Sin embargo, persisten profundas desigualdades de género en materia de ingresos, protección social y distribución de labores

La paridad de género, más que un concepto cuantitativo, es la expresión de la redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar. La división sexual del trabajo es uno de los núcleos de la desigualdad entre mujeres y hombres. Así lo sostiene la CEPAL en su documento "El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe", presentado ante la Décima Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe que se celebra en Quito, Ecuador.

En la segunda sección del documento se analiza la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado, ya que a este último se le ha prestado menos atención a lo largo de la historia -en desmedro del trabajo remunerado- y, por lo general, ha estado ausente de los estudios económicos y de las políticas públicas.

Aunque la participación laboral de las mujeres es considerada como el fenómeno más importante del siglo XX, aún existen profundas desigualdades, ya que al menos 50% de las mujeres mayores de 15 años no tienen ingresos propios frente a un 20% de los hombres en ese tramo de edad.

Además, en la región el ingreso laboral de las mujeres equivale al 70% del ingreso de los hombres. A esto se agrega que reciben pensiones más bajas, por lo que también sufren una desigualdad en el sistema previsional.

A pesar de esa desventaja, el aporte femenino es fundamental para mitigar la pobreza, tanto si perciben ingresos monetarios como si hacen un aporte no remunerado al hogar.

El acceso al mundo laboral por parte de las mujeres se ve condicionado por el llamado "impuesto reproductivo", que se deriva del trabajo no remunerado que ellas realizan en los hogares, producto de un pacto no escrito por el que se consagró al varón como proveedor económico universal de las familias y a las mujeres como cuidadoras.

En este sentido, el documento de la CEPAL recalca que es necesario ampliar el concepto de trabajo. Trabajo no es empleo. Como actividad humana, el trabajo incluye tanto las actividades remuneradas que se realizan en el marco del mercado, como aquellas no remuneradas que se llevan a cabo fuera de él. El bienestar de las sociedades y el crecimiento de las economías se produce gracias al trabajo que realizan mujeres y hombres, sea remunerado o no remunerado.

El trabajo doméstico es la principal fuente de empleo para las mujeres de la región. Este "servicio doméstico", si bien está contemplado en casi todas las legislaciones laborales, se ha regulado sin considerar ni reconocer derechos adquiridos y a los que acceden la mayoría de los trabajadores asalariados de otras categorías laborales. Esto deja especialmente vulnerables a las mujeres más pobres de la región, que son las que mayoritariamente ingresan al sector del trabajo doméstico y enfrentan la mayor explotación, en términos de jornada laboral e ingresos.

Por su parte, el trabajo doméstico no remunerado -que se refiere a las actividades de cuidado de las personas, como niños, ancianos y enfermos- recae principalmente en las mujeres. Según información de la CEPAL, de una jornada laboral de 12 horas promedio las mujeres ocupan más de cinco en actividades de este tipo; en tanto, para los hombres, de una jornada promedio de 10,7 horas, 7,8 son remuneradas.

El aumento de la demanda de personas que requieren cuidado tiene también importantes implicancias para las políticas públicas. Por ejemplo, el crecimiento sostenido de la población adulta mayor se ha dado sin que las sociedades hayan creado las condiciones necesarias para enfrentar este fenómeno y sus consecuencias.

De acuerdo con el documento, se necesitan políticas públicas que incentiven las obligaciones compartidas ("corresponsabilidad") entre mujeres y hombres, tanto en la esfera pública como privada, que faciliten la vida laboral de ambos sexos, mejoren las condiciones de inserción femenina en el mercado del trabajo y favorezcan la participación activa de los hombres en las tareas domésticas no remuneradas.

Las encuestas de uso del tiempo son un instrumento útil para analizar el trabajo tomando en cuenta los vínculos entre los ámbitos público y privado, a la vez que permiten analizar el "contrato social" entre hombres y mujeres respecto de la vida cotidiana en los hogares y en la sociedad. Esta información puede ser de gran valor para para la formulación de políticas públicas equitativas.

Así, conciliar familia y trabajo se ha transformado en un tema de agenda pública. Según lo señalado por los mecanismos para el adelanto de la mujer, se considera necesario lograr una armonización entre la vida familiar y la vida laboral por medio de la legislación, los programas y las políticas públicas (por ejemplo, servicios de cuidado infantil, permisos de lactancia, etc.).