30 Sep-3 Oct 2019 Cidade do México, México | Conferencias y reuniones de órganos subsidiarios
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), propuso hoy avanzar en el diseño de una agenda regional de desarrollo social inclusivo que permita alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, aprobada por la comunidad internacional en 2015.
La máxima representante de la CEPAL presentó ante ministros y ministras de Desarrollo Social de la región el documento de posición Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo, que anima los debates de la Segunda Reunión de la Conferencia sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe que se celebra entre el miércoles 25 y el viernes 27 de octubre en Montevideo, Uruguay.
El nuevo estudio de la Comisión aborda el doble desafío de la inclusión social y laboral, que implica acceder a los beneficios del desarrollo y el ejercicio pleno de derechos. Según datos de 2015, solo tres de cada diez hogares se encuentran en una situación de doble inclusión en América Latina, pese a avances entre 2002 y 2014.
La exposición contó con comentarios de Fiorella Molinelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, y Marina Arismendi, Ministra de Desarrollo Social del Uruguay, quienes valoraron el aporte sustantivo de la CEPAL y adhirieron a sus principales conclusiones.
La agenda regional de desarrollo social, dijo Bárcena, debe incluir la erradicación de la pobreza, el hambre y la malnutrición; la eliminación de las desigualdades entrecruzadas (socioeconómicas, de género, étnico-raciales, territoriales y por edad); la universalización de la salud y la educación; el logro de la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, así como del trabajo productivo y decente; la construcción de sistemas universales de protección social; la promoción de la inversión pública; y la consolidación de una institucionalidad que permita articular políticas orientadas a la doble inclusión social y laboral de la población.
En el actual contexto de bajo crecimiento, la alta funcionaria de las Naciones Unidas llamó a proteger los avances sociales y evitar retrocesos. Tras la crisis de la década de 1980, recordó, el PIB per cápita de América Latina y el Caribe demoró 15 años en recuperarse (recién en 1995 alcanzó los niveles de 1980), mientras que los niveles de pobreza demoraron 25 años en recuperarse.
Entre las propuestas para financiar la Agenda 2030, Bárcena mencionó cautelar la inversión y el gasto público social, luchar contra la evasión fiscal y los flujos ilícitos, incentivar el financiamiento privado, aliviar la deuda externa de los pequeños Estados insulares del Caribe y redefinir los criterios de países de renta media hacia países en transición.
“La evasión fiscal es la expresión más clara de la cultura de los privilegios”, subrayó la Secretaria Ejecutiva. En 2015 el gasto en los programas de transferencias condicionadas (PTC) representó el 0,33% del PIB regional, mientras que la evasión fiscal equivale a 6,7% del PIB, indicó.
Según estimaciones recientes, tanto la cobertura como la inversión en los PTC aumentaron considerablemente en la región durante la década de los 2000, estabilizándose después del 2010 y experimentando disminuciones en 2014 y 2015, dijo.
Bárcena enfatizó que la región requiere “crecer para igualar e igualar para crecer” por medio de un gestión macroeconómica que mitigue la volatilidad, fomente la productividad y favorezca la inclusión y a través de dinámicas productivas que cierren brechas internas y externas.
Es necesario un mejor y más eficiente Estado para redistribuir, regular y fiscalizar y para construir consensos sociales que trasciendan fronteras político-electorales de corto plazo, concluyó.
