En América Latina y el Caribe la desigualdad de acceso a la tierra, que apuntala los derechos sobre todos los demás recursos naturales y es un activo clave para asegurar insumos productivos, ha generado una brecha de género en la gobernanza de estos. La discriminación estructural que enfrentan las mujeres con respecto a los derechos y el acceso a los recursos naturales también limita su participación política y productividad económica.
Como principales proveedoras de agua, alimentos y energía a nivel de hogares y comunidades, las mujeres en entornos rurales a menudo dependen en gran medida de los recursos naturales para su subsistencia y, por lo tanto, son particularmente susceptibles a los cambios en la disponibilidad y calidad de estos recursos. Se presume que esta situación de vulnerabilidad ha sido agravada por los efectos de la crisis ambiental, el cambio climático y la actual crisis mundial por la pandemia de COVID-19.
El Segundo Número del Boletín Recursos Naturales en América Latina y el Caribe de la CEPAL presenta un análisis de las relaciones de género con los recursos naturales claves para la región: la biodiversidad, el agua, la energía, los alimentos y la minería. Además, identifica cuáles son los principales impactos económicos, sociales y ambientales de la brecha de género existente y las oportunidades de incorporar el enfoque de género en las políticas públicas relacionadas a estos recursos.
Los resultados de este análisis arrojan la necesidad regional de implementar políticas públicas para el empoderamiento de las mujeres, que favorezcan el acceso a la propiedad de la tierra y el agua, y que promuevan su participación en las estructuras formales e informales de toma de decisiones y los procesos de gobernanza relacionados con la gestión de los recursos naturales. También se refleja la importancia de incluir el enfoque de género en las políticas de generación de empleo, eliminando barreras y creando condiciones propicias para el desarrollo de sus capacidades en el uso productivo y sostenible de los recursos naturales, lo cual tendría un efecto positivo en términos de producción y de autonomía para las mujeres. Finalmente, transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas relacionadas con la gestión de los recursos naturales, tal como lo propone la Agenda 2030, permitirá el logro de un verdadero desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo.
