“Los niños y las niñas en América Latina y el Caribe, particularmente los que viven en contextos de pobreza, son altamente vulnerables a los desastres y experimentan sus efectos en forma desproporcionada y creciente”, alertan la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en una nueva edición del Boletín Desafíos, que aborda temas relevantes para el desarrollo integral de la infancia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En el artículo central del boletín número 20, el primero en formato completamente digital, ambos organismos de las Naciones Unidas hacen un llamado a reforzar los sistemas de protección social en los países de la región desde la perspectiva de los derechos de la infancia, en un contexto de urgencia por los efectos catastróficos del cambio climático que ya se evidencian en todo el mundo.
De acuerdo con datos citados en el artículo, entre 2005 y 2015 hubo 380 desastres en el mundo: Asia fue el continente más golpeado (con 44,4% de los eventos), seguido por las Américas (25,5%), África (16,5%), Europa (7,2%) y Oceanía (6,4%). “La frecuencia de desastres en América Latina y el Caribe ha aumentado 3,6 veces en medio siglo. En la década de 1960 hubo, en promedio, 19 desastres por año y en la primera década del siglo XXI ese promedio aumentó a 68 fenómenos anuales”, señala el documento.
En la región, la mayoría de los desastres están relacionados con fenómenos de origen meteorológico e hidrológico (huracanes, tormentas, inundaciones y sequías), aunque el desastre con mayor número de víctimas fue el terremoto de Haití ocurrido en 2010 (222.570 muertos, según el Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres, CRED). En 2016, los eventos más letales fueron el terremoto en Ecuador (677 muertos) y el huracán Matthew, también en Haití (con 546 muertos).
Al garantizar niveles básicos de ingreso y acceso a servicios sociales (salud, educación y vivienda, entre otros), la protección social fortalece la prevención y la capacidad de respuesta y reduce la vulnerabilidad, contribuyendo a una recuperación a corto, mediano y largo plazo, plantean CEPAL y UNICEF. En este marco, “la protección social constituye una política pública clave para hacer frente a los desastres antes, durante y después de su ocurrencia”, enfatizan.
Diversos instrumentos internacionales abordan los derechos de la infancia ante situaciones de riesgo. El Principio 8 de la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959 indica que “el niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. También hay referencias en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989 y en la Carta de la Niñez para la Reducción del Riesgo de Desastres de 2011, elaborada sobre la base de consultas a más de 600 niños y niñas en 21 países de África, Asia, Oriente Medio y América Latina.
“Sin embargo, aun cuando los acuerdos internacionales son claros respecto a la necesidad de priorizar los derechos de niños y niñas y a fomentar su participación para hacer frente a situaciones de desastres, en la región aún queda mucho camino por recorrer para implementar protocolos de atención prioritaria para este grupo”, señalan CEPAL y UNICEF en el boletín.
Resulta crucial –según ambas instituciones- aumentar los esfuerzos de gestión y coordinación intersectorial e interinstitucional para atender las vulnerabilidades de los niños, niñas y adolescentes ante los desastres. También es fundamental aumentar la disponibilidad de datos cuantitativos y cualitativos con información desagregada sobre la población infantil que se encuentra en situación de riesgo o que ha sufrido los efectos de un desastre.
Asimismo, es necesario promover la inclusión, tanto en la elaboración de políticas como en la programación, de las experiencias que los niños y las niñas tienen de los desastres, mediante su participación activa como sujetos de derechos.
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