En el marco de los V Diálogos Regionales del Agua para América Latina y el Caribe, se celebró el Seminario Internacional de Aguas Transfronterizas: “Fortaleciendo la gobernanza de los recursos hídricos transfronterizos en América Latina y el Caribe: marcos normativos, acuerdos y adaptación climática”, los días 8 y 9 de octubre de 2025 en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile.

El encuentro, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) junto con el Gobierno de Chile, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/ONU) y la UNESCO, reunió a representantes gubernamentales, organismos internacionales, académicos y sociedad civil con el propósito de fortalecer la cooperación hídrica regional, promover la integración y compartir experiencias sobre la gestión sostenible de las aguas compartidas.

El seminario se desarrolló a lo largo de dos jornadas. La primera, el 8 de octubre, consistió en una reunión técnica cerrada orientada al intercambio de experiencias sobre gobernanza, marcos normativos e institucionalidad para la cooperación transfronteriza.

La segunda jornada, celebrada el 9 de octubre, fue una sesión abierta al público y abordó los principales avances, desafíos y oportunidades en materia de cooperación e inversión en aguas transfronterizas, destacando la importancia de fortalecer la gobernanza regional, promover la gestión sostenible y fomentar la participación inclusiva en torno a los recursos hídricos compartidos en América Latina y el Caribe.

Apertura y contexto

La sesión fue moderada por Martín Abeles, Director de la División de Recursos Naturales de la CEPAL, y contó con las palabras de bienvenida de Gloria de la Fuente, Subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, y Luis Fidel Yañez, Secretario de la Comisión de la CEPAL,

quienes destacaron el compromiso del Gobierno de Chile y de la CEPAL en fortalecer el diálogo regional y la cooperación multilateral en torno al agua compartida.

A continuación, Soraya Salcedo, Subdirectora de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, presentó los principales resultados del 4º Simposio de Cuencas Transfronterizas en América Latina y el Caribe, celebrado la semana anterior.

Seguidamente, Silvia Saravia Matus, Oficial de Asuntos Económicos y Encargada de Recursos Hídricos de la CEPAL, presentó los avances regionales en el ODS 6.5.2, que mide el grado de cooperación operacional en cuencas transfronterizas. Explicó que, más allá de la existencia de acuerdos, el indicador evalúa su efectividad, la calidad del intercambio de información y la sostenibilidad institucional.

El análisis regional evidencia una tendencia positiva, con un número creciente de países que reportan información y fortalecen sus mecanismos conjuntos de cooperación. No obstante, persisten desafíos relacionados con la alineación legal, la disponibilidad de recursos técnicos y financieros y la coordinación entre distintos niveles de gobierno. La Oficial subrayó que la cooperación efectiva requiere instituciones sólidas, recursos sostenibles y una participación inclusiva de comunidades, pueblos indígenas y sociedad civil. Enfatizó que “un acuerdo no garantiza la cooperación; la diferencia la hacen las instituciones, los recursos y la voluntad política”.

Como parte de este trabajo, la CEPAL realizó una clasificación de las principales dificultades que enfrentan los acuerdos sobre aguas transfronterizas, con el fin de comprender mejor la naturaleza de los obstáculos para su implementación. Se identificaron cinco categorías principales. La primera, operacional–alineación legal, agrupa los desafíos vinculados a la armonización de los acuerdos con las legislaciones nacionales y regionales. La segunda, operacional–capacidades y recursos, comprende limitaciones financieras, humanas y técnicas que afectan la aplicación efectiva de los compromisos. Una tercera categoría combina ambas dimensiones, legal y de capacidades, reflejando acuerdos que enfrentan simultáneamente problemas normativos e institucionales. La cuarta, de tipo mixto–político y operacional, recoge los casos en que las tensiones diplomáticas o la falta de participación plena de algunos Estados ribereños se combinan con limitaciones legales o de recursos. Finalmente, se identificaron acuerdos sin dificultades significativas reportadas, es decir, aquellos que los países consideran que no enfrentan obstáculos sustantivos en su implementación.

