Nota informativa
América Latina y el Caribe aún se encuentra muy rezagada en comparación con otras regiones del mundo en términos de investigación y desarrollo. Mientras Estados Unidos, Japón y la República de Corea invierten en este rubro entre 2,5 y 3 puntos de su producto interno bruto (PIB) y la Unión Europea cerca de 2 puntos, nuestro continente en su conjunto destina apenas 0,5 puntos del PIB.
Esta brecha en la inversión se traduce asimismo en una importante diferencia en la productividad de las economías. Por eso es necesario la adopción de políticas públicas destinadas a crear y desarrollar capacidades de innovación que permitan aprovechar las ventajas de la aceleración del cambio tecnológico y de la apertura económica. Así lo sostiene la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el documento Desarrollo productivo en economías abiertas, presentado en su Trigésimo período de sesiones que tiene lugar en San Juan, Puerto Rico.
De acuerdo con el documento, la incorporación de conocimiento a la producción -lo que se conoce genéricamente como "innovación"- y de nuevas tecnologías son algunos de los principales pilares de la competitividad de las empresas y del crecimiento sostenido de la economía a largo plazo. De hecho, los avances científicos y tecnológicos han cambiado notablemente el rostro de la economía mundial en las últimas décadas y han incrementado su ritmo de crecimiento.
Sin embargo, el proceso de adquisición, adaptación y desarrollo de tecnología no ha sido uniforme en todas las regiones del planeta y ha tropezado en muchos casos con la falta de mercado o graves fallas de funcionamiento de éstos.
En el caso de los países de América Latina y el Caribe, el rubro de investigación y desarrollo está financiado principalmente por los gobiernos. Esto contrasta con la situación de otras regiones, en donde un tercio del gasto corre por cuenta de instituciones de educación superior y organizaciones privadas sin fines de lucro, y un tercio por los gobiernos, en tanto que las empresas asumen otro tercio del total.
Además, las diferencias absolutas son muy grandes. En los países desarrollados, las empresas invierten en este rubro entre 200 y 700 dólares por habitante. Los países latinoamericanos en donde el gasto en investigación y desarrollo de las empresas es mayor son Argentina, Brasil, y Chile, con cerca de 50 dólares por persona, en tanto que México gasta 33 dólares, y Costa Rica, Uruguay y Venezuela algo más de 20 dólares. En tanto, el gasto de los gobiernos de la región en investigación y desarrollo es más elevado, oscilando entre los 20 y 36 dólares en países como Argentina, Brasil, Chile y México. Esta cifra está aún muy lejos de los 150-250 dólares por habitante invertidos por los gobiernos de los países desarrollados.
La amplitud de estas diferencias exige que los países de la región focalicen sus recursos en unas pocas actividades con mayor potencial, en vez de dispersarlos en múltiples iniciativas.
Formulación y coordinación de políticas de innovación y tecnología
De acuerdo con la CEPAL, los países de la región enfrentan hoy el desafío de avanzar hacia una concepción de política tecnológica más pragmática, que incorpore la interacción entre oferta y demanda en el proceso de innovación y recurra a instrumentos de mayor eficacia en cada caso.
Para ello propone la adopción de varios instrumentos, como los incentivos fiscales, el crédito público directo, las subvenciones, el mejoramiento de los incentivos del aparato oficial de ciencia y tecnología, el capital de riesgo, las misiones de observación, los servicios de divulgación tecnológica para las PYME, y los laboratorios de investigación y desarrollo transferible. Asimismo, recalca la necesidad de aumentar los recursos económicos destinados a intensificar las actividades de innovación.
Finalmente, señala que el despliegue de una estrategia nacional de promoción de la innovación requiere de una considerable coordinación, tanto en la etapa de diseño como en la de formulación y ejecución de políticas. Las empresas, sus proveedores y clientes, las universidades, los institutos públicos y privados de investigación y las instituciones financieras deben fomentar sus interacciones, para así lograr sinergias positivas.