La minería desempeña un papel importante en la transición hacia la descarbonización y en la reversión y mitigación del cambio climático. El sector también seguirá siendo una fuente relevante de crecimiento económico y de generación de nuevos empleos en los países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, el desarrollo de la actividad minera, cuando no están presentes los controles y salvaguardas necesarios, ocasiona graves impactos sociales y ambientales, así como vulneraciones de los derechos humanos, lo que redunda en persistentes y profundos conflictos socioambientales. Además, esta transición debe articularse en torno a cadenas de suministro mineras sostenibles y responsables con las poblaciones de los territorios de extracción. Es preciso generar y mantener un equilibrio entre la protección del medio natural, la explotación minera y los derechos de las poblaciones y las comunidades. Junto a los Estados, las empresas responsables deben ser el núcleo de las respuestas a estos desafíos.
La agenda de derechos humanos y empresas se centra en la reducción y mitigación de los impactos de la actividad empresarial y el cierre de brechas. En los últimos años se ha evidenciado una proliferación de medidas obligatorias y voluntarias, especialmente a través de los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos. Hoy en día, se vislumbra un mayor foco hacia el desarrollo de legislación obligatoria sobre la debida diligencia y los mecanismos de reclamo a medida que inversores y consumidores impulsan el desarrollo de cadenas de suministro mineras más responsables y transparentes.
Los nuevos desarrollos normativos se basan en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que establecen la protección de los derechos humanos por parte de los Estados, su respeto por parte de las empresas y la necesidad de los mecanismos de reclamo y reparación. También destacan las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para Empresas Multinacionales, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.
En línea con lo anterior, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo que busca proporcionar información y análisis para mejorar las decisiones que se deben tomar en términos prospectivos. En todos los países de América Latina existen marcos legales para evaluar los impactos ambientales de determinados proyectos, sin embargo, estos no contemplan de forma explícita un enfoque de derechos humanos.
Por ello, este seminario virtual busca resaltar la temática de la protección de los derechos humanos en la minería. Las discusiones se enfocarán en la evaluación de impacto ambiental, uno de los instrumentos de la política ambiental más presentes en la región y con un alto potencial de promover los derechos humanos en las comunidades (potencialmente) afectadas. El evento permitirá asimismo relevar el papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y las Defensorías del Pueblo, como garantes de la vigencia y protección de los derechos fundamentales de sus habitantes, y desde sus roles y mandatos institucionales, en la promoción de una minería respetuosa de los derechos humanos y del medio ambiente.
Las reflexiones expertas enmarcarán el lanzamiento del curso en línea “Minería con las Personas” elaborado por el Grupo Temático sobre Derechos Humanos y Empresas en contextos mineros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a través del programa Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos. El curso se basa en la publicación “Recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros”, elaborada por el mismo Grupo de Trabajo. Se podrá identificar la importancia de incorporar el enfoque basado en derechos humanos y de protección ambiental en el desarrollo de la actividad minera, explorando el contexto minero en la región, el marco global, regional y nacional normativo de actuación y las herramientas y estrategias de diversos actores para impulsar una minería más sostenible.
