La región, reconocida globalmente como la más desigual económicamente, con los más altos grados de urbanización, y con una gran segregación residencial en sus ciudades, se ha visto impactada por la pandemia en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica (CEPAL, 2020). La crisis sanitaria y económica ha puesto las desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud y protección social aún más en evidencia, además de traer desafíos socioeconómicos exponiendo a los grupos más vulnerables de la población a riesgos y adversidades más graves, incluso, que lo que ya experimentaban. La capacidad de los sistemas de salud para enfrentar la pandemia en la región es muy desigual y algunos países pueden ser particularmente más vulnerables que otros al posible impacto de la pandemia (Burki 2020). En general, los retos van desde acceso al agua potable y equipo de protección personal (EPP) a números insuficientes de respiradores o lechos en unidades intensivas de tratamiento.
En este contexto, y sin ser exhaustivos, es importante considerar los posibles efectos de la pandemia y la crisis socioeconómica subsecuente sobre los componentes de la dinámica demográfica, como la fecundidad, la mortalidad y la migración, así como impactos probables en el volumen de la población y su estructura etaria.
No caben dudas que el Covid-19 ha aumentado la mortalidad en la región, se contabilizan a la fecha más de 133 mil muertes debido a la nueva enfermedad. Aunque ese valor parezca bajo comparado con la estimación promedio anual, para el período 2015-2020, de 4,2 millones de muertes esperadas en 2020 (United Nations, 2019a), al observar el exceso de defunciones totales contrastando las cifras de un mismo mes en 2019 y 2020, los valores son significativamente mayores y preocupantes (Lima, et al. 2020). En Chile, por ejemplo, si comparamos las defunciones mensuales de 2020 con relación a 2019, en abril son 4% mayores, en mayo 21,7% y en junio 51,4% (DEIS 2020). Esa crisis sanitaria, sin precedentes en la historia reciente de la región, todavía es inminente y muy probablemente afectará los niveles de mortalidad y la esperanza de vida en los países.
En cuanto a la fecundidad, si consideramos el impacto en la tasa global[1], podría observarse una disminución en función del impacto en las decisiones reproductivas y la postergación de la maternidad frente a las incertidumbres económicas asociadas a la crisis; pero todo dependerá del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, en particular a los métodos anticonceptivos, y la duración de la crisis. Sin embargo, aún con fluctuaciones, la tendencia hacia el descenso en los niveles de fecundidad que experimenta la región, en principio no se vería afectada. En general, en tiempos de shocks, como fue el caso reciente de la epidemia de Zika en 2016 en Brasil (Castro, et al., 2018 y Marteleto, et al. 2020), el número de nacidos vivos disminuye en algún momento después del comienzo del brote, en general 9 meses, volviendo al nivel esperado más tarde. Esto fue registrado por Stone (2020) en otros momentos de brotes epidémicos y por Adsera y Menendez (2011) y Lee (1990) en momentos de crisis económicas.
En cuanto a la migración, la región tiene una estimación de saldo migratorio negativo de 2,61 millones para el quinquenio 2015-2020 (United Nations, 2019a), o sea, en promedio, anualmente se estima que la región pierde 521 mil habitantes. Los efectos a corto plazo de la pandemia están relacionados con las dificultades de movilización entre los países, que cerraron sus fronteras, incluso al retorno. Asimismo, con la vulnerabilidad de las poblaciones migrantes por sus condiciones de vida, acceso a servicios sociales y estigmatización que están sufriendo varias comunidades, en particular aquellas donde residen personas en forma irregular.
Los países de América Latina han respondido de manera distinta a la hora de enfrentar la pandemia de Covid-19, con diferentes niveles de infectados y mortalidad, incluso al interior de los países. La crisis ha puesto en evidencia una vez más la gran necesidad de sistemas robustos de recolección y difusión de datos con desgloses a nivel subnacional por edad, sexo y por causas de muerte. El rápido monitoreo de los hechos vitales ha sido fundamental para definir los planes de acción para enfrentar la crisis y los países que registran hechos de manera completa han tenido mayores herramientas para tal monitoreo. Es necesario continuar con los esfuerzos de recolección y análisis de los datos y actuar estratégicamente para contener la crisis y comprender mejor el alcance de la pandemia en la población, y cómo las consecuencias económicas y sociales de ésta afectarán la dinámica poblacional en el futuro.
La región se encuentra aún sometida a grandes incertidumbres sobre la magnitud de las consecuencias económicas, sociales y de salud física y mental que resultarán de la pandemia. No cabe dudas de que esta situación ha generado no solo una contracción considerable de la actividad económica, que tiene impactos diferenciados en la población, sino también una agudización de las condiciones de vulnerabilidad que afecta y menoscaba los derechos de algunos grupos de población específicos, sin dejar de considerar la perspectiva de género, étnico-racial, generacional y territorial.
En este contexto, el CELADE-División de Población de la CEPAL está elaborando una serie de boletines acerca del impacto del COVID-19 sobre algunos grupos poblacionales que históricamente ya se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad como las personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas y afrodescendientes, y que podrían ser afectados de manera más dura por la crisis, con un potencial efecto de aumento en la desigualdad.
Asimismo, bajo el ámbito de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (CRPD), se está considerando la realización de eventos virtuales con el fin de analizar el escenario sociodemográfico de los países de la región en el marco de la crisis del COVID-19 y sus posibles impactos –en el corto, mediano y largo plazo– en grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad, a la luz de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
