Conferencia Magistral de Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat): “Habitat III: La Nueva Agenda Urbana”

Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con ocasión de la Conferencia Magistral de Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat): “Hábitat III: La Nueva Agenda Urbana”

Santiago, 20 de junio de 2016

Sala de conferencias Raúl Prebisch, CEPAL

Muy querido Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos,

Miembros del cuerpo diplomático acreditado en Chile,

Autoridades de gobierno de los niveles nacional, regional y local,

Señoras y señores invitados,

Colegas de la CEPAL y del sistema de las Naciones Unidas,

Amigas y amigos,

Es un gran honor recibirles esta tarde en esta casa de las Naciones Unidas en la región, darles la bienvenida en una ocasión tan destacada como la que nos brinda la presencia de un entrañable amigo, Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

Es la suya una visita siempre grata, pero además muy oportuna. En octubre de 2016, en Quito, se realizará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III).

La CEPAL ha construido por más de 20 años una densa red de colaboración y esfuerzo conjunto con ONU-Hábitat para nutrir una visión regional sobre el desarrollo urbano sostenible. Esta relación fecunda tiene expresión concreta en el informe regional de América Latina y el Caribe, con el que contribuiremos a la discusión global en Quito.

Una discusión que desde el territorio, las ciudades y el desarrollo urbano, está llamada a dialogar con los acuerdos globales que caracterizaron a 2015 y a imaginar los pasos siguientes a Hábitat III, a empezar a formular desde ahora medidas y políticas para innovar para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de París. Estos acuerdos sientan bases sin precedentes para la adopción de un nuevo estilo de desarrollo con la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el centro.

Se trata de sacar a más de 70 millones de personas de la indigencia en los próximos 15 años y alcanzar mayores niveles de igualdad con crecimiento inclusivo, más productividad y trabajo decente, movilizando un financiamiento tradicional e innovador, público y privado, y logrando la progresiva descarbonización de los patrones de producción, consumo y urbanización.

Querido Joan, vengo de Medellín (Colombia). Allí se realizó la Reunión del Foro Económico Mundial sobre América Latina y el Caribe de 2016. En ese encuentro pude conversar con los alcaldes de la propia Medellín, Federico Gutiérrez, y de Quito, Mauricio Rodas. Medellín es un ejemplo concreto de ciudad que transita de la violencia e inseguridad a la confianza, de la opacidad a la transparencia, que ha logrado  sistemas de transporte sostenibles e igualadores.

Lo que escuché de Medellín, como de otras ciudades de la región, refuerza mi convicción de que, reconociendo los nuevos mínimos civilizatorios que como comunidad global nos hemos fijado, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil están llamados a cambiar la conversación, a explorar nuevos caminos para unir voluntades y alcanzar estas metas hacia 2030.

Para América Latina y el Caribe, cuyo desarrollo social y económico aún se ve obstaculizado por brechas estructurales históricas, esto implica enfrentar el gran desafío de ajustarse a los cambios de paradigma a nivel mundial y hacer frente a una compleja perspectiva de crecimiento y comercio, evitando, al mismo tiempo, el estancamiento del progreso social.

La revolución digital está transformando la producción, el comercio y la distribución de bienes y servicios, y determinando nuestra capacidad de transitar hacia el desarrollo sostenible. La producción estará cada vez más concentrada en algunas grandes empresas con presencia mundial y los mercados se volverán cada día más fragmentados.

En lo que respecta al cambio climático y la economía ecológica, aunque no colmó las expectativas, el Acuerdo de París envió un mensaje de largo plazo: el mundo necesita hacer un cambio estructural hacia la sostenibilidad ambiental. Los gobiernos deben proporcionar incentivos para que los actores públicos y privados se conviertan en fuerzas impulsoras clave de la generación de modelos más limpios de producción y consumo, en estrecha coordinación con el ámbito académico y los centros de investigación.

Más del 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en ciudades y eso la convierte en la región más urbanizada del mundo. Dos de las ciudades más grandes del mundo, con poblaciones superiores a los 20 millones de habitantes, se localizan en la región, São Paulo y la Ciudad de México, y otras dos superan los 10 millones de habitantes, Río de Janeiro y Buenos Aires. Este intenso proceso de urbanización concentrado en torno a grandes ciudades, encuentra un ejemplo también en el hecho de que el número de ciudades de más de un millón de habitantes creció de 20 en 1975 a 67 en 2015, pasando a representar el 36% de la población total, respecto del 21% en 1975.

