CEPAL analiza la protección social y el acceso a bienes y servicios públicos en zonas rurales de Colombia

Dos nuevos documentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) identifican las principales brechas de protección social y acceso a bienes y servicios públicos en las zonas rurales de ese país y realizan recomendaciones para ayudar a cerrarlas.

Los estudios fueron elaborados por la Oficina de la CEPAL en Colombia en el marco de un convenio de cooperación técnica con el Departamento Nacional de Planeación como contribución a la Misión para la Transformación del Campo, una iniciativa del Gobierno que busca superar las limitaciones que persisten en el área rural y definir políticas públicas para ese sector de cara a los próximos 20 años.

En el documento La protección social de la población rural en Colombia: una propuesta desde la perspectiva de las familias y sus necesidades se analizaron las principales brechas en la protección de los pobladores rurales y se replicaron algunos ejercicios realizados para América Latina por organismos internacionales, entre ellos la CEPAL, para caracterizar más detalladamente los hogares rurales, de acuerdo con sus estructuras familiares, de edad y de ocupación.

Los resultados evidencian una significativa brecha urbano-rural en la protección social y muestran que, a pesar de mejoras recientes, las transferencias directas del Estado no han logrado reducir las desigualdades ni han llegado adecuadamente hasta los hogares rurales.

Esta situación se ve reforzada por las características del mercado laboral en el campo colombiano, donde el sector agropecuario representa 51% del empleo total y existe un gran porcentaje de ocupados por cuenta propia (50%) y con bajo logro educativo (56%). Además, el ingreso laboral de los ocupados rurales es inferior al del sector urbano, y a esto se añade una menor participación de las mujeres en el mercado laboral.

Ante ello, se proponen políticas para proteger el ingreso familiar, fomentar la formalización del trabajo, implementar instrumentos más flexibles para acceder a la seguridad social formal, relevar la importancia del cuidado como bien social y garantizar ingresos a las personas mayores.

El segundo estudio, titulado Bienes y servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia: brechas y políticas públicas, identifica que las mayores brechas en acceso a bienes y servicios públicos sociales entre el campo y las áreas urbanas se presentan en hábitat (vivienda y servicios domiciliarios), mientras que en educación y salud son significativas pero menores y con disminuciones progresivas en las últimas décadas.

Se propone avanzar hacia la inclusión de habitantes y territorios rurales por medio de propósitos y reglas públicas claras, con arreglos institucionales que así lo favorezcan, e introducir innovaciones a través de modelos flexibles y rutas diferenciadas de protección social, adaptadas a condiciones territoriales y a poblaciones diversas.

Según el documento, el cierre de brechas básicas tendría un costo adicional en inversión pública anual de 0,4% del PIB durante el período 2015-2020, con aumentos progresivos hasta alcanzar 0,54% del PIB entre 2030-2035. Junto a ello, se propone introducir reformas a las principales fuentes financiamiento para que su asignación sea aún más progresiva según el nivel de ruralidad y de pobreza de los territorios.