Comunicado de prensa
Los participantes de la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en Ciudad de México, aprobaron hoy por aclamación, luego de tres días de debates, el documento resultante de la reunión, denominado Consenso de México.
En él los gobiernos de los países participantes en este evento, organizado por la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de México, reafirman su decisión de adoptar medidas en diversos ámbitos. El documento insta a implementar políticas públicas que ayuden a superar las condiciones de pobreza que afectan a las mujeres de la región, y a adoptar políticas pro-activas para la creación de empleos, y reconoce el valor económico del trabajo doméstico y productivo no remunerado.
Exhorta a fortalecer los esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH/SIDA, y garantizar el acceso sin discriminación a información, atención, educación y servicios de prevención.
El Consenso insta también a adoptar las medidas integrales necesarias para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas la violencia familiar, el abuso y acoso sexual, el incesto, la explotación sexual y el tráfico y trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, los asesinatos y las violaciones sistemáticas y la violencia en situaciones de conflicto armado, así como eliminar las medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.
El documento pide que se promueva la participación plena e igualitaria de hombres y mujeres en todos los niveles de toma de decisiones en el Estado, la sociedad y el mercado y fomentar la participación de la sociedad civil en los procesos de adopción de decisiones en los ámbitos local, nacional, regional y global. Invita también a los parlamentos de la región a que revisen sus legislaciones para armonizarlas con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de no discriminación de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Insta a impulsar políticas educativas que respondan a las necesidades de los países, favoreciendo la educación de todas las mujeres y a fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres, impulsando programas de concientización en todos los niveles de enseñanza. Pide también que se examinen las políticas y la legislación, a fin de fortalecer la obligatoriedad del pago de la asistencia económica de niños, niñas, adolescentes y otros dependientes.
En el documento, se considera también la revisión de las leyes para asegurar que se reconozca a las mujeres plenos e iguales derechos, a poseer tierras y otras propiedades, y la realización de reformas administrativas para otorgar a las mujeres los mismos derechos que los hombres al crédito y al capital.
El Consenso insta a garantizar a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer los recursos financieros y humanos, y reforzar su capacidad política y la consolidación de su rango institucional al más alto nivel.
En él se exhorta también a los gobiernos que aún no lo han hecho a considerar la ratificación y aplicación efectiva de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo facultativo.
Los gobiernos reiteran en el documento que la plena y eficaz implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, y el Plan de Acción de CARICOM es una contribución esencial para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en 2000.
Según el documento, acogen además con beneplácito el documento presentado por la CEPAL, Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe, y la agenda de investigación que en él figura.
Declaran que el Consenso de México constituye la contribución regional a la Comisión de la Condición Jurídico y Social de la Mujer en su cuadragésimo noveno período de sesiones, previsto para marzo de 2005.