Este último Seminario regional es el séptimo evento organizado por la CEPAL que surge a partir del proyecto regional “Inclusión Financiera de las PyMEs y políticas de innovación de la Banca de Desarrollo”, el cual tiene como objetivo principal avanzar y profundizar en el análisis de la inclusión financiera de las PyMEs como una política de desarrollo productivo para la región de América Latina y el Caribe, centrándose en la innovación de la banca de desarrollo como un catalizador para el cambio. El Seminario continuó con el impulso de los seminarios y talleres anteriores y mantuvo una lógica de discusiones temáticas iniciadas a partir de la presentación de la versión preliminar del informe regional; el que a su vez también recogió las discusiones previas de los estudios de casos nacionales sobre la inclusión financiera. El informe extrae conclusiones de los siete estudios nacionales (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú) y resume los tópicos clave en materia de inclusión financiera. Estos asuntos fueron examinados y debatidos en profundidad en el Seminario.
Además de las preguntas sobre el estado actual de la inclusión financiera y los factores de oferta y demanda que la afectan, se cuestionó, “¿Por qué intervenir para la inclusión financiera? Qué factores definen una PyME? ¿Qué políticas públicas ayudan a impulsar la inclusión financiera?” Hubo consenso en que el desarrollo de la región depende de la intervención del Estado con políticas de inclusión financiera que podrían ser catalogadas como equivalentes a políticas de inserción productiva, ya que mejoren la productividad, la competencia y el crecimiento. Las PyMEs desempeñan un papel clave en la inserción productiva, dada su relevancia en el tejido productivo y la creación de empleo. Dependiendo del país, ellas representan entre el 45-80 por ciento del empleo nacional. Al mismo tiempo, en América Latina, un porcentaje mucho mayor de las pequeñas empresas enfrentan barreras de entrada al financiamiento (31,4% del total), en comparación con los países de altos ingresos (18,6%); lo que exige alguna forma de intervención para mantener el desarrollo de las PyMEs.
Adicionalmente, la definición de las PyMEs no es clara; ellas forman un grupo muy diverso y están presentes en todo tipo de actividades económicas. En general, las PyMEs pueden caracterizarse como entidades que operan en períodos cortos de tiempo, dado que son muy sensibles a los ciclos económicos. También tienen alta volatilidad en los modelos de negocios, en comparación con empresas de mayor tamaño, es decir, pueden cambiar su producto final de manera más fácil y más rápida. Al mismo tiempo, generalmente tienen más dificultades en obtener financiamiento, dado su tamaño y diversidad. A diferencia de las grandes empresas, no siempre tienen las métricas tradicionales de crédito o el historial de crédito para conseguir líneas de crédito favorables (es decir, con menores requisitos de colateral); y con frecuencia son pasadas por alto en las políticas de inclusión financiera focalizadas en las empresas más pequeñas (microempresas). Esto lleva a la autoexclusión del financiamiento formal de algunas PyMEs con resultados favorables, que bajo otras condiciones hubiesen aceptado un préstamo.
Se ha sugerido que la banca de desarrollo y los hacedores de política deberían tomar medidas en forma de políticas públicas dirigidas específicamente a las PyMEs para proporcionarles un acceso a un financiamiento más favorable y eficiente. El tipo de financiamiento que reciben estas empresas es fundamental y debe alinearse a la capacidad de supervivencia de ellas. Para ello, una evaluación adecuada de los riesgos intrínsecos del negocio y de no pago es necesaria y se debe prestar atención a los tipos de instrumentos financieros y a las estrategias que podrían distribuir el riesgo entre los inversionistas y los prestatarios de una manera más equitativa. Además de la financiación, la asistencia técnica y la capacitación en instrumentos financieros más complejos (más allá de las cuentas corrientes básicas) también es clave, así como la simplificación de los procedimientos tributarios y de formalización del negocio.
Las funciones antes mencionadas y el papel de la banca de desarrollo como agente de una política de inserción productiva se examinaron en el Seminario. Se reconoce que los bancos de desarrollo son instituciones orientadas con un sentido más social que buscan maximizar el beneficio social (es decir, la expansión de las capacidades productivas, la productividad) y mantener la estabilidad financiera sistémica, a diferencia de la banca comercial, que por lo general persigue la maximización de utilidades como su objetivo principal. Sin embargo, la banca de desarrollo debe mantener indicadores financieros adecuados para ser viable. El trade-off entre la naturaleza pública, con una orientación social, de los bancos de desarrollo y su sostenibilidad financiera y modelo de negocio es un tema importante y continuo en la discusión. Más aun, no existe una solución única que aplicar a través de los distintos países, ya que hay una gran diversidad en la estructura, complejidad y supervisión de los bancos de desarrollo en la región. El alcance de los bancos de desarrollo de América Latina es muy amplio: ellos poseen alrededor del 20% de depósitos, portafolios de crédito, patrimonios o activos, y operan en distintos ámbitos. Como tal, sus políticas y salud financiera pueden tener un impacto significativo.
Hasta cierto punto, la innovación en procesos, productos y estructura institucional podría ayudar a aliviar la presión del trade-off mencionado en los bancos de desarrollo. La innovación en los procesos internos, por ejemplo, podría reducir el costo de las transacciones financieras a través de la utilización de plataformas tecnológicas. Dentro de las plataformas innovadoras se encuentran: el factoring electrónico, las plataformas electrónicas para emprendedores, el monedero electrónico, la asistencia técnica online y los asesores virtuales. Sin embargo, el mayor riesgo surge de la asimetría de información entre prestamistas y prestatarios. Algunas sugerencias para hacer frente a este problema incluyen: la participación en las comunidades locales para conocer mejor a los clientes potenciales; un rediseño de la organización de las instituciones financieras hacia un enfoque en la demanda de crédito, así como en la evaluación, el monitoreo y el impacto de los prestatarios. La tecnología puede ayudar en la formulación de nuevos productos que aportan una nueva dimensión en la evaluación del cliente. Por ejemplo, las plataformas en línea pueden ser diseñadas para recopilar datos de los clientes y ofrecer ciertas métricas basadas en variables de big data. Se pueden aprender varias lecciones de las empresas emergentes de crowdfunding (Fintech). Estrechamente ligada a la evaluación de riesgo del cliente está la necesidad de establecer un cierto límite en cuanto a la cantidad de individuos (personas) de la población que debería recibir créditos con el fin de reducir el riesgo financiero sistémico asociado, y en paralelo, evaluar proyectos y riesgo del cliente correctamente para conceder créditos sólo para aquellos que tienen un cierto potencial de éxito. Esto nos lleva al siguiente punto: las tecnologías innovadoras deben ser reguladas una vez que alcanzan un cierto umbral de utilización masiva.
Considerando el crecimiento de la lista de ejemplos de las acciones que los bancos de desarrollo toman para alinearse con políticas de inclusión financiera, el siguiente paso es comenzar a explorar cuidadosamente cómo estas experiencias pasadas y actuales podrían ayudar a inspirar nuevas políticas e iniciativas (así como una réplica de los exitosos) para mejorar aún más la inclusión financiera y la inserción productiva de las PyMEs en la región. Una nota final, es la necesidad de indicadores actualizados y relevantes que midan la eficacia de las políticas públicas.
Presentaciones (Agenda del Seminario con enlaces a presentaciones)
