trata de ampliar libertades, construir igualdades, profundizar la democracia, crear esperanza con visión de futuro, con claridad intergeneracional y todo a partir del aprendizaje y del avance civilizatorio acumulado en el siglo XX, pero con las herramientas, transparencia y velocidades que demanda el siglo XXI.

Muchas gracias.