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Este año la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez adquiere un significado aún más fuerte, ya que en todo el mundo las personas mayores tienen un riesgo mayor de mortalidad y enfermedades graves asociadas al COVID-19, así como la mayor probabilidad de morir a partir de los 80 y más años pues un alto porcentaje de ellas tienen al menos una afección subyacente, lo que las coloca en un mayor riesgo de impacto severo por el COVID-19.
En la región, la pandemia se ha ido intensificando con el pasar de los meses y todos los países con mayor o menor intensidad han sido golpeados por ella, si bien hasta ahora los más afectados son Brasil, Perú, Chile y México.
Las personas mayores de América Latina y el Caribe bordean los 85 millones y representan el 13% de la población total, ellas ya presentaban desigualdades en acceso a seguridad social, pensiones, salud y diversos tipos de discriminación previo a la pandemia, las cuales se han agudizado en estos meses.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos de humanos de las personas mayores define como maltrato, la acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. Asimismo, el Articulo 29 de dicha convención trata de las Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, en donde se indica que los Estados Parte deben tomar todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la persona mayor en situaciones de riesgo, incluidas emergencias humanitarias y desastres, de conformidad con las normas de derecho internacional, en particular del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Además, los Estados Parte deben adoptar medidas de atención específicas a las necesidades de la persona mayor en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencias. Por cierto, en este contexto también toman relevancia los artículos de esta convención que están asociados a la Igualdad y no discriminación por razones de edad, el Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, el derecho a la salud y los Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.
Recogiendo lo que se indica en la Convención, instrumento vinculante a nivel internacional, así como indicaciones de la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad y de diferentes llamados desde la sociedad civil de personas mayores, los Estados deben procurar que toda persona mayor infectada con Covid-19 tenga derecho a acceder a unidades de cuidados intensivos, sistemas de ventilación mecánica y otros apoyos para salvar su vida, en igualdad de condiciones con las demás. De esta forma, la denegación u omisión que afecta el derecho a la vida de las personas mayores podrá calificarse como trato cruel e inhumano, y por lo tanto una violación de derechos humanos. Asimismo, se deberá dar siempre derecho al trato digno, a su autonomía en la toma de decisiones, el respeto a su voluntad, preferencias, el consentimiento libre e informado y a la privacidad de sus datos personales. Es muy importante también que tengan derecho a recibir toda la información pública sobre el Covid-19 de manera oportuna y accesible.
En el mismo sentido, la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe de 2012, adoptada por los gobiernos de la región en la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe en 2012, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, aprobado en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo celebrada en 2013, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, llaman a erradicar las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores, incluyendo todas las formas de violencia contra ellas, teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados con respecto a un envejecimiento con dignidad y derechos.
Junto con estas recomendaciones, es urgente que los Estados tomen medidas para apoyar a las personas mayores en lo referente a su salud mental durante esta crisis sanitaria y luego que esta termine, pues la distancia social y física que han debido tomar para protegerse del contagio ha mermado sus vínculos afectivos, debilitado sus redes de apoyo y los ha dejado en soledad y con altos niveles de depresión, ansiedad y angustia. Urge crear instancias de apoyo psicológico, instancia de escucha para compartir sus experiencias durante la pandemia. Y es ahí donde los apoyos intergeneracionales, aunque sean a distancia, recobran fuerza.
Los países de la región han comenzado a tomar acciones para ir en apoyo de las personas mayores en esta situación de catástrofe humanitaria; sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos para proteger la vida y la integridad de las personas mayores en un contexto de interdependencia y solidaridad, siendo relevante garantizar sus derechos humanos para que ninguno de ellos se quede atrás.
Más información en el sitio: https://www.un.org/es/observances/elder-abuse-awareness-day
