Primer foro regional aborda la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú, y en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Ecuador, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial, organizaron el Primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, que se desarrolló en Quito el 22 y 23 de noviembre.

Convocado en cumplimiento de la decisión I/6 de la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, este primer foro tuvo por objetivo generar un espacio de reflexión y diálogo sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, reuniendo a las Partes del Acuerdo de Escazú, a especialistas reconocidos en el tema, y al público en general, especialmente, a personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades locales y personas o grupos en situación de vulnerabilidad que defienden el medio ambiente.

El evento contó con la participación presencial de más de 120 personas, incluyendo a defensoras y defensores del medio ambiente de más de veinte países de la región, además de autoridades, representantes de sociedad civil y organizaciones nacionales, regionales e internacionales. Además, participaron virtualmente más 400 de personas.

La primera jornada (22 de noviembre) incluyó intervenciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos Humanos, Mary Lawlor, y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre medio ambiente y derechos humanos, David Boyd, una mesa redonda de testimonios de personas defensoras de Barbados, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú, un panel de experiencias y buenas prácticas en la promoción, prevención y protección de las personas defensoras del ambiente con un enfoque nacional, regional y global y una discusión general del Acuerdo de Escazú como marco de acción en la materia.

Tras escuchar ponencias introductorias de personas defensoras y expertos de Argentina, Guatemala, Jamaica, México y Perú, el segundo día (23 de noviembre) se estructuró entorno a cuatro mesas de trabajo para abordar las siguientes temáticas:  (1) entorno seguro y propicio y enfoque sistémico y preventivo; (2) medidas de protección; (3) acceso a la justicia y medidas de respuesta; y (4) cooperación y seguimiento del Plan de Acción.  Las mesas posteriormente reportaron sus conclusiones, las cuales serán reflejadas en un informe y nutrirán la elaboración de un Plan de Acción en la materia a ser presentado por el grupo de trabajo ad hoc sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en la Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, que se realizará en 2024. 

Durante el encuentro, la CEPAL lanzó la Guía de Implementación del Acuerdo de Escazú, documento elaborado con el apoyo de expertos y sometido a consulta pública, que ofrece orientaciones e informaciones para una implementación plena de las disposiciones del Acuerdo.

Autoridades locales y entidades organizadoras celebraron la significativa participación de personas defensoras de la región y la profundidad de las discusiones, las cuales buscan aportar propuestas para su consideración en el marco del Acuerdo de Escazú.

Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, destacó la relevancia del foro dado que “las personas defensoras del medio ambiente llaman a preservar y a cuidar nuestro entorno pero también a dialogar y a repensar el modelo de desarrollo valorizando nuestro patrimonio natural”.

Por su parte, Xavier Mena, Representante Adjunto para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recordó que los Estados tienen la obligación de prevenir los ataques contra las personas defensoras -incluyendo de actores no estatales-, así como de asegurar un entorno seguro y propicio para su labor. “Urgimos a las autoridades a que se investiguen y sancionen con rigurosidad de los hechos violentos contra personas defensoras. La efectiva persecución de estos crímenes es una de las principales herramientas de prevención de futuros actos de violencia”. Mena añadió que, en diálogo con otros instrumentos del derecho internacional, el Acuerdo de Escazú identifica derechos y protecciones para las personas defensoras, y reiteró el llamado a los Estados que aún no son parte a sumarse al Acuerdo.  

“Las cifras de los ataques contra las personas defensoras ambientales en nuestra región nos hablan y tenemos que actuar. En este sentido, el Acuerdo de Escazú debe ser un espacio de cooperación y confianza, una herramienta para proteger a nuestras comunidades, el planeta y los recursos naturales. Debemos trabajar de manera coordinada y estratégica en el fortalecimiento del estado de derecho en materia ambiental, lo que incluye contar con leyes efectivas, instituciones sólidas y el necesario involucramiento y cooperación de todos los sectores”, señaló María Candela Zaffiro Tacchetti, de la Oficina Regional del PNUMA, en nombre de su Director Regional Juan Bello.

Hacia el final del encuentro, la delegada de la República de Argentina invitó a participar en la COP extraordinaria del Acuerdo de Escazú, que se celebrará en Buenos Aires en abril del 2023.

Asimismo, la delegada indígena Zulma Yulier Ulcue, representante del Pueblo Nasa (Departamento del Cauca, Colombia) manifestó la dramática realidad que vive su comunidad y la sala guardó un minuto de silencio por los recientes asesinatos de varios de sus miembros.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe. Adoptado el 4 de marzo de 2018 y en vigor desde el 22 de abril de 2021, constituye el primer tratado el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.