Este artículo forma parte de la serie de blogs #FundEducation, que se centra en la necesidad urgente de cerrar la brecha de financiamiento para el ODS 4: Educación de calidad para todas las personas. La serie reúne perspectivas de socios y expertos en financiamiento educativo, reflexionando sobre los desafíos para aumentar el volumen, la eficiencia y la calidad de los recursos destinados a la educación a nivel mundial, así como las acciones necesarias para garantizar que la educación cuente con un financiamiento adecuado en el futuro.

América Latina y el Caribe deben priorizar de manera urgente el financiamiento de la educación, garantizando la sostenibilidad financiera, la eficiencia y la equidad, como parte de un compromiso compartido con el futuro por parte de los gobiernos, los organismos internacionales, el sector privado y la sociedad civil.

La educación es un derecho humano fundamental y una condición habilitante para acceder a otros derechos, como una mejor salud, un empleo digno y la posibilidad de participar activamente en la vida política y social. En América Latina y el Caribe, invertir en educación es especialmente urgente. Es la forma más poderosa de reducir la desigualdad y construir un futuro más inclusivo y sostenible.

Durante la primera década del siglo XXI, los países de América Latina y el Caribe vivieron un período de crecimiento significativo en la inversión pública en educación. Alrededor de 2015, el gasto en este sector alcanzó su nivel más alto, reflejando el creciente compromiso de los gobiernos con la garantía del derecho a la educación. Sin embargo, después de ese período, la inversión comenzó a estancarse e incluso a disminuir, un fenómeno que paradójicamente coincidió con la implementación de la Agenda de Educación 2030 – ODS 4.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 agravó aún más esta situación. Durante 2020 y 2021, los planes fiscales orientados a mitigar los efectos de la pandemia no priorizaron la educación, lo que resultó en una asignación insuficiente de recursos al sector. En el período 2001–2023, aunque la inversión pública promedio en educación en la región se mantuvo en un 4,2 % del PIB, cayó del 16,3 % al 13,9 % del gasto público total, el nivel más bajo en más de 20 años.

Al analizar la situación por país, el progreso es desigual, pero casi la mitad de los países no cumplen con los umbrales mínimos de inversión establecidos en la Declaración de Incheon de 2015. Además, en comparación con las economías más desarrolladas, el gasto público por estudiante en América Latina y el Caribe sigue siendo significativamente bajo.

En respuesta a esta situación, las autoridades educativas de la región han manifestado una creciente preocupación y se han intensificado las discusiones sobre el financiamiento educativo. Desde 2015, este tema ha cobrado protagonismo, con diversas reuniones regionales de ministros y ministras de educación en las que se ha reiterado la necesidad de priorizar y proteger la inversión en el sector.

La más reciente de estas reuniones, celebrada en enero de 2024 en Santiago de Chile, marcó un hito en el debate regional. La reunión se centró en tres temas clave: el financiamiento de la educación, la recuperación postpandemia y la transformación educativa. Por primera vez, también se facilitó un diálogo conjunto entre autoridades de educación y finanzas sobre cómo garantizar un financiamiento educativo sostenible, eficiente y equitativo.

Durante esta reunión se adoptó la Declaración de Santiago 2024, renovando el llamado a asegurar presupuestos adecuados para la educación. Los países coincidieron en la necesidad urgente de una estrategia regional que garantice que el financiamiento educativo sea inclusivo y eficaz. Una comisión —compuesta por agencias de las Naciones Unidas, bancos de desarrollo y organizaciones de la sociedad civil— está trabajando actualmente en este plan. Su propuesta se basa en tres principios clave que guiaron las discusiones en la reunión ministerial:

• Sostenibilidad financiera: Es esencial contar con fuentes estables de financiamiento que respalden el diseño, la planificación y la implementación de políticas educativas a mediano y largo plazo.
• Eficiencia en el uso de los recursos: Las asignaciones presupuestarias deben traducirse en acciones concretas y efectivas dentro del sector educativo.
• Equidad: Los recursos deben distribuirse de manera equitativa para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su origen o contexto, tengan acceso a oportunidades educativas de calidad.

La comisión también identificó cinco propuestas de política pública relevantes para América Latina y el Caribe, centradas en avanzar en las tres dimensiones mencionadas y en acciones para la reactivación, recuperación y transformación educativa. Estas propuestas formarán parte del informe final de la comisión y serán abordadas en una próxima publicación en el blog.

América Latina y el Caribe aún enfrentan grandes desafíos en materia educativa. Muchos niños tienen dificultades para acceder a la educación preescolar y secundaria, y demasiados estudiantes no están adquiriendo las habilidades que necesitarán para el futuro. Al mismo tiempo, están surgiendo nuevos desafíos, como el papel de la inteligencia artificial en la educación y cómo las escuelas pueden contribuir al desarrollo social inclusivo, lo cual es una prioridad para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

Las cifras actuales y los desafíos existentes dejan en claro que la educación debe ser priorizada en la agenda pública, y que los presupuestos deben protegerse y aumentarse. Solo así se podrá garantizar que todas las personas, desde la niñez hasta la adultez, puedan alcanzar su máximo potencial y contribuir activamente al progreso de sus comunidades y países.

Esta responsabilidad no recae únicamente en los gobiernos. El camino hacia un sistema educativo más sólido requiere un esfuerzo colectivo por parte de los responsables de las políticas públicas, las organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil. En este sentido, el compromiso con la inversión en educación es un compromiso con el futuro: un llamado urgente a la acción para asegurar que la educación siga siendo el pilar fundamental sobre el cual se construye el bienestar y el desarrollo de nuestras naciones.

*Sobre las instituciones:

• La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Su propósito es contribuir al desarrollo económico y social de la región mediante la promoción de iniciativas y el fortalecimiento de la cooperación entre los países.
• La Oficina Regional de la UNESCO en Santiago y Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe ha sido un actor clave en la cooperación regional, apoyando a los Estados Miembros en el mejoramiento de sus sistemas educativos y promoviendo la educación como motor del desarrollo. Con el tiempo, ha ampliado su ámbito de acción para incluir la ciencia, la cultura, la comunicación y la información, en consonancia con los objetivos globales de la UNESCO.

Disclaimer: Esta sección del blog presenta ideas y reflexiones de miembros del Comité Directivo de Alto Nivel del ODS 4 y otros socios en educación sobre la transformación educativa y el liderazgo del ODS 4. Las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a los autores.