Honduras: el papel de los municipios en el combate a la pobreza

En el marco del Proyecto Pobreza urbana: estrategia orientada a la acción para los gobiernos e instituciones municipales de América Latina y el Caribe" se realizó el presente trabajo sobre el sistema municipal y la superación de la pobreza y precariedad urbana en Honduras. El objetivo principal de la investigación fue identificar las capacidades, fortalezas y debilidades que presenta el sistema municipal de Honduras, para desarrollar y colaborar en acciones y programas para superar la pobreza. Honduras es uno de los países con menor ingreso per cápita de América Latina (700 dólares anuales). El crecimiento promedio de la economía hondureña en el período 1991-2000 fue 3,2% por año, pero el crecimiento promedio anual de la población fue de 3,3% en el mismo período, por lo que el PIB per cápita permaneció estancado. En primer lugar la Ley de Municipalidades no asigna casi ninguna función relevante a los mismos, y en los hechos su existencia no resulta significativa en términos del combate a la pobreza, salvo algunas pocas excepciones puntuales en el caso de educación y salud. En segundo lugar, la Constitución establece la autonomía municipal, y el gobierno a través de Corporaciones elegidas por los habitantes de cada uno de los municipios, y si bien impide la sanción independiente de "impuestos", los que requieren ser aprobados por el Gobierno Nacional, otorga a los municipios facultades bastantes amplias para la aplicación de tasas retributivas de servicios, así como para el cobro de las contribuciones de mejoras. En tercer lugar, si bien la Corporación Municipal es el órgano que analiza y emite regulaciones municipales y constituye la máxima autoridad en los municipios, bajo la administración del Alcalde y de los Regidores, el grado de independencia política respecto del Gobierno Central resulta ser tan débil que produce una inestabilidad laboral que afecta a todos los niveles y constituye un gran limitante para mejorar el grado de eficiencia de la acción de las municipalidades. En cuarto lugar, el proceso de descentralización fiscal en Honduras no puede ser analizado de manera independiente de la marcha de las finanzas del Gobierno Central. En ese sentido resulta evidente que todo proceso de descentralización implica un riesgo potencial de desvío en cuanto al nivel de las erogaciones y recursos nacionales que sólo puede ser asumido bajo circunstancias de un estricto control fiscal. En quinto lugar, el porcentaje de las transferencias del Gobierno Central a los municipios establecido en la Ley de Municipalidades, no se ha venido cumpliendo, incorporando así un elemento de incertidumbre y discrecionalidad en el manejo de las finanzas municipales. Por otra parte, si bien los criterios de distribución secundaria establecidos resultan ser de sencilla aplicación, los mismos no brindan ningún estímulo a los municipios para que estos incrementen sus recursos propios. En sexto lugar, los municipios tienen un ámbito limitado de competencias propias en el cual desarrollarse, estando las mismas focalizadas en brindar bienes y servicios semipúblicos a sus habitantes, si bien en los últimos años se han desarrollado algunas experiencias en materia educativa que sería conveniente que sean impulsadas con mayor fuerza. Este conjunto de elementos -cantidad y tamaño desigual, ausencia de información estadística muchas veces no consistente, influencia del entorno político y debilidad macrofiscal-, constituyen un punto de referencia inicial que debe ser tomado en consideración por las autoridades gubernamentales a la hora de adoptar decisiones tendientes al fortalecimiento y descentralización municipal con el objetivo de combatir los altos niveles de pobreza existentes. El proceso de transformación municipal en el país, sustentado sobre la base de una mayor descentralización y fortalecimiento de los municipios, enfrenta una serie de obstáculos y desafíos que requieren ser conocidos de manera previa para poder formular las recomendaciones del caso."