Movilidad internacional de personas y protección social

Este trabajo analiza el acceso a la protección social de los migrantes internacionales latinoamericanos desde una doble perspectiva. Por un lado, la de no discriminación en relación a los nativos de los países de destino y por otro, la de las políticas migratorias y de protección social en la medida que contribuyen a una mejor inserción social de los migrantes y sus familias.Se desarrolla en tres partes. La primera, identifica la asimetría existente a nivel global en el tratamiento de los movimientos internacionales de personas en comparación con los de bienes, servicios y capitales. Identifica las tendencias, orígenes y destinos de las migraciones de latinoamericanos, en cuanto son determinantes para analizar las políticas de protección en los países de destino y en la interrelación de las políticas acordadas entre los países de origen y destino. La segunda parte analiza el acceso de los migrantes a la protección social y su comparación con la situación de los nacidos en los países de destino. Este análisis se efectúa para once países latinoamericanos en base a encuestas de hogares disponibles en la CEPAL entre 2003 y 2005. Ello permite examinar las brechas existentes en el acceso a la protección social y en la inserción laboral para los países y para el conjunto de la Región teniendo en cuenta las diferencias en las características personales y en la inserción laboral entre los migrantes y los nativos. Se utiliza también la información proveniente de los estudios de Argentina, Costa Rica y México efectuados en el marco del proyecto CEPAL/BID. La tercera parte se refiere a las políticas migratorias para la integración social distinguiendo tres niveles en los acuerdos multilaterales o subregionales. El libre movimiento internacional de personas y su relación para fijar residencia en países diferentes a los de nacimiento. Ello amplía el campo de análisis de las migraciones de trabajadores al de las personas y sus familias. Los acuerdos y políticas para la regularización de los migrantes en situación irregular como requisito para el acceso a la protección social. Por último, la coordinación de la seguridad social entre países como mecanismo para evitar la discriminación y asegurar el reconocimiento de los derechos adquiridos durante la vida laboral.El trabajo concluye destacando lo siguiente. Confirma la asimetría existente entre la liberalización de los movimientos internacionales de personas y la de otros factores y bienes y fundamenta la necesidad de disminuirla en función de su contribución potencial a la eficiencia y a la equidad entre los países. Concluye que las diferencias en el acceso a la protección social entre migrantes y nativos no resultan significativas cuando se analizan de manera agregada. Sin embargo, cuando se homogeneizan las características personales y la forma de inserción dichas diferencias emergen. Destaca la influencia de los países de origen y destino en la determinación de las diferencias. En general, los migrantes intra latinoamericanos están en condiciones inferiores que los que vienen del resto del mundo, pero aún entre los primeros, existe diferenciación según el grado de desarrollo del país de procedencia. En materia de políticas para avanzar hacia una movilidad internacional protegida y sin discriminación, el trabajo recomienda avanzar en la libre circulación de personas, regularizar los irregulares y promover la movilidad mediante una protección social garantizada como derecho y transferible entre países. Destaca la política comunitaria de la UE y los acuerdos de MERCOSUR en materia de libre circulación y derechos de residencia. En materia de regularización recoge la experiencia de las políticas seguidas por España y por Argentina, de regularizaciones periódicas junto con la conversión de la política de expulsión en una alternativa de última instancia. Por último, el avance en la movilidad protegida a partir de los derechos se fundamenta en base a las políticas de España, siguiendo los lineamientos comunitarios y a los acuerdos de MERCOSUR, el CAN y el reciente ACUERDO MULTILATERAL IBEROAMERICANO. Ellos proporcionan marcos normativos útiles para avanzar en una circulación internacional de personas más ordenada y gobernable.