Intervención de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, con ocasión de la inauguración del Seminario Técnico “Institucionalidad Pública y Envejecimiento”
30 de junio de 2016
Santiago de Chile
CEPAL
Señoras y señores panelistas e invitados,
Representantes de los organismos públicos de nuestra región que atienden la temática de las personas mayores,
Representantes de Organismos Internacionales,
Representantes de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil,
Colegas de la CEPAL y del Sistema de las Naciones Unidas,
Amigos y amigas,
En nombre de la Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena y, en el mío propio, les doy la más cordial bienvenida a esta casa de las Naciones Unidas en Nuestra región. Es un enorme honor el recibirlos y acoger aquí el desarrollo de este Seminario Técnico “Institucionalidad Pública y Envejecimiento”.
Amigas y amigos, una buena educación, oportunidades de empleo y mejor atención médica son los tres primeros asuntos que las personas mayores de América Latina y el Caribe priorizaron en la Encuesta Global de las Naciones Unidas para un Mundo Mejor, realizada en 2015. Le siguieron una alimentación adecuada a precio asequible, un gobierno honesto y receptivo, y el apoyo para quienes no pueden trabajar.
Gracias a esta consulta, la más amplia hecha en el mundo a propósito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hoy sabemos cuáles son las principales preocupaciones de las personas mayores. Ahora debemos poner en marcha los medios para subsanar las omisiones del pasado y actuar a la altura de los desafíos que impone la implementación de una agenda transformadora e incluyente.
Como organismo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, hemos llamado la atención acerca de la importancia de los esfuerzos regionales para adaptar los objetivos del desarrollo y las prioridades de política convenidas a nivel mundial a las realidades nacionales. Una de nuestras tareas en este sentido es ajustar nuestra trayectoria a la transición demográfica en curso, que está cambiando el perfil del desarrollo en nuestra región. Somos un continente que está envejeciendo a un ritmo acelerado, aunque con variaciones entre países y subregiones.
A medida que desciende la fecundidad y la esperanza de vida aumenta, la proporción de población de 60 años y más se incrementa. En 2016 hay 73,5 millones de personas de este grupo etario, que representan el 11,5% de la población regional. Se prevé que en 2030 sean 121 millones, y que en 2050 este número aumente a 200 millones de personas, que constituirían el 26% de la población. Incluso en 2100 este segmento podría incrementarse a 270 millones. Estas cifras muestran que, en el corto y mediano plazo, el aumento del número y la proporción de la población adulta mayor es inevitable, pues es el correlato de cohortes de población numerosas que ya nacieron.
El proceso de envejecimiento nos advierte acerca de las presiones fiscales y políticas que experimentarán los sistemas de protección social. En América Latina y el Caribe hay actualmente 7,6 personas de entre 20 y 64 años por cada persona de 65 años y más, cerca del doble de las que hay en Europa y en América del Norte, pero en 2050 se espera que este indicador esté por debajo de las 3 personas en la región. En este escenario, cabe ponderar los medios con los que contamos para crear un entorno propicio que responda a las necesidades de las personas mayores y que a la vez permita avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me refiero puntualmente a la existencia de instituciones eficaces, abiertas y responsables.
Las instituciones públicas son más que el rostro del Estado, son el marco social para la acción. Constituyen instrumentos fundamentales para la implementación nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el caso de las personas mayores —como en el de otros grupos en condición de vulnerabilidad—, son el acuerdo político que abre las puertas del Estado a sus demandas, intereses y necesidades. De ellas depende la confianza en los gobiernos, la posibilidad de compatibilizar intereses en pos del bien común, y la producción de bases sólidas para la cooperación entre los distintos sectores de la sociedad.