Del análisis se desprende que la mayoría de los acuerdos presentan dificultades combinadas, lo que pone de relieve la necesidad de fortalecer tanto la alineación legal como las capacidades institucionales y técnicas. Las limitaciones financieras, humanas y tecnológicas siguen siendo un problema recurrente, y muchos instrumentos jurídicos resultan limitados o desactualizados, sin plena coherencia con los marcos nacionales o regionales. Asimismo, se observaron diferencias entre países que comparten un mismo acuerdo, lo que evidencia percepciones distintas sobre los desafíos y refuerza la necesidad de mejorar la coordinación y el diálogo conjunto.

En conjunto, los resultados confirman que el ODS 6.5.2 no solo mide la existencia de acuerdos, sino su funcionamiento real, y que su principal valor radica en fortalecer la cooperación práctica, coherente y sostenible en la gestión del agua compartida en América Latina y el Caribe.

Finalmente, Francesca Bernardini, Jefa de la Sección de Cooperación Transfronteriza de la CEPE/ONU, ofreció una síntesis de los debates del día anterior, destacando el por qué la cooperación en materia de aguas compartidas es tan importante: porque sostiene el crecimiento económico, reduce riesgos de conflicto y aumenta la resiliencia frente al cambio climático. Subrayó que la cooperación transfronteriza no solo se trata de gestionar recursos naturales, sino también de construir instituciones sólidas y promover la integración regional, especialmente en territorios donde las poblaciones viven lejos de los centros de decisión.

Asimismo, destacó el papel central del derecho internacional del agua y de la Convención del Agua de las Naciones Unidas, que proporcionan un marco común para orientar la acción de los países. Señaló que normas claras, conocidas y respetadas por todos generan previsibilidad y confianza, y que muchas de las disposiciones de la Convención, como el intercambio de información, la alerta temprana y la cooperación científica, son instrumentos concretos para construir y mantener esa confianza.

Primera sesión: Mecanismos institucionales y arreglos de gobernanza transfronteriza

La primera sesión de la jornada, moderada por Chantal Demilecamps, Oficial de Asuntos Ambientales, Secretaría de la Convención del Agua de la ONU (CEPE/ONU), abordó el tema “Cómo los mecanismos institucionales construyen el marco para la cooperación”.

La sesión constituyó la primera parte del bloque de trabajo del día, que combinó la presentación de experiencias concretas en América Latina y África con una reflexión académica comparada y una mesa redonda entre representantes de distintos países.

El intercambio se inició con la experiencia de Costa Rica y Panamá, presentada por Florita Acuña Solano, del Área de Cooperación Internacional del MIDEPLAN (Costa Rica), y Yarid Guevara, Jefa del Departamento de Manejo Integrado de Cuencas Hídrográficas del Ministerio de Ambiente (Panamá).

De manera conjunta, expusieron los avances de la Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola, un ejemplo consolidado de cooperación territorial transfronteriza que promueve el desarrollo sostenible y la gestión participativa en la frontera entre ambos países.

Explicaron cómo la Comisión ha permitido coordinar políticas, compartir información y construir confianza a lo largo de los años.

Entre sus logros, destacaron el monitoreo conjunto del ODS 6.5.2, los estudios compartidos sobre acuíferos y gestión del agua, así como el intercambio técnico y la planificación común de proyectos en beneficio de las comunidades fronterizas.

La experiencia del Sixaola muestra que una cooperación efectiva requiere tanto voluntad política como marcos institucionales flexibles, capaces de adaptarse a diferentes realidades locales y promover la participación activa de la sociedad civil, no solo de las autoridades nacionales.

Desde África Occidental, Bernadette Adjei, Directora del Departamento Legal y de Monitoreo de la Comisión de Recursos Hídricos de Ghana, presentó la experiencia regional africana en materia de cooperación transfronteriza.

Explicó que la región cuenta con una política regional de recursos hídricos y una directiva común sobre la gestión de aguas en África Occidental, que ha permitido el desarrollo de acuerdos y proyectos compartidos entre países vecinos.

Destacó la creación de un sistema conjunto de intercambio de datos hidrometeorológicos y de alerta temprana, coordinado por los comités técnicos nacionales, así como la promoción del uso compartido de infraestructuras para evitar duplicidades y optimizar los recursos.

Adjei subrayó que el fortalecimiento institucional a nivel local, junto con la sensibilización pública y la participación de todos los actores sociales, son elementos esenciales para mantener la cooperación activa y efectiva. También señaló que las plataformas de cooperación económica y los mecanismos de financiamiento regionales son claves para la sostenibilidad de estos acuerdos.

