La actividad reunió a representantes de gobiernos, organismos internacionales y especialistas para analizar las implicaciones socioeconómicas del envejecimiento acelerado de la población y discutir cómo fortalecer las políticas públicas a partir de evidencia sobre las transferencias económicas entre generaciones y las desigualdades que atraviesan el curso de vida.
La apertura del evento estuvo a cargo de Juan Martín Fernández, Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay; Simone Cecchini, Director del CELADE-División de Población de la CEPAL; y Daniel Macadar, Oficial de Programa de UNFPA Uruguay. Durante sus intervenciones, Fernández subrayó la importancia de herramientas como las Cuentas Nacionales de Transferencia y su desagregación socioeconómica para ajustar adecuadamente los sistemas de protección social ante el acelerado envejecimiento poblacional. Por su parte, Cecchini señaló que América Latina y el Caribe atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento demográfico —en la actualidad, alrededor de 71 millones de personas tienen 65 años o más (10,5 % de la población regional), cifra que ascendería a 138 millones hacia 2050, representando cerca del 19 %—; mientras que Macadar enfatizó la necesidad de que los países se adapten a estos cambios demográficos y destacó la importancia de la capacidad de los gobiernos para utilizar información detallada y desagregada con el fin de mejorar las políticas públicas y tomar decisiones atingentes.
Este cambio en la estructura por edades plantea importantes desafíos para los sistemas de pensiones, salud y cuidados, así como para el mercado laboral y la sostenibilidad fiscal. Al mismo tiempo, ocurre en sociedades caracterizadas por profundas desigualdades, por lo que sus efectos no se distribuyen de manera homogénea entre los distintos grupos de población.
En este contexto, las Cuentas Nacionales de Transferencia (CNT) permiten analizar cómo varían la producción, el consumo, el ahorro y las transferencias de recursos a lo largo del ciclo de vida, así como estimar los efectos económicos del cambio demográfico. Las Cuentas Nacionales de Inclusión (CNI) amplían este enfoque al incorporar dimensiones de desigualdad y permiten analizar cómo se distribuyen los recursos entre distintos grupos de población.
Durante el seminario se presentaron los principales hallazgos de estudios sobre Cuentas Nacionales de Inclusión realizados en Colombia, Costa Rica, Jamaica y Uruguay, y se promovió un intercambio sobre sus aplicaciones para el diseño de políticas públicas. Entre los temas abordados figuraron el financiamiento del consumo a lo largo del ciclo de vida, la cobertura de los sistemas de pensiones en contextos de alta informalidad laboral y los desafíos asociados a las políticas de cuidados.
El conversatorio fue moderado por Zulma Sosa, Coordinadora del Área de Población y Desarrollo del CELADE. En él participaron Piedad Urdinola, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, quien abordó los desafíos institucionales que enfrenta la política pública para adoptar las Cuentas Nacionales de Transferencia; Deidra Coy, Directora de Desarrollo Humano y Comunitario del Instituto de Planificación de Jamaica, quien resaltó cómo la información detallada sobre la distribución intergeneracional de los recursos contribuye a mejorar los diagnósticos de la política social; y Gabriela Rodríguez, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Población de México, quien destacó que el Programa Nacional de Población opera como una herramienta estratégica de planeación y política pública para anticipar y gestionar los cambios demográficos del país.
La actividad formó parte del proyecto de la Cuenta del Desarrollo de las Naciones Unidas “Crecimiento económico inclusivo y sostenible en una sociedad para todas las edades en la era post-COVID-19 en Asia y América Latina y el Caribe”, coordinado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
