La economía social y solidaria ocupa un lugar cada vez más relevante en el debate sobre las políticas de desarrollo en América Latina y el Caribe. A medida que crece ese interés, también aumenta la necesidad de contar con evidencia que permita orientar las decisiones públicas. Con ese propósito, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reunió a especialistas en los Diálogos FORLAC para debatir el informe Trabajo decente y formalización en la economía social y solidaria en América Latina y el Caribe, un encuentro en el que la CEPAL compartió sus principales aportes sobre el fortalecimiento institucional y la generación de evidencia para el sector.

En representación de la CEPAL, Felipe Correa, funcionario de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, comentó el informe y destacó que su elaboración contribuye a reducir una brecha de conocimiento sobre un sector que continúa subrepresentado en los diagnósticos y estadísticas regionales. "Estamos ante el objetivo de cerrar la brecha analítica, que invisibiliza a gran parte del sector", afirmó.

Correa señaló que esta línea de trabajo converge con los esfuerzos que la CEPAL desarrolla para incorporar la economía social y solidaria en las estrategias de desarrollo productivo, mediante una mayor generación de evidencia que contribuya al diseño y fortalecimiento de las políticas públicas.

Un camino gradual hacia la institucionalidad 

Durante el diálogo también abordó los desafíos asociados a la institucionalidad del sector. En ese contexto, sostuvo que el fortalecimiento de la economía social y solidaria no debe depender únicamente de la aprobación de una ley marco, sino que puede avanzar mediante instrumentos normativos capaces de generar capacidades institucionales mientras se construyen consensos para una legislación más amplia.

Como ejemplo citó la experiencia de Costa Rica, donde durante varios años las políticas de economía social y solidaria se desarrollaron a partir de decretos ministeriales que permitieron crear una dirección especializada en el Ministerio de Trabajo, establecer un observatorio, elaborar un plan de desarrollo de mediano plazo y conformar un consejo consultivo.

A su juicio, este tipo de experiencias demuestra que resoluciones ministeriales o decretos pueden constituir un paso intermedio para fortalecer la institucionalidad, crear condiciones habilitantes y facilitar la implementación de programas específicos mientras se avanza hacia marcos legales más robustos.

"En algunos países, una resolución ministerial podría generar más avances concretos que una ley sin institucionalidad ni instrumentos para implementarla", señaló.

La economía social y solidaria como herramienta para la formalización 

Otro de los aspectos destacados fue el papel que puede desempeñar la economía social y solidaria en la formalización del empleo, especialmente en sectores donde la informalidad mantiene una mayor presencia, como en el ámbito rural y en el comercio.

Según explicó Correa, su arraigo territorial en espacios donde el mercado formal y la cobertura estatal son limitados, junto con su capacidad para articular la acción colectiva, promover formas de gobernanza participativa y representar a trabajadores tradicionalmente excluidos de los mecanismos de interlocución, convierten a la economía social y solidaria en una herramienta que puede operar como una vía relevante de inclusión productiva y sociolaboral. 

Asimismo, el debate abordó la diversidad de enfoques existentes en torno a las empresas sociales y las sociedades BIC dentro de la región. Correa destacó que, aunque el concepto de empresa social desarrollado en Europa no encuentra un equivalente directo en América Latina y el Caribe, la definición adoptada por la OIT permite reconocer experiencias presentes en distintos países.

Correa concluyó que avanzar hacia un mejor diagnóstico de la economía social y solidaria en América Latina y el Caribe constituye una prioridad para la CEPAL, por lo que valoró espacios de intercambio como los Diálogos FORLAC, que contribuyen a fortalecer la base de conocimiento y a enriquecer el diseño de políticas públicas para el desarrollo de este sector.