11-12 Oct 2019 San Jóse, Costa Rica | Reuniones y seminarios técnicos
El compromiso global por el desarrollo sostenible es la fuerza que impulsa a la Agenda 2030. En este ámbito, los derechos de acceso a la información, la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales son la piedra fundamental de las sociedades democráticas y juegan un rol crucial para combatir la desigualdad y alcanzar el desarrollo sostenible, indicaron hoy autoridades de gobiernos, expertos de organismos internacionales y de la sociedad civil durante un evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 2019, que se realiza en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
La reunión titulada “Estableciendo derechos ambientales para los más vulnerables”, fue co-organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI), el Gobierno de Costa Rica, la Iniciativa de Acceso, Namati, CIVICUS-Alianza Mundial para la Participación Ciudadana y DAR-Perú. En ella se abordó la importancia del Acuerdo de Escazú, aprobado en marzo de 2018 con la participación de 24 países de la región y actualmente en proceso de firma y ratificación, como instrumento legal inédito para asegurar precisamente los mencionados derechos de acceso en asuntos ambientales.
El evento fue moderado por Diane Quarless, Directora de la Sede Subregional de la CEPAL para el Caribe, en representación de la Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena. Participaron también el Embajador Rodrigo Carazo, Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas; Verónika Bustamante, Consejera de la Delegación Permanente de Perú ante la ONU; Yineth Balanta, presidenta del consejo comunitario de la villa de Yolombó, Suárez, Colombia; y Gabriela Burdiles, abogada y directora de proyectos de la organización no gubernamental FIMA.
En su intervención, Diane Quarless recordó que durante la última década, la CEPAL ha puesto a la igualdad en el centro del desarrollo, ya que se trata de un principio ético no negociable desde una perspectiva de derechos. “La reducción de la desigualdad no es solo un imperativo ético, sino también un requisito de efectividad y eficiencia necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible y asegurar que nadie quede atrás. La desigualdad es una barrera para el desarrollo”, dijo.
Explicó que hoy es más evidente que nunca que la degradación medioambiental -cuyos efectos se acentúan con el cambio climático- está teniendo un impacto más severo en los grupos más vulnerables, especialmente los más pobres y excluidos.
En este ámbito, Quarless destacó la importancia del Acuerdo de Escazú, que a la fecha ha sido firmado por 17 países y ratificado por Guyana el 18 de abril de 2019 (el primer país en hacerlo). En nombre de Alicia Bárcena felicitó de manera especial a San Vicente y las Granadinas por haber firmado el texto el viernes 12 de julio recién pasado. “Con ello ha reafirmado su liderazgo y compromiso con el desarrollo sostenible”, declaró.
“El Acuerdo de Escazú se centra en las personas y los grupos en situación vulnerable, buscando no dejar a nadie atrás. De esta forma, es un hito fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, enfatizó la representante de la CEPAL.
En tanto, el Embajador Rodrigo Carazo señaló que las disposiciones contenidas en este acuerdo y la centralidad de los derechos de acceso en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no podrían haber sido más relevantes en el contexto del tema del actual Foro Político de Alto Nivel, que es empoderar a las personas y asegurar la inclusión y la igualdad.
“En efecto, no solo es el primer acuerdo ambiental del mundo en incluir una definición de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, o el primero en incorporar garantías para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, sino que muchas de sus cláusulas relativas a la información medioambiental, la participación pública en asuntos ambientales y el acceso a la justicia son cruciales para desarrollar instituciones responsables y transparentes en todos los niveles, asegurar una toma de decisiones oportuna, inclusiva y participativa, y promover y hacer cumplir leyes y políticas no discriminatorias para el desarrollo sostenible”, declaró el Embajador.
En tanto, Yineth Balanta llamó a los Estados a proteger a los defensores ambientales, para lo cual es vital que se comprometan con el Acuerdo de Escazú. “Yo por lo pronto considero que debo continuar aquí apoyando a la comunidad, al proceso y al resto de mi familia que todos los días luchamos en este país para que un día la situación de inequidad y desigualdad, para que el racismo, el patriarcado y sobre todo la política de la muerte un día la podamos transformar en una política que cuide la vida, que respete el medio ambiente, la casa grande”, indicó.
Verónika Bustamante señaló por su parte que el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad para Perú ya que permite la consolidación y fortalecimiento de las prácticas contenidas en el marco nacional sobre acceso a la información, la participación pública y a mecanismos de justicia ambiental. También promueve la cooperación entre los Estados y la construcción de capacidades con el fin de tener un estándar común para la implementación de los derechos de acceso, agregó.
“Perú está comprometido con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido, el Acuerdo de Escazú es una gran contribución a la Agenda 2030, en particular al ODS 16 que promueve sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Debe notarse además que este Acuerdo también contribuye a la lucha frontal contra la corrupción”, declaró.
Por su parte, Gabriela Burdiles habló sobre las barreras que enfrentan los grupos vulnerables para acceder a la justicia en asuntos ambientales y cómo el Acuerdo de Escazú fijó estándares en esta materia. “El acceso a la justicia tiene que ver con la obligación de los Estados de remover todas barreras que impiden a las personas hacer valer sus derechos, con el fin de obtener soluciones oportunas y justas. Las emergencias ambientales requieren soluciones inmediatas porque, de lo contrario, el daño puede empeorarse y puede traer consecuencias irreversibles para las personas y la misma naturaleza”, precisó.
