El objetivo del taller fue generar un debate regional sobre género y agua enfrenta en base a la siguiente pregunta ¿cuánto del avance registrado corresponde al reconocimiento del problema y cuánto a la reducción efectiva de las brechas?

Para responderla, el Grupo de Mujeres en Agua de Latinoamérica y el Caribe (MALAC) convocó —junto a la Embajada del Reino de Países Bajos en México, CONAGUA, GIZ, el BID, Rotoplas y Cooperación Española— un Taller de Planeación Estratégica orientado a actualizar participativamente la Agenda Regional de Agua y Género elaborada por MALAC en 2023, firmada por 56 mujeres de 9 países, y traducirla en una Hoja de Ruta con horizonte 2027–2030.

La contribución de la CEPAL

La Dra. Silvia Saravia Matus, Oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Agua y Biodiversidad de la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Presentó el análisis "Agua y género en América Latina y el Caribe: de la sensibilización a la igualdad sustantiva", basada en el documento de la CEPAL “Brechas, desafíos y oportunidades en materia de agua y género en América Latina y el Caribe”.

El argumento central se fundamentó en que el agua opera como un superconector que profundiza desigualdades de ingreso, territorio, etnia y género. Por lo tanto, bajo esta premisa, la inseguridad hídrica no afecta a todas las personas por igual. 

El diagnóstico regional se estructuró en torno a cuatro brechas persistentes. La primera es de acceso e infraestructura: el 25% de las escuelas en América Latina y el Caribe carece de agua potable y el 39% no dispone de instalaciones para el lavado de manos. La falta de infraestructura se traduce directamente en pobreza de tiempo, menores oportunidades laborales e interrupciones educativas —particularmente para las niñas. En el 63% de los hogares de menores ingresos en Panamá, son las mujeres quienes recolectan el agua. La segunda es de tiempo y trabajo no remunerado: el déficit de infraestructura hídrica equivale a una transferencia invisible de costos hacia las mujeres a través de la economía del cuidado. Un proyecto de cosecha de agua en comunidades indígenas de México redujo el tiempo de recolección en un 88%, con efectos inmediatos en salud, producción de alimentos y autonomía económica. La tercera es de acceso a recursos productivos: menos del 30% de las mujeres en la región son titulares de tierras agrícolas, y sin titularidad de tierra no hay acceso a riego, crédito ni tecnología. La presentación distinguió entre participar —trabajar la tierra— y controlar —poseer derechos, decidir sobre el agua—, citando la Ley de Riego de Chile, que incorporó asignación concreta de recursos para proyectos liderados por agricultoras, como referente de política replicable. La cuarta es de gobernanza y poder de decisión: en Centroamérica, solo el 27% de los participantes en comités locales de agua son mujeres. La representación numérica no garantiza control sobre presupuestos, reglas de asignación hídrica ni funciones técnicas y directivas. La representación es necesaria, pero la igualdad exige poder efectivo de decisión.

El dato más incómodo del análisis proviene de una revisión de 54 políticas de agua y género en la región: el 57,4% de sus acciones se concentra en fortalecimiento de capacidades; el 28% en promoción y sensibilización; apenas el 11,1% en inversión directa, y el 3,7% en monitoreo y evaluación. La paradoja acá clara, si bien se ha avanzado en reconocer las brechas, no se ha avanzado sustancialmente en financiar su reducción. Por ejemplo, ninguna capacitación sustituye una conexión de agua potable.

Ante este patrón, la CEPAL propone trabajar en cuatro direcciones estratégicas para la Hoja de Ruta. 1. Centrar el financiamiento en reducir las brechas de acceso en comunidades rurales, escuelas y asentamientos; 2. Integrar criterios de género en todo el ciclo del proyecto hídrico —diseño, crédito y ejecución— y no solo en iniciativas aisladas; 3. Garantizar que las mujeres ocupen puestos técnicos, regulatorios y directivos, no solo espacios consultivos; y 4. Medir lo que realmente cambia: conexiones logradas, horas de recolección reducidas y derechos de agua otorgados, no asistentes a talleres, por mencionar algunos.

La conclusión del análisis sintetizó la posición institucional de la CEPAL: la igualdad de género no es un componente complementario de la política hídrica, sino una condición para el desarrollo productivo, inclusivo y sostenible en la región. Para mayor información visite Brechas, desafíos y oportunidades en materia de agua y género