El envejecimiento de la población es uno de los principales fenómenos demográficos mundiales debido a que tanto el incremento en el número de personas mayores como la prolongación de la vida suponen nuevos retos para las sociedades e importantes desafíos en términos de políticas públicas. Tales desafíos impulsaron en 2002 el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.
El cuarto examen y evaluación de la aplicación del Plan de Acción Internacional tendrá lugar a nivel mundial en 2023 en el marco del 61o período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas. Por su parte, el examen regional se realizará en 2022, en el marco de la Quinta Reunión de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe. La información que proporcionen los Estados miembros constituirá la base para elaborar el informe que presentará la CEPAL, en su calidad de Secretaría Técnica de la Conferencia, en las instancias regional y mundial.
Con el fin de apoyar a los países de América Latina y el Caribe en la elaboración y presentación de sus respectivos informes nacionales, la CEPAL preparó la Guía para la elaboración del informe país sobre la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, en la que se proporcionan lineamientos metodológicos y de contenidos, junto con una estructura sugerida de informe.
La Guía se presentó en una reunión virtual, realizada el 26 de agosto de 2021 con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que convocó a los puntos focales sobre envejecimiento y personas mayores de los países de América Latina y el Caribe. Los objetivos de la reunión, además de presentar la Guía, fueron: poner a disposición de los Gobiernos la asistencia técnica de la CEPAL para preparar los informes nacionales; generar un diálogo entre los países y las entidades del sistema —la CEPAL y el UNFPA— en lo que respecta a la elaboración de dichos informes; exponer la agenda de trabajo y las fechas de entrega de los informes nacionales, y anunciar que se informaría a las organizaciones de la sociedad civil regionales sobre el proceso de elaboración de la Guía.
El evento se llevó a cabo mediante la plataforma Zoom, con inscripción previa. Se registraron 70 personas, entre puntos focales de envejecimiento de 24 países de América Latina y el Caribe y representantes del sistema de las Naciones Unidas.
La apertura de la reunión contó con las intervenciones de Paulo Saad, entonces Director del CELADE-División de Población de la CEPAL, Julio Borba, Ministro de Salud y Bienestar Social del Paraguay, en su calidad de Presidente de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento de América Latina y el Caribe, y Florbela Fernandes, Directora Regional Adjunta para América Latina y el Caribe del UNFPA.
El Director del CELADE-División de Población de la CEPAL destacó el carácter prioritario de la temática de la reunión para América Latina y el Caribe. Asimismo, señaló que, según las proyecciones de las Naciones Unidas, las personas de 60 años y más en la región sumaban alrededor de 85 millones y representaban el 13% de la población total. Agregó que se estimaba que este grupo etario alcanzaría los 190 millones de personas para 2050, lo que representa cerca del 25% de la población regional. En este contexto, añadió que el grupo de personas de 80 años y más —que era el que crecía con mayor dinamismo— casi triplicaría su proporción en los siguientes 30 años, al pasar del 2% al 5,5%, y en 2050 llegaría a alcanzar un total de 41,5 millones de personas, aproximadamente.
El Director destacó también la necesidad de llevar a cabo acciones urgentes y de visibilizar y repensar el envejecimiento desde las perspectivas de derechos humanos, género e interculturalidad, para incidir en las políticas públicas. En este sentido, sostuvo que el cuarto examen y evaluación brindaba una oportunidad más que propicia para examinar los progresos durante los últimos años en la región sobre las áreas prioritarias definidas, a saber: las personas mayores y el desarrollo; el fomento de la salud y el bienestar en la vejez, y la creación de entornos propicios y favorables.
Finalmente, hizo mención del escenario mundial de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Señaló que eran precisamente las personas mayores quienes se habían visto más afectadas por el avance del COVID-19 y que, por ese motivo, resultaba indispensable volver a situar la protección de los derechos de las personas mayores en el centro de las respuestas de políticas públicas, incorporando la visión y los compromisos internacionales y regionales para mejorar sus condiciones de vida.
El Ministro de Salud del Paraguay, por su parte, destacó el compromiso de su país con el desarrollo de la agenda de envejecimiento y se refirió a la Declaración de Asunción “Construyendo sociedades inclusivas: envejecimiento con dignidad y derechos” de 2017, que, entre otros puntos, exhortaba a los Gobiernos a incorporar de manera transversal en sus políticas, planes y programas de desarrollo el tema del envejecimiento y a poner en marcha políticas específicas para las personas mayores, teniendo en cuenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, entre otros instrumentos.
En relación con la pandemia, el Ministro de Salud del Paraguay planteó la necesidad de desarrollar programas de salud mental para las personas mayores, poniendo el foco en los desafíos del confinamiento y el aislamiento social. Resaltó también la importancia de la Guía y la oportunidad que brindaba para hacer balance, inventario y sistematización de todas las iniciativas, acciones y políticas que habían coadyuvado a la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento en los países de la región. En relación con los avances del Paraguay en la materia, hizo referencia a las políticas públicas implementadas en los últimos años, como la Política Nacional de la Persona Mayor, el Proyecto sobre el Registro Nacional de Cuidadores, la resolución DNVS DG[1], el programa Adultos Mayores y Desarrollo Comunitario, y el Programa Por el Buen Trato a las Personas Mayores, entre otros.
