Por Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres; José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL; y Citlalli Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres de México. Publicada por El País (España), el 30/09/2025.

(Foto: Una mujer adulta es cuidada por una enfermera. Crédito: FG Trade Latin Getty Images).

Imaginemos que cada barrio del altiplano andino o las islas del Caribe cuentan con jardines infantiles asequibles, centros de día para personas mayores, transporte seguro y que todos los miembros de la familia tienen tiempo para su autocuidado y desarrollo personal. Ese horizonte, donde cuidar es una responsabilidad compartida y existe la infraestructura de cuidado necesaria, no es solo un sueño, es algo que se puede hacer realidad con la hoja de ruta adoptada en el Compromiso de Tlatelolco, durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en agosto en la Ciudad de México.

El acuerdo intergubernamental reconoce que brindar y recibir cuidado y el autocuidado es un derecho humano y una responsabilidad que comparten hogares, comunidades, empresas y Estado. El paradigma de la sociedad del cuidado reconoce la carga desproporcionada de trabajo de cuidados que asumen mayoritariamente las mujeres y propone oportunidades para que millones de mujeres puedan estudiar, trabajar de forma remunerada y participar plenamente en la vida pública.

El Compromiso de Tlatelolco lanza una Década de Acción para el logro de la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado, y traza una ruta para redirigir el financiamiento, reenfocar presupuestos y transformar leyes y prácticas culturales en toda la región.

En la Opinión Consultiva de 2025 (OC-31/25), la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que “existe un derecho autónomo al cuidado” y que “corresponde, por tanto, a los Estados respetar y garantizar este derecho, así como adoptar medidas legislativas y de otro carácter para lograr su plena eficacia”. Esto significa que cada presupuesto, cada reforma fiscal y cada política pública debe alinearse con tres principios ineludibles: progresividad, no regresión e igualdad sustantiva. El cuidado, como la salud o la educación, entra ahora en los derechos humanos que pueden exigirse ante jueces nacionales y, de ser necesario, ante el sistema interamericano.

Para que el derecho a cuidar, a recibir cuidado y al autocuidado se ejerza en los territorios, es necesario mapear la oferta y la demanda de cuidado y mejorar y crear nuevos servicios. Esto es, crear infraestructura con perspectiva de género con base en las necesidades de las poblaciones en el territorio, que es donde la vida cotidiana de las personas se materializa.  

El Compromiso de Tlatelolco llama a movilizar recursos locales, nacionales e internacionales y a impulsar políticas fiscales progresivas que garanticen presupuestos suficientes y sostenidos para sistemas de cuidado integrales.

Este es un llamado a valorar el aporte del trabajo de cuidados -remunerado y no remunerado- al conjunto de la sociedad y medir sus beneficios en términos de bienestar, empleo decente y reformas fiscales.

La visión de avanzada del Compromiso de Tlatelolco y de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana no habrían sido posibles sin la fuerza de quienes llevan décadas poniendo el cuidado en el centro. Los movimientos feministas y de mujeres, las organizaciones indígenas, afrodescendientes y rurales, las redes de mujeres con discapacidad, migrantes, jóvenes y LGBTI+, cuyo empuje constante no permite retroceder en la Agenda Regional de Género. También las personas trabajadoras del cuidado que se han agrupado para expresar sus demandas y todas aquellas mujeres que realizan trabajo de cuidados comunitario de forma cotidiana y comprometida; las académicas feministas, que han postulado la desigual distribución del trabajo de cuidados y demostrado su contribución al sistema productivo y a la riqueza de los países. A su lado, los gobiernos en todos sus niveles -federal, estadual, provincial y municipal- y los parlamentos que han asumido el compromiso de legislar o asignar presupuestos que garanticen el goce efectivo del derecho al cuidado. 

Hoy invitamos a la acción concertada. Pedimos a los parlamentos que aprueben sistemas y políticas de cuidados con recursos suficientes, a los ministerios de Hacienda que asignen presupuestos con perspectiva de género para una efectiva corresponsabilidad, a los gobiernos locales y las comunidades que diseñen infraestructuras de cuidados adaptadas a la diversidad de los territorios, ciudades, pueblos e islas; y a la ciudadanía en su conjunto que haga seguimiento y exija el cumplimiento del derecho al cuidado. También al sector privado, a las empresas grandes, medianas y pequeñas, que asuman la corresponsabilidad social con acciones e iniciativas que respeten el derecho al cuidado y que permitan el desarrollo profesional de las mujeres, quienes tienen muchísimo que aportar al desarrollo productivo de los países.

El Compromiso de Tlatelolco es un hito en la ruta compartida y nos guía a un 2035 con igualdad y justicia social. Si lo honramos, América Latina y el Caribe estará en condiciones de reducir las brechas de género, reducir la pobreza, forjar economías resilientes y promover democracias más sólidas. 

Les invitamos a sumarse -desde sus hogares, sus comunidades, sus gobiernos y sus empresas- para que esta Década de Acción acelere el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado.