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En este encuentro los países reafirmaron la importancia de poner a las personas y sus derechos en el centro del desarrollo, resguardar los avances en materia de desarrollo social inclusivo alcanzados por la región mediante la inversión social adecuada y frenar los retrocesos causados por la pandemia de COVID-19 y las crisis en cascada.
Desde 2015 la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe reúne cada dos años a los Ministerios de Desarrollo Social y entidades equivalentes de la región, para promover el mejoramiento de las políticas nacionales de desarrollo social y la cooperación internacional, regional y bilateral en el ámbito social con el fin de examinar la pobreza multidimensional y avanzar en la medición de la pobreza, la desigualdad y las brechas estructurales. La instancia ha generado una plataforma de cooperación, análisis y discusión en torno al fortalecimiento de las políticas sociales y los sistemas de protección social, destacando la elaboración del Observatorio de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe y aprobación en 2019 de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI) por parte de los países durante la Tercera Reunión de la Conferencia Regional, celebrada en Ciudad de México. Dicha agenda incluye ejes y líneas de acción para avanzar en la consecución de los ODS en la región y entre sus cuatro ejes propone una institucionalidad social fortalecida para implementar políticas sociales de calidad.
La Quinta Reunión de la Conferencia Regional tuvo en el centro el fortalecimiento de la institucionalidad social y contó con la participación de 108 delegados de 18 países, además de representantes de organismos de las Naciones Unidas, instituciones financieras, bancos de desarrollo y agencias de cooperación, de la sociedad civil y de la academia. La discusión tuvo como punto de partida el documento de posición Institucionalidad social en América Latina y el Caribe: eje central para avanzar hacia un desarrollo social inclusivo presentado por la CEPAL, el que propone 12 lineamientos para fortalecer la institucionalidad social en sus cuatro dimensiones y en especial en el caso de los Ministerios de Desarrollo Social de la región, sobre la base de un análisis de la situación vigente en los países y de experiencias comparadas, con miras a definir caminos para fortalecer las capacidades y, con ello, mejorar la calidad de las políticas de desarrollo social. A lo largo de las discusiones, los países coincidieron en que para avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad en la región es fundamental contar con una institucionalidad social robusta para hacerse cargo de los desafíos emergentes, así como tener una gobernanza transparente de los procesos de toma de decisiones de política social.
En la Resolución 5(V) aprobada por los países al cierre de la cita se reafirmó la relevancia de la institucionalidad social y la gobernanza, destacando la importancia de avanzar de manera firme en el fortalecimiento de las cuatro dimensiones de la institucionalidad social —jurídico-normativa, organizacional, técnico-operativa y financiera— para contar con políticas públicas de calidad: efectivas, eficientes, transparentes y sostenibles, y exhorta a los países a trabajar de manera decidida y colaborativa en ese fortalecimiento.
Con la convicción de que el multilateralismo y la cooperación son medios fundamentales para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la Resolución se solicita asistencia técnica a la CEPAL en el proceso de conformación de grupos de trabajo, incluyendo uno sobre registros sociales para el intercambio de buenas prácticas relacionadas con los niveles de cobertura, interoperabilidad y gobernanza de datos, formación de competencias en la materia, y calidad y uso de la información.
Mirando hacia el futuro, se solicitó a la CEPAL la elaboración de una propuesta de hoja de ruta y un documento para su consideración en la siguiente Reunión de la Sexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia en 2024 bajo el auspicio del Gobierno de Barbados con el fin de llevar la voz de la región a la Cumbre Social Mundial que se celebraría en 2025. A su vez, el Gobierno del Brasil ofreció a su país como sede de la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe en 2025.
