La crisis climática es uno de los principales desafíos a nivel global, por lo cual desde el 2015 la comunidad internacional se comprometió a través del Acuerdo de París a limitar el aumento de la temperatura global del planeta por debajo de los 2ºC, y hacer esfuerzos mayores para limitar dicho aumento por debajo de 1.5oC. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha hecho un llamado a la acción climática para alcanzar los objetivos del Acuerdos de París y evitar los impactos del cambio climático, que sin acción oportuna afectarán a toda la humanidad y en mayor manera a los grupos vulnerables (IPCC, 2023). Por medio de las metas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) presentadas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs), los países han ratificado el compromiso de trabajar por evitar un aumento de temperatura. 

Una de las principales barreras para la implementación de acciones de mitigación y adaptación en los países es el financiamiento climático, y si bien, existe suficiente capital en el mundo para reducir las emisiones, este aún se dirige en gran parte al financiamiento de actividades basadas en combustibles fósiles. En este contexto, existe un conjunto de instrumentos que los países pueden implementar para intentar reducir sus emisiones de GEI, donde destacan los instrumentos económicos como el impuesto al carbono, los sistemas de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), el precio social del carbono, entre otros. Todos ellos buscan desviar el financiamiento hacia soluciones consistentes con los compromisos climáticos. En particular el precio social del carbono tiene la característica que puede ser usado en la evaluación de la inversión pública para discriminar entre inversiones altas y bajas en carbono, y a través de este, cambiar las rentabilidades de los proyectos en favor de las que sean más bajas en emisiones de carbono. 

La CEPAL, en el marco del Programa EUROCLIMA, ha estado impulsando la iniciativa regional Precio Social del Carbono en la evaluación de la inversión pública en América Latina y el Caribe. Como parte de ello, se han realizado asistencias técnicas a países que han estimado el precio social del carbono para ser incluidos en la evaluación de los proyectos de inversión pública, se han generado guías y herramientas que buscan facilitar la implementación del precio social del carbono en los países y con ello contribuir a la movilización de financiamiento y que las inversiones se dirijan hacia opciones bajas en carbono.