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Estudio de la CEPAL analiza incremento de solicitudes del subsidio por enfermedad en Uruguay

Trabajo se realizó en el marco de un convenio entre el organismo y el Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno uruguayo.

14 de junio de 2017|Noticia

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Foto de una consulta médica
Foto: EFE/Robin Townsend

A partir de 2010, las solicitudes y erogaciones del subsidio por enfermedad en Uruguay han tenido un significativo aumento. Los factores que explican este incremento son variados y responden a una serie de cambios que han afectado a este programa gubernamental, según un reciente estudio publicado por la CEPAL.

En el informe Estudio sobre el subsidio por enfermedad en Uruguay, escrito por Verónica Amarante, Directora de la oficina de la CEPAL en Montevideo, y Andrés Dean, consultor del organismo, se analizan estos factores y el impacto que han tenido las modificaciones en los últimos años. Se realizó en el marco de un convenio entre la CEPAL y el Gobierno de Uruguay (Ministerio de Economía y Finanzas), con participación además del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Previsión Social.

El estudio, que estará próximamente disponible en el sitio web de la CEPAL, incluye una revisión de los aspectos teóricos vinculados con los subsidios por enfermedad, entrega evidencia internacional sobre los diseños de estos instrumentos y sus efectos, presenta y analiza comparativamente el sistema uruguayo, muestra su evolución reciente y finalmente modeliza la probabilidad de utilización del subsidio por enfermedad, incluyendo una variable que intenta reflejar la existencia de un comportamiento abusivo por parte de los trabajadores. La investigación se basa en los registros administrativos del programa del subsidio por enfermedad proporcionados por el Banco de Previsión Social (BPS).

Según los autores, dilucidar las razones del aumento en las solicitudes del subsidio resulta complejo, debido a los mencionados cambios que afectaron al programa. En 2010 se unificó la forma de certificación para el subsidio por enfermedad en todo el país, pasando a ser realizada directamente por los prestadores integrantes del Sistema Nacional de Salud, que son responsables de remitir al BPS la información necesaria. Hasta ese momento, en Montevideo el trabajador debía realizar un trámite presencial ante la oficina del BPS para validar la prestación, mientras que en el resto del país funcionaba la certificación directamente por parte del prestador. Esta modificación implicó por lo tanto una disminución en los costos de transacción que enfrentaba el trabajador de Montevideo al pedir licencia.

Por otro lado, el tope máximo del subsidio de enfermedad fue modificado de manera casi simultánea: se incrementó de tres a cuatro Bases de Prestaciones Contributivas (BPC) a partir de enero de 2011, y desde entonces se aumentó en una BPC en enero de cada año, hasta alcanzar un máximo de ocho BPC en 2015, lo que ha implicado un crecimiento significativo del tope en términos reales.

Adicionalmente, este período ha estado marcado por el aumento de la cantidad de trabajadores que cotizan a la seguridad social y por el dinamismo del mercado laboral en términos de crecimiento del salario real y baja tasa de desempleo, factores que se asocian sistemáticamente con un aumento en la utilización de los subsidios por enfermedad de acuerdo a la literatura tanto para países desarrollados como en desarrollo.

La investigación concluye que se confirman para Uruguay algunas regularidades ya detectadas en otros países. La utilización del instrumento es superior entre las mujeres, y también está asociada con el ciclo económico: a menor tasa de desempleo en el departamento de residencia del trabajador -lo que implica una menor percepción de riesgo de pérdida del empleo-, mayor probabilidad de uso del subsidio. Según el estudio, de la evidencia presentada no surge ningún indicio de presencia de riesgo moral o uso abusivo del subsidio, al menos en relación con la superposición con días de vacaciones escolares o cercanías con el fin de semana. Los autores señalan que la no detección de comportamientos oportunistas indica que el actual diseño del subsidio no estaría favoreciendo este tipo de conductas.

El análisis econométrico realizado indica que el cambio regulatorio de 2010 en el departamento de Montevideo tuvo un impacto positivo y significativo tanto en la cantidad de solicitudes de licencia como en la duración de las mismas, pero la magnitud de dicho impacto fue muy bajo. Por lo tanto esta modificación estaría explicando solamente una proporción muy baja del aumento en las solicitudes de licencias por enfermedad y relativamente menor en el incremento de las erogaciones del programa. En todo caso, el incremento en el gasto parece vincularse directamente con el aumento de los topes máximos, que a su vez podrían haber inducido a una mayor solicitud de la prestación, al operar como un descenso en el deducible para un conjunto de trabajadores.

La información analizada en el estudio también permitió ilustrar sobre la gran dispersión entre los prestadores en relación a los días de licencia asociados a las diferentes dolencias, así como ordenar a estos prestadores en función de la generosidad en cuanto a días otorgados. Los autores señalan que similares análisis, u otros de mayor profundidad y ajustados a las inquietudes de quienes monitorean el programa, podrían realizarse en base a la información relativa a los profesionales encargados de las certificaciones.

Agregan que este ejercicio ilustra sobre la riqueza de la información contenida en estos registros y sugiere la conveniencia de diseñar e implementar mecanismos automatizados de control, por ejemplo para detectar desvíos en términos de prestadores o incluso profesionales, y habilitar así sistemas inspectivos o de corrección.

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