Las opiniones de las personas mayores deben ser escuchadas y los gobiernos deben brindarles, a través de sus instituciones, la certeza de que desplegarán hasta el máximo de los recursos disponibles para proteger su dignidad y asegurar la igualdad. Este es el propósito más profundo del desarrollo sostenible y de la agenda para su consecución, aprobada el año pasado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En el libro que hoy presentaremos, “Envejecimiento e institucionalidad pública en América Latina y el Caribe. Conceptos, metodologías y práctica” editado por la CEPAL, ofrecemos un marco general de naturaleza teórica en el que se identifican los elementos comunes para el análisis de estos mecanismos nacionales, y por medio de estudios de caso nos introducimos en la dinámica de su funcionamiento.
Comprender la naturaleza y evolución de las instituciones como trasfondo del diseño e implementación de las políticas para personas mayores es un ejercicio complejo, que en este caso se pudo culminar gracias a la colaboración de las autoridades nacionales en sus respectivos períodos de administración. Esta empresa analítica se desarrolló sobre la base de una metodología específica propuesta por la CEPAL, que descompone la complejidad de las instituciones en variables más simples que facilitan la explicación del conjunto, sus patrones de acción, sus fortalezas y limitaciones, así como los desafíos por delante.
El libro no es un balance del rendimiento de las instituciones estudiadas. Su contribución reside en iluminar los elementos que suelen ser parte del proceso de incidencia en la agenda de gobierno. Los casos presentados tuvieron orígenes y actores diferentes que desencadenaron decisiones que sellaron la evolución peculiar de estas instituciones. No se trata por supuesto de organismos inertes, muy por el contrario, son permeables al cambio e incluso al retroceso, y como tales experimentan transformaciones que responden a proyectos políticos de más largo aliento acerca del papel del Estado en las políticas sociales en general y en los asuntos de las personas mayores en particular.
La agenda internacional es un elemento coadyuvante para la instalación y el desarrollo de estas instituciones, pero sobre todo para el discurso que les da sustento y un marco para su acción. Desde la CEPAL hemos sido testigos de la forma en que los derechos humanos se han convertido en una base conceptual sólida para abordar los problemas y necesidades de las personas mayores, así como para combatir su vulnerabilidad y fortalecer su capacidad de respuesta frente a la discriminación, el atropello o los malos tratos. Desde nuestra institución hemos realizado crecientes esfuerzos para que la perspectiva de los derechos humanos se nutra de información y conocimientos que consoliden la postura de los países en este sentido.
Además de velar por la inclusión de las personas mayores en la Agenda 2030, las instituciones que son objeto de estudio en este libro serán actores clave en la firma, ratificación y puesta en marcha de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en el seno de la OEA.
La creación de este instrumento jurídicamente vinculante responde a un reclamo largamente sostenido por la igualdad y por la no discriminación en un contexto que puede calificarse de paradójico, puesto que a pesar de que nuestras sociedades experimentan un rápido envejecimiento, la desigualdad que afecta a las personas mayores se mantiene inalterada. Más grave aún, se trata de una desigualdad invisibilizada y con mucha frecuencia fuera de la agenda de los tomadores de decisiones.
Como organismo regional de las Naciones Unidas, nos anima la convicción de movilizar los medios necesarios para promover la implementación de la Convención sobre la base de un espíritu de mayor solidaridad. Esa aplicación deberá poner de relieve la responsabilidad de los Estados en el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores, responsabilidad que debe asumir con la colaboración de todas las partes interesadas y, por supuesto, la de los titulares de derechos. Gracias a la existencia de este instrumento, hoy es más fácil que los Estados estandaricen sus legislaciones, políticas y prácticas, y que paralelamente disminuyan las brechas de protección e implementación de los derechos humanos de este grupo social de un país a otro.
Las instituciones que atienden a las personas mayores serán centrales en este proceso, y confío en que los contenidos de este libro sean útiles para identificar los retos que aún es preciso afrontar, para crear más y mejores oportunidades para que los asuntos de las personas mayores alcancen el estatus que deben en el aparato de Estado, y para que sus prioridades sean escuchadas en todos los rincones de nuestro continente.
En la certeza de que las jornadas que aquí inauguramos serán fecundas, les reitero la bienvenida y nuestros deseos de éxito.
Muchas gracias.
