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La presencia de mujeres, en relación a las de los varones, en los parlamentos de los países de la región es aún minoritaria. Según datos de 2015 del Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe —sobre información de la Unión Interparlamentaria—la proporción de mujeres en el principal órgano legislativo oscila entre un 53,08 % en el Estado Plurinacional de Bolivia y un 3,13% en Belice, con un promedio regional de 27,38%.
Si bien las mujeres, que representan el 50% o más de la población, siguen estando subrepresentadas en los parlamentos, donde se toman decisiones que también las afectan, se debe destacar que la región ha mostrado un importante avance en su representatividad, duplicando la presencia de mujeres en los parlamentos en los últimos 15 años; en el año 2000 el promedio de América Latina y el Caribe era de 13,3%.
Tras este importante avance está la aplicación de medidas de acción positiva como las leyes de cuota y paridad en muchos países de la región, mecanismos legales que buscan garantizar la presencia de mujeres en los procesos de adopción de decisiones, en el ámbito legislativo principalmente. En la actualidad quince países de la región cuentan con legislación que determina cuotas para la inscripción de candidatas a los parlamentos nacionales, o cuotas por sexo. Sin embargo, en solo siete países se tipifica la posición en las listas y en diez se explicita la sanción, aunque las atribuciones de los organismos electorales no siempre quedan claras para poder aplicarla.
En la subregión del Caribe, Guyana es el único país que cuenta con una ley de cuotas para promover al menos un tercio de participación de las mujeres en las listas de candidatos presentados a la Comisión Nacional Electoral.
Recientemente, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó la Ley número 20.840 que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional y que además incorpora cuota de género, obligando a los partidos políticos a presentar listas de candidaturas equilibradas entre mujeres y hombres. La ley señala que ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el sesenta por ciento del total respectivo y se rechazará la lista de candidatos y candidatas del partido que no cumpla con la norma. Lo que quiere decir una cuota mínima de inscripción de cada sexo de 40%. El Consejo de Servicio Electoral es el organismo responsable de aceptar o rechazar las listas respecto al cumplimiento de este mandato.
Como incentivo a la presentación de candidatas mujeres, los partidos políticos tendrán derecho a un monto de 20.500 dólares americanos por cada candidata a diputada y a senadora que haya sido proclamada electa por el Tribunal Calificador de Elecciones. La ley señala también que con cargo a dichos recursos, los partidos políticos podrán implementar programas y desarrollar actividades de fomento a la inclusión y participación de las mujeres en política. Igualmente, las diputadas o senadoras que resulten electas tendrán derecho a un reembolso por cada voto obtenido.
Este mecanismo de cuotas será transitorio y solo se aplicará en las elecciones parlamentarias previstas entre 2017 y 2029. Chile se incorpora con esta regla a los países que han legislado cuotas o paridad para cargos de elección popular.