Finalmente, resaltó que los países de África Occidental utilizan los instrumentos de la Convención del Agua de la ONU para reforzar la cooperación a nivel de cuenca, aplicando sus principios y herramientas en la práctica. 

Por su parte, Daniela Rivera, Profesora de la Facultad de Derecho y miembro del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, centró su intervención en los desafíos de continuidad y sostenibilidad de la cooperación transfronteriza.

Planteó la necesidad de mantener la coordinación interinstitucional, especialmente cuando se trata de acuerdos que involucran a varios países, y de asegurar un financiamiento estable que permita sostener las acciones en el tiempo.

Subrayó la importancia de la planificación estratégica, los mecanismos jurídicos e institucionales claros, y la participación efectiva y significativa de todos los actores.

Recordó que el agua es un poderoso instrumento para construir la paz, pero también para mantenerla, siempre que existan voluntad política y estructuras sólidas que respalden la cooperación.

En la parte final, la mesa redonda reunió a Juan Saldaña, Director de Planificación para el Desarrollo Institucional, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, República Dominicana, Ana Carolina Argolo Nascimento de Castro Directora de la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico, ANA, Brasil y Rodrigo Sanhueza Bravo, Director General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, Chile, quienes reflexionaron sobre los obstáculos y factores habilitadores de la cooperación transfronteriza.

En la mesa redonda sobre obstáculos y factores habilitadores de la cooperación transfronteriza, los participantes ofrecieron miradas complementarias desde sus realidades nacionales.

Juan Saldaña (República Dominicana) destacó que uno de los principales desafíos es la falta de interlocutores claros entre países, lo que dificulta la comunicación y la continuidad de los acuerdos. Señaló que la academia puede jugar un papel clave como puente de entendimiento, y subrayó la importancia de que los países definan claramente el propósito de la cooperación: “para qué queremos llegar a un acuerdo”, apuntó, “pues a veces ese porqué no se entiende ni se evidencia claramente”. También valoró el apoyo de la cooperación internacional que brindan mecanismos concretos de acompañamiento.

Desde Brasil, Ana Carolina Argolo Nascimento de Castro enfatizó que los principales retos están en el fortalecimiento institucional y en la disponibilidad y compartición de información, especialmente en lo relativo a acuíferos transfronterizos. Recalcó que aún existen dificultades en la gestión compartida, así como una brecha en la generación de datos y en la capacitación técnica, particularmente en las zonas aguas abajo.

Por su parte, Rodrigo Sanhueza Bravo (Chile) subrayó que el cambio climático es un desafío central para la cooperación, pues exige sinergias y acuerdos más allá de las fronteras administrativas. Indicó que, si bien existen convenios de colaboración, muchos carecen de un marco transfronterizo explícito, y propuso aprender de las experiencias de otros países, ya que “el agua va más allá de las fronteras” y su gestión conjunta puede fortalecer la cooperación regional.

Posteriormente, la conversación abordó la pregunta “¿Qué hace falta en la región para avanzar en la cooperación?”.

Entre los temas que surgieron, se destacó la necesidad de asumir una responsabilidad compartida en la gestión del agua y de fortalecer el compromiso político e institucional para transformar de manera tangible la vida de las personas.

Se enfatizó la importancia de crear espacios de intercambio de experiencias que generen nuevas ideas y fortalezcan las capacidades de gestión, así como de mantener la estabilidad regional, dado que los conflictos entre países pueden tener impactos más amplios.

Los participantes coincidieron en que avanzar requiere más diálogo entre sectores y actores, una mayor transparencia y seguimiento de los acuerdos, y un esfuerzo por situar el agua en el centro de la agenda política. También se propuso establecer una agenda común con plazos definidos, compartir conocimientos y fortalecer el papel de los puntos focales nacionales como puente entre los niveles técnicos y de toma de decisiones.

Segunda sesión: Instrumentos legales y acuerdos vinculantes en contextos de incertidumbre climática

La segunda sesión de la jornada, titulada “Instrumentos legales y acuerdos vinculantes en contextos de incertidumbre climática”, fue moderada por Giovanna Valverde Stark, Jefa del Departamento de Soberanía, Límites y Fronteras y Asesora de Cambio Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

El debate se centró en cómo garantizar que los acuerdos de cooperación en materia de agua se mantengan en el tiempo, tanto desde el punto de vista político e institucional como financiero y operativo.