La Directora Regional Adjunta del UNFPA, por su parte, manifestó la disposición de la Oficina Regional para colaborar con los Gobiernos en la elaboración de los informes nacionales, que ayudarían a mejorar las políticas dirigidas a las personas mayores. Resaltó también la necesidad de abordar las políticas relativas a este grupo poblacional y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos e intergeneracional, y de trabajar por un envejecimiento activo, abriendo canales de participación para las personas mayores y procurando su bienestar.
Por último, la Directora Regional Adjunta mencionó la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030, declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se refirió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como la principal estrategia mundial para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y sus familias.
La presentación de la Guía estuvo a cargo de Zulma Sosa, Asesora Regional en Población y Desarrollo del CELADE-División de Población de la CEPAL, que se refirió a las sinergias de los informes de país sobre la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento con los informes nacionales sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (en particular, en relación con el capítulo sobre Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos de dicho Consenso), y con los informes nacionales sobre los ODS.
La Asesora Regional en Población y Desarrollo del CELADE-División de Población de la CEPAL destacó que, con miras a facilitar y orientar el análisis de cada una de las áreas prioritarias del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, la Guía incluía preguntas y consignas orientadoras para el debate. Señaló también que una de las principales recomendaciones para elaborar los informes nacionales era asegurar la participación de las diferentes instituciones gubernamentales que participaban en las políticas relativas a las personas mayores, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil de este grupo poblacional. Además de describir la composición de la Guía, hizo una breve presentación del calendario para la elaboración y entrega de los informes.
Por último, se refirió a los lineamientos de la asistencia técnica a los países por parte de la Secretaría y señaló como objetivo estratégico el fomento de la creación de redes interinstitucionales que fortalecieran los vínculos entre distintas instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de personas mayores, universidades, centros de investigación y organizaciones de profesionales, robusteciendo las acciones públicas y sociales, tanto en materia de política como de incidencia en la participación de las personas mayores.
En el espacio de diálogo y consultas, coordinado por Daniela González, Asistente de Investigación del CELADE-División de Población de la CEPAL, las intervenciones de los países se centraron, entre otros temas, en conocer las contrapartes de la Secretaría para la asistencia técnica, el rol del UNFPA en dicha asistencia y la integración de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de elaboración de los informes.
En ese contexto, la Secretaría presentó a Verónica Montes de Oca y Juan Eduardo Faúndez, dos profesionales que sumarían su apoyo en materia de asistencia técnica al que pudiera brindarse desde las oficinas nacionales del UNFPA. Asimismo, se informó de que el 16 de septiembre se realizaría una reunión informativa para las organizaciones de la sociedad civil y se señaló la necesidad de coordinar con dichas organizaciones en cada país para asegurar la integración de sus puntos de vista en el informe.
Las organizaciones regionales de la sociedad civil
Desde inicios del siglo XXI, las personas mayores organizadas a nivel mundial se han caracterizado por impulsar propuestas e iniciativas para contribuir al diseño de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. Ello pudo observarse en el Foro de ONG sobre el Envejecimiento, que se celebró antes de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento llevada a cabo en Madrid.
Desde entonces, la CEPAL ha acompañado cuatro reuniones regionales en América Latina y el Caribe, en las que la sociedad civil tuvo una destacada participación. El Foro Regional de la Sociedad Civil, celebrado en Santiago en 2003, logró identificar y estimular el papel de la sociedad civil en la discusión sobre el envejecimiento y los derechos de las personas mayores, en tres áreas prioritarias: i) personas de edad y el desarrollo; ii) fomento de la salud y el bienestar en la vejez, y iii) creación de un entorno propicio y favorable. Este primer Foro Regional de la Sociedad Civil fue el inicio de una relación estratégica entre la CEPAL y las organizaciones regionales de la sociedad civil mediante la cual se reafirmaron objetivos en otros espacios, como la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe, celebrada en Brasilia en 2007, que se materializó en la Carta de Brasilia.
La tercera es la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre el Envejecimiento Madrid+10 del Plan de Acción, celebrada en Costa Rica en 2012, que permitió consolidar una declaración de la sociedad civil titulada Declaración de Tres Ríos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre envejecimiento, donde se resaltó la importancia de reconocer a las personas mayores como sujetos de derechos y de aportar elementos para implementar la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe adoptada en Costa Rica.
Por último, en la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre el Envejecimiento Madrid+15, de la que se desprende la Declaración de Ypacaraí “Desde la sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre los derechos humanos de las personas mayores”, las organizaciones de la sociedad civil de la región impulsaron la perspectiva de derechos humanos en la seguridad social y económica, la salud y el trabajo, así como la eliminación de los malos tratos, el edadismo y la discriminación múltiple, entre otros lineamientos para las políticas de los Gobiernos nacionales. Las cuatro reuniones mencionadas han enriquecido las cuatro conferencias intergubernamentales y sus propuestas, al igual que la participación social y política de las propias personas mayores, brindan experiencia y conocimientos a los países y a la región.
