Descripción
El presente documento pretende ser un resumen integrado de los estudios de países desarrollados por los consultores respectivos (ver referencias). Dos puntos específicos son abordados. El primero es la descripción de los hechos estilizados en torno al tema que nos ocupa en los casos de Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala, Paraguay y Perú. Ello supone no solo describir las instituciones vigentes que dan forma a la distribución de competencias (políticas, administrativas y fiscales) al interior de cada país, sino también discutir los factores que favorecen (desfavorecen) la descentralización en cada caso. El segundo punto aborda una descripción panorámica de los cinco servicios bajo análisis. Una hipótesis básica que subyace en el estudio, es que si bien la descentralización es deseable en beneficio de la eficiencia en la gestión pública, el grado en el cual deba profundizarse es función de múltiples factores idiosincrásicos del país en cuestión. Por una parte, el grado de desarrollo tanto en la esfera económica como institucional es un determinante clave en el grado de factibilidad política de conceder mayores competencias a los niveles inferiores de gobierno. Por la otra, la extensión geográfica del país en cuestión, la densidad poblacional y el grado de diversidad económica, étnica y cultural en el territorio, son también importantes en la evaluación de si es pertinente avanzar hacia mayores grados de descentralización. Tal como se destaca de los informes de los cuatro países analizados, el estudio releva una dimensión específica del problema, cual es la descentralización a nivel de servicios específicos. Ello agrega un componente propio al análisis, el cual trasciende la sola descripción del tema en la esfera general, examinado las particularidades que cada servicio tiene sobre la materia. Por su parte, el carácter multiétnico y de gran heterogeneidad económica e institucional al interior de cada país analizado, sugiere que si bien la descentralización es deseable, esta debe ser selectiva, distinguiendo entre jurisdicciones susceptibles de ser favorecidas con más competencias y recursos, de aquellas que deben mantener su dependencia con el nivel central o alguna instancia intermedia de gobierno.