Las nuevas medidas de seguridad y sus efectos en las exportaciones agroalimentarias

El presente estudio trata sobre los efectos de las nuevas medidas de seguridad de Estados Unidos contra el bioterrorismo, en las principales exportaciones agroalimentarias de Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Bolivia. Del mismo modo, analiza el impacto económico en los países como consecuencia de los cambios y ajustes realizados para dar cumplimiento a estas nuevas exigencias.Tiene por finalidad contribuir a fortalecer la capacidad de los actores del comercio, las agencias de gobierno y el sector privado para comprender, evaluar y adecuarse a las nuevas regulaciones que resultan de la implementación de medidas de seguridad ante la amenaza del bioterrorismo.El estudio fue desarrollado sobre la base de información facilitada por las principales empresas exportadoras, asociaciones de productores y exportadores, organismos de comercio exterior, autoridades sanitarias, entidades de cooperación, entre otros, a través de encuestas y entrevistas realizadas en las misiones a Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Los resultados y las conclusiones fueron enriquecidos y validados en el Taller sobre Seguridad Marítima y Portuaria, Bioterrorismo y sus Efectos en las Exportaciones Agroalimentarias, organizado por la oficina de la CEPAL en Washington, en diciembre de 2005, en Lima, Perú.Sobre el particular, los países considerados en el estudio han dispuesto una serie de acciones para facilitar el cumplimiento de las normativas de la Ley de Bioterrorismo. Entre las acciones más importantes, destaca la capacidad de algunos países en el establecimiento de alianzas público - privadas para la atención conjunta de los nuevos requerimientos. Las acciones de estas alianzas y las del sector privado organizado facilitaron notablemente la implementación de las normativas, reduciendo el impacto de los costos asumidos por las empresas.De esta forma, las exportaciones de alimentos a Estados Unidos no se han visto afectadas directamente por la aplicación o incumplimiento de las normativas de la Ley de Bioterrorismo (registro de instalaciones y notificación previa);. Se denota un importante esfuerzo de los países en el cumplimiento de las normativas, pese a haberse contado con una serie de problemas en su implementación.Los principales problemas identificados en la implementación se relacionan con la puesta en vigencia de las normativas sin contar con sus versiones definitivas, falta de claridad en ciertas disposiciones relevantes (funciones del agente en el registro de instalaciones, excepciones para el envío de la notificación previa, exigencias en materia de establecimiento y mantenimiento de registros para las empresas extranjeras);, sistemas de registro y de envío de notificación previa revisados en plena vigencia de las normas, saturación del sistema de notificación previa en ciertas horas del día, uso de medios electrónicos en lugar de los convencionales y limitaciones por el idioma inglés.Otros inconvenientes identificados se relacionan con las capacidades internas de los países para atender las normativas, como el apoyo reducido de las autoridades sanitarias en la implementación de las normativas y disposición de medidas adicionales, escasa articulación de las autoridades sanitarias con la FDA, reducida capacitación a nivel de la cadena, escasos centros especializados que faciliten información oportuna y actualizada sobre regulaciones sanitarias, así como la ausencia de protocolos simples que integren elementos de inocuidad, calidad y seguridad.De acuerdo a la información facilitada, el costo promedio de implementación de las normativas de bioterrorismo por empresa asciende a US$ 8.387,1 para el año 2003, costo que corresponde prácticamente al aprendizaje de las normativas, registro de instalaciones, e implementación de medidas adicionales. El costo promedio para los dos años sucesivos de vigencia de las normativas, es de U$ 3.402,7, correspondiente al envío de notificaciones previas y al mantenimiento de las medidas adicionales adoptadas. Estas estimaciones difieren de las realizadas por la FDA, que asciende a US$ 6.149,7 por empresa, básicamente por que no considera otros efectos en los países, como la atención conjunta de las normativas y la adopción de medidas adicionales, que resultan relevantes en la estructura de costos.Entre los efectos beneficiosos de la aplicación de las normativas en los países, destaca la capacidad de respuesta conjunta (público - privada); ante dificultades y amenazas, mayor articulación entre los actores de la cadena (trazabilidad);, mayor acercamiento del exportador con el importador y clientes, mayor eficiencia de las empresas facilitando el acceso a otros mercados.Convoca a una mayor atención de los países, los distintos problemas de inocuidad que presentan las exportaciones alimentarias en destino, por cuanto éstos resultan de mayor impacto en las exportaciones alimentarias, con efectos que restan la buena imagen de los países y dificultan el acceso a los mercados, afectando sus planes de inserción competitiva en la economía mundial.La infraestructura de inocuidad alimentaria de los países, ofrece también el medio para prevenir y mitigar el sabotaje en la cadena alimentaria, haciendo más evidente la importancia de fortalecerla, facilitando procesos para la implementación y/o el perfeccionamiento de prácticas o sistemas que minimicen los riesgos de contaminación, intencional y no intencional, a nivel de las cadenas alimentarias. En esta dirección, los países verán fortalecidos sus capacidades para la atención conveniente de las medidas sanitarias, protegiendo la salud de los consumidores y facilitando el acceso a los mercados.