La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en diversos ámbitos es aún una tarea pendiente en la región. Así lo constata el documento Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe, preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y presentado en la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Ciudad de México entre el 10 y 12 de junio de 2004.
En esta conferencia, en la que se evalúan los progresos alcanzados en los compromisos internacionales relacionados con el adelanto de la mujer, participan representantes de los Estados miembros de la CEPAL, los miembros asociados, los organismos del sistema de las Naciones Unidas, los observadores con carácter consultivo y las redes regionales de organizaciones no gubernamentales.
El documento indica que cerca de la mitad de las mujeres mayores de 15 años que viven en la región no tienen ingresos propios, mientras que sólo el 20% de los hombres se encuentra en la misma situación. Asimismo, según datos de la CEPAL de 2002, el 36,1% de los hogares de la región se encontraban bajo la línea de la pobreza, mientras que el 14,6% estaba bajo la línea de la indigencia.
Al analizar la pobreza desde una perspectiva de género, se aprecia que la autonomía económica, física y reproductiva de las mujeres, así como la valoración del trabajo no remunerado y del tiempo asignado a éste son factores fundamentales.
En primer lugar, señala el documento de la CEPAL, la autonomía económica, es decir, el hecho de que las personas cuenten con ingresos propios que les permitan satisfacer sus necesidades, tiene un papel central en la lucha contra la pobreza. Así, la desigualdad de oportunidades que afecta a las mujeres para acceder al trabajo remunerado limita sus posibilidades de ser autónomas en términos económicos. Por ejemplo, en 2002, los ingresos que percibían las mujeres en el mercado del trabajo eran equivalentes al 68% de los ingresos masculinos. Asimismo, la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral era del 49,7% ese año, mientras que la de desocupación era de 11,1%. Para los hombres, estas cifras eran de 81% y 7,7%, respectivamente.
El hecho de que una alta proporción de mujeres cónyuges, tanto en hogares pobres como no pobres, esté en una posición de dependencia en relación al jefe de hogar, hace que su autonomía económica y su capacidad de decisión se vean mermadas. Además, esta situación de vulnerabilidad se agrava en caso de viudez, ruptura matrimonial o desintegración familiar, "lo que debe ser enfrentado con políticas adecuadas que atiendan a la mejor distribución de la riqueza, los activos, las oportunidades laborales y el tiempo", señala el documento.
Según la CEPAL, los estudios confirman que las mujeres invierten más tiempo en actividades no remuneradas que los hombres, lo que indica que ellas tienen días más largos de trabajo que van en detrimento de los niveles de salud y nutrición.
En relación a los derechos reproductivos, la autonomía del cuerpo de las mujeres debería implicar el acceso a condiciones adecuadas de salud sexual y reproductiva que detengan la mortalidad materna, las tasas de fecundidad no deseada y habiliten a las mujeres para contribuir a la salud familiar, las que deben contemplarse ligadas a la lucha contra la pobreza. El riesgo de morir por causas vinculadas al parto y al embarazo sigue siendo alto en varios países de América Latina, en especial en Haití, Bolivia y Perú, donde se producen más de 200 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos, mientras que en 9 países más esta proporción alcanza entre 100 y 200.
Según el documento, a esta inequidad se suman los dramáticos efectos del SIDA, cuyo impacto sobre las mujeres es muy grave y comienza a ser objeto de preocupación pública, especialmente en las naciones de la cuenca del Caribe. Las estimaciones nacionales más recientes (2003) indican que la prevalencia del VIH entre mujeres embarazadas alcanza o supera el 2% en seis países: Bahamas, Belice, República Dominicana, Guyana, Haití y Trinidad y Tabago.
Con respecto a las limitaciones que tienen las mujeres para generar ingresos, éstas se explican principalmente por las desigualdades en la distribución, el acceso, el uso y el control de los recursos productivos, tales como trabajo, tierra, capital, información, nuevas tecnologías, recursos naturales y vivienda.
En la última década, los Estados latinoamericanos se han orientado a la acción en materia social, siguiendo un modelo de política social que pone el acento en la inversión en capital humano y convierte al Estado en un ente regulador que coexiste con la participación activa de subsectores estatales, privados y ONG, de una manera más plural y menos centralizada.
En el futuro, recalca el documento de la CEPAL, es necesario una mejor articulación de las políticas económicas, sociales y ambientales capaces de conjugar los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Desde una perspectiva de género, este enfoque integral debiera incluir tres desafíos fundamentales: la redistribución del poder, los ingresos y los activos y el tiempo.
La Novena Conferencia Regional examinará la aplicación de los compromisos internacionales adquiridos en el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, adoptado en la sexta Conferencia Regional en 1994 y reafirmado en 2000 por el Consenso de Lima. El trabajo de la Conferencia tendrá como marco de referencia los compromisos internacionales relacionados con el adelanto de la mujer adoptados por las cumbres mundiales celebradas en los años 90, los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la Asamblea General de la ONU en Nueva York en 2000 y la Plataforma de Acción adoptada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en 1995.
Véase también:
