La inclusión de la población juvenil en los procesos de desarrollo es fundamental para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y cohesionada. La población joven representa cerca de 160 millones de personas en la región, en una proporción que seguirá siendo muy significativa en muchos países en las próximas décadas. Sin embargo, la juventud en América Latina y el Caribe enfrenta desafíos persistentes arraigados en la desigualdad que afectan su capacidad de alcanzar su pleno potencial. A pesar de los esfuerzos por mejorar el acceso a la educación, persisten brechas estructurales, especialmente en el desarrollo de capacidades y en su transición hacia el mundo laboral. Las oportunidades económicas siguen siendo limitadas, con altas tasas de desempleo y trabajo informal, así como condiciones laborales deficientes y un acceso restringido a los sistemas de protección social, afectando de manera particular a las juventudes en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres jóvenes. Esas inequidades perpetúan ciclos de desigualdad que obstaculizan el desarrollo pleno de la juventud en la región, lo que subraya la necesidad urgente de respuestas que promuevan el desarrollo social inclusivo y sostenible.
Asimismo, a pesar del creciente reconocimiento de la importancia de la participación de las juventudes, persisten obstáculos para su involucramiento pleno en la toma de decisiones, en particular, a la hora de garantizar que su participación sea significativa e inclusiva en todos los sectores. Las mujeres jóvenes, los jóvenes con discapacidad, los afrodescendientes y los jóvenes migrantes se enfrentan a menudo a obstáculos adicionales que dificultan su acceso a los espacios nacionales de formulación de políticas.
Tomando en cuenta que el futuro de la región está vinculado a la inclusión y participación efectiva de las personas jóvenes, cobra relevancia la priorización de acciones para este grupo de población, con miras a erradicar las brechas existentes en cuanto a inclusión social, a su capacidad de acceder y formar parte activa en procesos de tomas de decisiones y, también, en asegurar su desarrollo pleno, bienestar y goce de derechos.