Segundo Seminario Regional de Desarrollo Social: "Seguridad social y la crisis prolongada: una oportunidad para combatir la desigualdad en el marco de un Estado de bienestar en América Latina y el Caribe"

En el marco de la colaboración con la OIT y la OPS, y del trabajo conjunto con la Cooperación Alemana y la Facilidad para el Desarrollo en Transición de la Unión Europea, la CEPAL organiza el II Seminario Regional de Desarrollo Social, que en esta edición tiene por objetivo brindar un espacio de diálogo y reflexión sobre los sistemas de seguridad social en la región, con atención a los diagnósticos, desafíos y orientaciones estratégicas para procesos de reformas y reestructuración en los sistemas de pensiones y salud ante un contexto incierto de recuperación y la necesidad de consolidar plenas garantías para el ejercicio de los derechos sociales en los países de la región.

Desde 2020, los países de la región han enfrentado desafíos inéditos para responder a través de iniciativas públicas oportunas y pertinentes a los impactos de la pandemia del COVID-19 y garantizar niveles de bienestar esenciales para la ciudadanía y acceso a la salud como un derecho fundamental y un bien público esencial. El escenario enfrentado ha profundizado factores estructurales que venían intensificándose previo a la pandemia de COVID-19: altos niveles de informalidad, en un escenario de profundas transformaciones ante los cambios tecnológicos en curso, el incremento de la pobreza y el rápido envejecimiento de la población, entre otros. Si bien las medidas implementadas por los países en materia de protección social han sido sustantivas y han permitido mitigar, en parte, los devastadores efectos sociales y económicos de la pandemia, a dos años de su inicio, se aprecia en la región un deterioro considerable en las condiciones de vida de sus habitantes y se evidencia la importante distancia que existe en la región para consolidar verdaderos Estados de bienestar, con sistemas de seguridad social que garanticen condiciones de igualdad para acceder a la prestaciones con niveles de cobertura, suficiencia y sostenibilidad financiera adecuados. Ello se expresa en el marcado incremento en la desigualdad social en sus diversas expresiones y en un retroceso de 27 años en la pobreza extrema: en 2021, según proyecciones de la CEPAL, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 13,8% y la de pobreza, el 32,1% de la población. Junto a ello, se aprecia un deterioro importante en el mercado laboral, con una marcada caída en la participación laboral, especialmente, femenina. Ello habría dado pie a una caída importante en la proporción de personas que están afiliadas o cotizan a los sistemas de salud y a un retroceso de una década en la cobertura efectiva de los sistemas de pensiones, la que habría llegado en 2020 a tan solo el 45% de la población económicamente activa en 15 países de América Latina (CEPAL, 2022). Asimismo, se observa un incremento de necesidades en salud insatisfechas durante la pandemia debido a la exacerbación de barreras de acceso (OMS, 2022).

Los sistemas de seguridad social, y en particular, los sistemas de pensiones y salud han estado al centro de la atención. Ello ha ocurrido ante la necesidad urgente de fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas de salud frente a un aumento de las necesidades de la población en este ámbito, con una demanda en muchos casos insatisfecha y desigualmente atendida, así como en el marco de los debates sobre los sistemas de pensiones y la insuficiencia de las prestaciones para garantizar una vejez digna. Las demandas ciudadanas por un acceso garantizado a estos sistemas y prestaciones suficientes, y mayor igualdad se han incrementado, avizorándose mayores niveles de presión fiscal en línea con el fortalecimiento de sistemas públicos, de alcance universal y crecientes coberturas con intervenciones integrales de los sistemas de pensiones y de salud que respondan a las necesidades de la población y aseguren la suficiencia de las prestaciones en ambos sistemas. En este contexto, se ha planteado la necesidad de avanzar hacia esquemas universales, progresivos, con solidaridad y sostenibles, a fin de garantizar el acceso y la cobertura de toda la población a políticas clave de estos sistemas.

La pandemia ha abierto, de esta forma, un nuevo escenario y posibilidades para repensar la arquitectura de los regímenes de bienestar en la región y la forma en que la distribución de los antiguos y nuevos riesgos se redistribuyen. A partir de las consecuencias del deterioro social y económico producto de la pandemia del COVID - 19, se han tornado más evidentes y en varios casos, se han profundizado, las brechas y desigualdades en el acceso a instrumentos clave de la protección social para proteger frente a los riesgos de la pobreza, incluyendo el acceso a pensiones, a la salud y a seguros de desempleo. El aumento en los niveles de la desocupación y la informalidad laboral constituyen importantes barreras para la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social. Frente a ello, es imperativo indagar en estrategias que permitan fortalecer las capacidades institucionales del Estado para avanzar en reformas integrales y alineadas con los principios de la seguridad social.

Por una parte, la pandemia del COVID-19 ha dejado de manifiesto la centralidad de fortalecer la articulación entre los sistemas de salud y de protección social, así como las debilidades estructurales de los sistemas de salud de América Latina y el Caribe, con un fuerte impacto en la salud de los grupos en situación de vulnerabilidad. Ante esta realidad, se requiere profundizar en el desarrollo de políticas públicas para reestructurar y fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y avanzar hacia una cobertura y acceso universal, con atención oportuna y de calidad para toda la población. Dicha reflexión debe considerar la necesidad de aumentar la inversión en salud mediante un incremento del financiamiento que sea sostenible y una organización más eficiente de los servicios de salud, con un fuerte énfasis en un primer nivel de atención fortalecido en su capacidad resolutiva y con modelos de atención y cuidados, integrados e integrales, centrados en las personas y las comunidades, y con capacidad de abordar los determinantes sociales de la salud.

En el caso de las pensiones, estos sistemas son un elemento constitutivo de los sistemas universales de protección social y de las arquitecturas de bienestar de los países, siendo determinantes en la seguridad económica de millones de personas de edad avanzada. Como la CEPAL ha indicado, es fundamental consolidar sistemas de pensiones sostenibles desde una triple óptica, de cobertura, suficiencia y financiera, y que consideren centralmente en su diseño los principios de la seguridad social, incluyendo la solidaridad social y la igualdad de género. Avanzar en la articulación de los componentes contributivos y no contributivos de estos sistemas, a la vez de en mecanismos para garantizar universalmente niveles de prestaciones básicas, con adhesión al conjunto de principios de la seguridad social, se torna un desafío medular para la región, especialmente, ante los impactos producidos producto de la pandemia del COVID-19.