La sesión se abrió con la presentación del caso del Lago Titicaca, a cargo de Marissa Castro Magnani, Directora General de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales Transfronterizas del Estado Plurinacional de Bolivia, quien explicó cómo la cooperación entre Perú y Bolivia se articula a través de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT).

Castro Magnani destacó que todos los aspectos financieros y operativos de la ALT están aprobados por las cancillerías de ambos países, lo que garantiza su legitimidad y sostenibilidad. Subrayó que cada país cuenta con comisiones nacionales de enlace, encargadas de coordinar acciones con el organismo binacional, lo que ha permitido mantener la cooperación activa durante décadas y desarrollar proyectos conjuntos de monitoreo ambiental, gestión de calidad del agua y desarrollo local.

Posteriormente, K. Armand Houanye, Secretario Ejecutivo de la Autoridad del Río Níger (NBA), compartió la experiencia de la Autoridad y su funcionamiento. Explicó que la NBA cuenta con instrumentos jurídicos y técnicos consolidados, incluyendo normas sobre la gestión coordinada de presas, la notificación previa de medidas con posibles impactos, y el reparto equitativo de beneficios. Subrayó que el principio de uso equitativo y razonable del agua constituye la base de la cooperación entre los nueve países miembros, y que el acceso a fondos climáticos y de desarrollo ha sido esencial para mantener los programas conjuntos a largo plazo.

A continuación, Guillermo Donoso, Profesor de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales y Director del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ofreció una intervención especial, destacando los puntos comunes entre las experiencias del Lago Titicaca y del Río Níger. Subrayó que ambos casos reflejan la importancia de contar con estructuras institucionales estables, mecanismos claros de financiamiento, y una gobernanza participativa que combine el trabajo técnico, político y comunitario.

Finalmente, se desarrolló una mesa redonda con la participación de Florita Acuña Solano (MIDEPLAN, Costa Rica), Oscar Puerta Luchini (Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia y Giovanny Melgar Hernández, Coordinación General del Acuerdo Nacional y de Cooperación Internacional CONAGUA, México.

Durante el intercambio se abordaron distintos enfoques sobre los factores que permiten sostener la cooperación en el tiempo. Se señaló que las políticas de cambio climático deben asumirse como políticas de Estado, no de gobierno, garantizando su continuidad más allá de los ciclos políticos.

Los panelistas destacaron la importancia de la coordinación intersectorial, la gestión participativa y el fortalecimiento de protocolos y capacidades técnicas que respalden los acuerdos binacionales. También se resaltó que una buena base nacional, institucional y legal, permite construir una mejor cooperación internacional, y que los países deben seguir avanzando hacia una mayor armonización de políticas y un diálogo fluido entre técnicos, juristas y tomadores de decisión.

Uno de los puntos más debatidos fue la necesidad de construir capacidades sostenibles en el tiempo. Se propuso la creación de una escuela regional de capacitación, destinada a fortalecer las competencias de los representantes nacionales para acceder a financiamiento, implementar proyectos y generar aprendizajes duraderos.

Asimismo, se planteó la creación de un comité directivo regional que impulse reuniones periódicas, promueva el intercambio de experiencias y garantice un seguimiento constante de los acuerdos. Los participantes coincidieron en que la información y el conocimiento deben permanecer en los territorios y comunidades locales, de manera que la cooperación contribuya directamente a su desarrollo. Finalmente, se enfatizó que la legislación debe construirse desde abajo hacia arriba, involucrando a las comunidades en su diseño y asegurando que las normas no se queden “en la biblioteca”, sino que se traduzcan en prácticas concretas.

La sesión concluyó resaltando que los mecanismos institucionales no solo enmarcan la cooperación, sino que la sostienen y la hacen posible. El derecho internacional del agua y el Convenio del Agua pueden facilitar el desarrollo y la implementación de dichos acuerdos y proyectos, garantizando su equidad y su durabilidad a largo plazo. Allí donde existen estructuras estables, reglas claras y voluntad de diálogo, los países pueden avanzar hacia acuerdos más sólidos, resilientes y duraderos.