Exhortaron a adoptar medidas eficaces contra la discriminación por edad, y a eliminar las dificultades y obstáculos que aún persisten en la región y que menoscaban la participación de las personas mayores en la vida política, social, económica y cultural y sus derechos humanos (párrafo 7).
Instaron a los Gobiernos a incorporar de manera transversal en sus políticas, planes y programas de desarrollo el tema del envejecimiento, a implementar políticas específicas para las personas mayores con enfoque de derechos, de género, interseccional, intercultural, así como de curso de vida, y promover su autonomía e independencia (párrafo 8).
Instaron también a reconocer la brecha digital que afecta a las personas mayores, y ratificaron el compromiso con el desarrollo de sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, que viabilicen el acceso garantizado, sin discriminación, a una salud de calidad, vivienda y servicios básicos (párrafos 9 y 11).
Asimismo, instaron a reforzar la capacidad de las instituciones nacionales rectoras en materia de envejecimiento, vejez y personas mayores, otorgándoles las competencias, atribuciones y recursos necesarios para contribuir a garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos humanos de las personas mayores, así como fortalecer los registros administrativos, facilitar la recolección de datos, la elaboración de estadísticas y la gestión de información cualitativa desagregada por sexo, edad y factores relevantes, según sus particularidades y contexto nacional, con el fin de mejorar la evaluación y el monitoreo de la situación de este grupo poblacional y fortalecer la elaboración de políticas sensibles a sus necesidades (párrafo 19).
Reconocieron el papel crucial de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el sector académico en la implementación, el seguimiento, los procesos evaluativos y la difusión del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (párrafo 25).
En virtud de un histórico anhelo de América Latina y el Caribe, la Declaración de Santiago abogó también por avanzar en la propuesta de un instrumento jurídico multilateral con el fin de fortalecer el régimen internacional de protección a las personas mayores (párrafo 22).
Véase la Declaración de Santiago [en línea]
