El desarrollo social inclusivo es clave para superar la pobreza y reducir las desigualdades

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se hace un llamado a poner fin a todas las formas de pobreza y se expresa un consenso sobre la necesidad de avanzar hacia sociedades más igualitarias, solidarias y cohesionadas.  Se exhorta en particular a “no dejar a nadie atrás”, lo que implica promover un modelo de desarrollo sostenible que incluya a todos, sin discriminaciones de ningún tipo, con especial atención para las discriminaciones de género, etnia, raza, edad o área de residencia.

Según los datos publicados en el Panorama Social de América Latina de la CEPAL, en el último decenio  nuestra región logró importantes avances, reduciendo la incidencia de la pobreza en más de un tercio y bajando la desigualdad del ingreso medida por el coeficiente de Gini en aproximadamente un 10%.

Entre 2002 y 2014, el porcentaje de personas que vive en condiciones de pobreza bajó de 43,9% a 28,2% y el coeficiente de Gini pasó de 0,542 a 0,491. Estos avances resultaron no solo de un contexto de crecimiento económico con creación y formalización del  empleo, sino que también de un contexto político en el cual los gobiernos de los países de la región dieron una alta prioridad a los objetivos de desarrollo social, promoviendo políticas públicas dirigidas a la extensión de la protección social con un horizonte de universalidad, así como políticas activas en el ámbito social y del mercado de trabajo, de carácter redistributivo e incluyente.

También de destacan los avances en el campo educacional, con la universalización casi completa de la educación primaria, la extensión de la matrícula en la educación secundaria y la adopción por algunos países, como Brasil, de políticas de inclusión en la educación técnica, profesional y terciaria de segmentos tradicionalmente excluidos de esas oportunidades, como niños, jóvenes y personas adultas provenientes de hogares con menores recursos, indígenas y afrodescendientes.

No obstante los avances logrados en sus condiciones sociales, América Latina aún se caracteriza por altas cifras de pobreza y desigualdad del ingreso –estas últimas entre las más elevadas del mundo–, así como en otras dimensiones del bienestar.

En particular, las mujeres, los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes, los niños y las niñas, las personas de edad y las personas con discapacidad están sobrerrepresentadas en situaciones de discriminación, carencia y vulneración de derechos. A esto se suma que en la actualidad la región está experimentado un crecimiento económico negativo y que el proceso de reducción de la pobreza parece estar revirtiéndose: CEPAL ha proyectado un aumento del porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza hasta el  29,2% de la población en 2015.

Frente a los grandes retos de carácter estructural, que se vuelven aun más complejos en el actual contexto de desaceleración económica, la CEPAL en su último documento presentado en el Trigésimo sexto período de sesiones, Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, ha abogado por una reorientación del paradigma del desarrollo, en el cual la igualdad debe constituir el objetivo central y es condición indispensable para lograr una región sin pobreza.

En particular, en el informe Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe, presentado en la Conferencia Regional Sobre Desarrollo Social de 2015, la CEPAL advierte que, desde un abordaje de la pobreza que sitúa la igualdad en el centro, los avances en su reducción son frágiles y reversibles si no están acompañados por políticas públicas y una sólida institucionalidad social que promuevan la generación de empleo y trabajo decente, el acceso a servicios básicos, como salud, educación, vivienda, agua potable, electricidad y saneamiento, y el fortalecimiento de los sistemas de protección social.

Al contraerse el crecimiento económico y la creación de empleo, no habrá que caer en el error de recortar drásticamente el gasto social. A pesar de las dificultades de la actual coyuntura, el compromiso con la superación de la pobreza y la reducción de las desigualdades supone consolidar las estrategias, políticas y programas de desarrollo social inclusivo, garantizando la necesaria inversión social.

El compromiso de los países con la Agenda 2030  no admite retrocesos en lo social. Es fundamental ampliar los consensos en esa área, lo que también supone, en forma urgente, transitar de la cultura del privilegio, que históricamente ha caracterizado las sociedades latinoamericanas y caribeñas,  a una cultura de la igualdad.