El desarrollo urbano podría ofrecer nuevas oportunidades en áreas como la gestión del tráfico y el transporte público urbano inteligente, el tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, y los edificios y la infraestructura con bajo consumo de energía y bajas emisiones de carbono. El logro de una economía más ecológica mediante sistemas de producción industrial con menos emisiones de carbono, una mejor gestión energética y una distribución acertada del espacio, vehículos más livianos y un gran impulso para el desarrollo de energías renovables –como la solar y eólica– encierra un enorme potencial.

Esto será posible si los países logran contar con las capacidades necesarias para el nuevo paradigma tecnológico y ambiental, como centros de datos, redes de banda ancha y, sobre todo, mano de obra calificada. La región de América Latina y el Caribe aún debe recorrer un largo camino.

Seamos claros, América Latina y el Caribe exhibe los rasgos de una urbanización consolidada, en que el principal desafío ya no es resolver los problemas de la rápida transición de las zonas rurales a las zonas  urbanas, sino mejorar la calidad de vida, cerrar las brechas de la desigualdad y lograr la sostenibilidad de sus ciudades.

La nuestra es una región con una doble transición: la urbana, respecto de la que se observa una disminución importante del ritmo de migración rural-urbana, y la demográfica, que se traduce en la disminución de las tasas de crecimiento de la población y en su envejecimiento.

A pesar de la importancia que tienen para la economía regional algunas actividades cuya principal característica no es la de ser actividades urbanas, como la exportación de materias primas o el turismo en el Caribe, el aporte de las ciudades y, en particular, de las grandes metrópolis al PIB y a los puestos de trabajo es significativo, y se caracteriza por una mayor presencia del sector de servicios y del comercio.

Sin embargo, las externalidades negativas asociadas, en parte, a la urbanización y a una débil planificación, además de los desafíos estructurales de la región, como la baja productividad, la informalidad o la falta de inversión en infraestructura y conocimiento, limitan los beneficios que las ciudades ofrecen para el desarrollo urbano, entre los que se cuentan las economías de aglomeración y de escala, la proximidad de factores de producción y el intercambio de ideas e innovación.

Y aunque algunos países y ciudades han explorado la creación e implementación de instrumentos innovadores para capturar y distribuir las rentas generadas por los cambios de valor del suelo urbano, la región todavía enfrenta una muy desigual distribución de las rentas de la urbanización.

Esta falta de gestión inclusiva del suelo está en la raíz de nuestros desafíos urbanos fundamentales: la segregación socioeconómica y del acceso a servicios de calidad entre prestaciones privadas y públicas, la informalidad urbana, la falta de acceso a la vivienda, el imperio de la especulación, la retención excesiva del suelo y la persistencia de sistemas ineficientes de tributación inmobiliaria, entre otros.

La desigualdad es uno de los principales rasgos estructurales de los países y ciudades de la región, a pesar de los grandes esfuerzos y logros parciales de nuestros gobiernos.

La desigualdad tiene importantes impactos en nuestras ciudades, como la segregación residencial socioeconómica, un uso del tiempo muy diferenciado según los quintiles de ingreso, los asentamientos informales y los desafíos de accesibilidad económica a la vivienda y al suelo urbanos. A esto se suma que el crecimiento de las ciudades ha producido presiones ambientales sobre sí mismas y su entorno ecológico, generando vulnerabilidades distribuidas de forma desigual.

El modelo de desarrollo y el actual patrón de producción, distribución y consumo, que se han vuelto insostenibles, están detrás de la relación entre urbanización y deterioro ambiental. La gestión urbana ambiental debe reconocer los vínculos entre la ciudad, sus servicios ecosistémicos y su territorio de pertenencia, el impacto sobre los recursos hídricos y cuencas, las áreas verdes, el entorno marítimo, el consumo de energía y recursos materiales y la contaminación atmosférica, entre otros.

La región es vulnerable a los efectos del cambio climático, como los fenómenos hidrometeorológicos extremos, que son de especial urgencia en Centroamérica y los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe. La urbanización, desigual, segregada y carente de planificación, ha profundizado esta vulnerabilidad. Por lo tanto, la gestión urbana sostenible e inclusiva es parte integral de la construcción de ciudades resilientes. Los fenómenos climáticos y naturales extremos en nuestros países, además de generar riesgos para la vida y el bienestar de las personas, afectan directamente a la economía, la infraestructura y el desarrollo social, e imprimen urgencia a las políticas y medidas de adaptación al cambio climático, gestión de riesgos y financiamiento climático urbano.