Por todo lo expuesto, y tomando en cuenta la resolución aprobada por el Consejo Económico y Social sobre las modalidades del cuarto examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002)[2], la CEPAL, en su papel de Secretaría Técnica de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, invitó a las organizaciones regionales de la sociedad civil a una reunión virtual para dar a conocer en más detalle de la Guía para la elaboración del informe país sobre la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. La reunión tuvo como objetivo principal informar a dichas organizaciones acerca del proceso de revisión y evaluación de la aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.
Además de la presentación de la Guía, en la reunión organizada el 16 de septiembre de 2021 con el apoyo del UNFPA se expuso acerca de la importancia de la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil en la preparación de los informes nacionales y se compartieron la agenda y el calendario de trabajo para la elaboración de dichos informes. La reunión contó con la participación de 25 personas, entre representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sistema de las Naciones Unidas
La apertura de la reunión estuvo a cargo Paulo Saad, Director del CELADE-División de Población de la CEPAL, y Harold Robinson, Director Regional para América Latina y el Caribe del UNFPA. El Director del CELADE-División de Población de la CEPAL reiteró el carácter prioritario de esta temática para América Latina y el Caribe y la necesidad de llevar a cabo acciones urgentes para visibilizar y repensar el envejecimiento desde las perspectivas de derechos humanos, género e interculturalidad, así como de incidir en las políticas públicas.
Además, destacó la enorme importancia de las organizaciones de la sociedad civil en la preparación de los informes nacionales, ya que aportaban sus puntos de vista y acompañaban a los organismos de gobierno de tal modo que aseguraban que las políticas públicas en este campo fueran integradoras y participativas. Por último, agradeció a los presentes su disposición para colaborar en la elaboración de una agenda para las personas mayores y subrayó el gran desafío que significaba mejorar la condición de estas personas en un escenario aquejado por la pandemia de COVID-19.
El Director Regional para América Latina y el Caribe del UNFPA, por su parte, manifestó la disposición de la Oficina Regional para colaborar en el desarrollo de la agenda de envejecimiento, en la que se incorporaba el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, comprometidas con el bienestar de las personas mayores, y cuyos aportes eran fundamentales en la elaboración de políticas. En este marco, destacó que en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo se resaltaba la relevancia del tema del envejecimiento, que de esa forma se volvía uno de los temas prioritarios en la agenda del UNFPA.
Señaló que la desigualdad también se manifestaba en este grupo poblacional, lo que resaltaba la necesidad de trabajar activamente con las personas mayores, y habló sobre la importancia crucial de la perspectiva de género en el tratamiento del envejecimiento, ya que el cuidado de estas personas recaía mayormente sobre las mujeres. Por ello, agregó que el sistema de cuidados debía ser responsabilidad del Estado.
Por último, señaló que el Plan de Acción Internacional de Madrid era la agenda que se debía potenciar en el marco de los derechos humanos y que el UNFPA estaba a disposición para contribuir a mejorar la política y la agenda de envejecimiento.
Al presentar la Guía, Zulma Sosa, Asesora Regional en Población y Desarrollo del CELADE-División de Población de la CEPAL, hizo hincapié en la necesidad de integrar las diferentes perspectivas de la sociedad civil organizada en la elaboración de los informes nacionales, así como de potenciar instancias de participación.
Además, subrayó que la participación de las organizaciones de la sociedad civil había permitido fortalecer la capacidad técnica de los países, visibilizar el desafío que implicaba el cambio demográfico en la región y ampliar la participación de las propias personas mayores en el examen y desarrollo de propuestas para mejorar su situación y ejercer sus derechos humanos.
En este contexto, destacó que para la Secretaría Técnica era de crucial importancia asegurar la participación de la sociedad civil en este proceso e integrar la voz de las personas mayores en la elaboración de la agenda de envejecimiento.
En el espacio para el debate, los participantes se refirieron, entre otros temas, a la importancia de la participación y la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de preparación de los informes nacionales; la necesidad de trabajar para luchar contra la discriminación de las mujeres mayores, para lo cual era necesario incorporar la perspectiva de género; la posibilidad de preparar informes espejo o paralelos; el escenario planteado por la pandemia de COVID-19 y la precarización aún mayor que la crisis sanitaria había implicado para las condiciones de vida de dicha población, y la posibilidad de constituir un foro latinoamericano de envejecimiento.
La Secretaría Técnica, por su parte, instó a intensificar las metodologías participativas a fin de que los informes nacionales recogieran adecuadamente los diversos enfoques de la sociedad civil y el sector académico. Asimismo, manifestó su disponibilidad para facilitar el diálogo y la comunicación entre los puntos focales de los Gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil durante el proceso de elaboración de los informes.
Por último, en el cierre de la reunión reiteró la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en el trabajo relacionado con las personas mayores y su papel activo en el acompañamiento de los organismos nacionales en la elaboración participativa de los informes nacionales.
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[1] Véase [en línea] https://www.mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/26a3f4-RESOLUCIONN132....
[2] E/RES/2020/8.