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Acuerdo regional sobre acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales fortalece la democracia y promueve un crecimiento con igualdad y sostenibilidad

En evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel que se realiza en Nueva York, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, llamó a los países a firmar el instrumento legal.

11 de julio de 2018|Noticia

El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de 1992), adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo pasado, fortalece la democracia ambiental y representa un paso crucial hacia la construcción de sociedades con un crecimiento económico basado en el desarrollo sostenible y la igualdad, resaltaron hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Olga Algayerova, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para Europa (CEPE), durante una reunión realizada en el marco del Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés), que se lleva a cabo esta semana y la próxima en Nueva York.

Bárcena fue la oradora principal del evento paralelo al HLPF “Democracia ambiental para sociedades sostenibles”, organizado por la CEPAL en colaboración con la Comisión Económica para Europa (CEPE) y los gobiernos de Chile, Costa Rica, Francia, Italia, ONU Medio Ambiente y la Iniciativa de Acceso, en el cual autoridades y expertos internacionales intercambiaron experiencias sobre cómo la comunidad global está actuando proactiva y colaborativamente para salvaguardar los derechos consagrados en el Principio 10.

Entre estos esfuerzos internacionales destacan el “Acuerdo de Escazú” de los países de América Latina y el Caribe recientemente adoptado, y la Convención de Aarhus, que celebra actualmente su 20⁰ aniversario.  

“El ‘Acuerdo de Escazú’ es un reflejo de las prioridades y principales preocupaciones de América Latina y el Caribe: fija los estándares regionales, reafirma el valor de la dimensión regional del multilaterialismo para el desarrollo sostenible, incentiva la capacitación y la cooperación regional, construye los cimientos de una arquitectura regional que lo apoye, y ofrece herramientas para una mejor toma de decisiones de política”, señaló Alicia Bárcena en su intervención.

El evento contó también con la participación de autoridades y embajadores ante las Naciones Unidas de los países organizadores, quienes recalcaron las sinergias e interconexiones entre la promoción de la democracia ambiental y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En el panel de discusión estuvieron presentes Jorge Iglesias, Representante Permanente Alterno de Chile ante las Naciones Unidas; Verónica García, Encargada de Negocios de la Misión Permanente de Costa Rica ante el organismo mundial; Martin Bortzmeyer, Jefe de la Delegación para el Desarrollo Sostenible del Ministerio para la Transición Ecológica y Solidaria de Francia; Sergio Mercuri, Ministro Plenipotenciario y Coordinador de Sostenibilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia; Penelope Beckles, Representante Permanente de Trinidad y Tabago ante las Naciones Unidas; y Natalia Gómez Peña, representante del público en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú.

Bárcena enfatizó que el Acuerdo Regional es un resultado extraordinario de un proceso intergubernamental que contó con la significativa participación del público, obtenido tras nueve reuniones del comité de negociación, formado en 2014 y liderado por Chile y Costa Rica. “Sus principales beneficiarios son las personas de nuestra región y los grupos más vulnerables y las comunidades”, resaltó.

“Este Acuerdo contribuye a trazar el camino hacia un nuevo modelo de desarrollo más sostenible, sin dejar a nadie atrás. También aborda la protección de los defensores  de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en donde tristemente estas personas son atacadas o intimidadas con demasiada frecuencia”, dijo.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL explicó que con este instrumento, la región de América Latina y el Caribe está también mostrando un ejemplo brillante de cómo equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental). “Al involucrar al público en todas las decisiones que los afectan y al establecer una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, nuestros países están refutando la falsa dicotomía entre la protección ambiental y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a espaldas del medio ambiente, y éste no puede ser administrado si las economías y las personas son ignoradas”, recalcó.

Junto con enfatizar que el “Acuerdo de Escazú” -del cual la CEPAL ejerce la secretaría técnica- es el primer tratado regional en asuntos ambientales, constituyéndose en una herramienta invaluable para alcanzar la Agenda 2030, Alicia Bárcena hizo un llamado a los 33 países de la región para que lo firmen y ratifiquen a partir del 27 de septiembre próximo, cuando sea abierto a la firma de los gobiernos en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y así pueda entrar en vigor cuanto antes.