La rápida expansión de las grandes áreas urbanas ha creado una situación de gobernanza compleja, en que el tejido urbano y la gestión de los servicios públicos no siempre coinciden con las demarcaciones administrativas y, con frecuencia, abarcan varios niveles de gobierno. Esta situación genera desafíos de coordinación y determinación de responsabilidades. Además, existen asimetrías en la capacidad de gestión de las ciudades de diversos tamaños; en las ciudades más pequeñas la disponibilidad de recursos económicos y humanos es menor. Un desafío pendiente para la gestión pública y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la capacidad de recopilar, monitorear y diseminar datos a nivel local, lo que deriva en la necesidad de contar con programas integrales de cooperación.

Uno de los principales aportes de la región de América Latina y el Caribe al debate global sobre el desarrollo urbano es la promoción del derecho a la ciudad, un derecho colectivo que se fundamenta en la gestión democrática.

El concepto de ciudad como un bien común se ha concretado de dos formas en la región (en particular en el Brasil y Colombia, y, de manera más incipiente, en el Ecuador y en México): impulsando la participación ciudadana, con importantes implicancias para la transparencia y la rendición de cuentas, e instaurando normativas urbanas que potencian instrumentos de desarrollo urbano inclusivo.

Sin embargo, aún están pendientes la profundización y la diseminación regionales de procesos más participativos y la aplicación más amplia de políticas, estrategias y programas basados en el concepto y enfoque de derecho a la ciudad.

También está pendiente el fortalecimiento del financiamiento urbano, como elemento clave para posibilitar un desarrollo urbano sostenible.

Tenemos que superar el desafío estructural que suponen nuestras endémicas bajas recaudaciones fiscales e insuficientes inversiones en infraestructura. 

El sistema de las Naciones Unidas –incluidos la CEPAL y ONU-Hábitat– llama a potenciar las redes de ciudades que se han creado a nivel global y regional, como la Asamblea Mundial de Autoridades Locales y Regionales, el Pacto de Alcaldes, el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, el Grupo de Ciudades Líderes del Clima C40, o la Red Mercociudades, por nombrar algunas. Pensamos que las voces de las ciudades deben tener mayor participación e institucionalizarse en los foros y debates globales.  

El futuro sostenible de América Latina y el Caribe está estrechamente ligado a una urbanización sostenible. La ciudad debe considerarse un objetivo prioritario para una estrategia de cambio estructural progresivo en el marco de un renovado diálogo entre actores del Estado, el sector privado y  la ciudadanía.

Amigas y amigos, hoy tendremos la inestimable oportunidad de escuchar la opinión de Joan Clos; una mirada que se nutre de su trayectoria formidable.

Joan se graduó en la primera promoción de la Universidad Autónoma de Barcelona y cursó sus estudios de medicina en el Hospital de San Pablo de Barcelona. Trabajó en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios y, tras años de ejercicio profesional como anestesista, cambió radicalmente su trayectoria y se orientó hacia la epidemiología, la medicina comunitaria y la gestión de recursos sanitarios.

Cursó entonces estudios de especialización en la Universidad de Barcelona y en los Estados Unidos y estudió Salud Pública y Epidemiología en la Universidad de Edimburgo.

Entre los años 1981 y 1991 fue elegido Presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, de la que es miembro fundador, y de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.

En 1979 se integró en el gobierno municipal de Barcelona como Director de los Servicios Sanitarios; en 1983 fue electo concejal del Ayuntamiento de Barcelona donde fue responsable del Área de Salud Pública. En 1987 fue nombrado Concejal del distrito de Ciutat Vella. Cuatro años después, fue nombrado segundo teniente de alcalde, con responsabilidades en los ámbitos de organización, economía y hacienda.

En 1997 sustituyó a Pasqual Maragall como Alcalde de Barcelona. Fue posteriormente elegido Alcalde en 1999 y reelegido en 2003.

En 2006 cesa en la alcaldía de Barcelona tras nueve años al ser nombrado Ministro de Industria, Comercio y Turismo por el Presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero.

En 2008 pasó a ocupar el cargo de embajador de España en Turquía, al que en 2009 sumó el de embajador en la República de Azerbaiyán. En 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designó Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), con rango de Subsecretario General de las Naciones Unidas, cargo que ejerce actualmente.

Estimado Joan, la palabra es tuya.