Al término de la segunda reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo celebrada en Ciudad de México, los países de América Latina y el Caribe acordaron hoy acoger una Guía operacional para la implementación del Consenso de Montevideo como un instrumento técnico voluntario de ayuda para el cumplimiento de las medidas prioritarias sobre población contenidas en ese documento adoptado en 2013.
La reunión, desarrollada del 6 al 9 de octubre con la asistencia de representantes de gobiernos, de organismos internacionales y de la sociedad civil, fue organizada por el Gobierno de México y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Los delegados acordaron también que, sobre la base de la guía operacional, los países definirán líneas de acción, metas, plazos e indicadores y elaborarán informes nacionales sobre la implementación del Consenso que serán presentados y revisados durante la tercera reunión de la Conferencia Regional, que se acordó celebrar en El Salvador en 2017.
El Consenso de Montevideo, adoptado en Uruguay en la primera reunión de la Conferencia, es el acuerdo intergubernamental más importante aprobado en la región en materia de población y desarrollo e incluye medidas sobre la integración de la población en el desarrollo sostenible y sobre las áreas de infancia, adolescencia y juventud, envejecimiento, salud sexual y reproductiva, igualdad de género, migración, desigualdad territorial, pueblos indígenas y afrodescendientes.
Tras la primera revisión sobre su puesta en marcha a nivel nacional en 2017, se realizará una evaluación regional durante la cuarta reunión de la Conferencia Regional, en 2019, con el fin de identificar brechas y retos comunes y proponer estrategias regionales para fortalecer la implementación del Consenso.
Para ello, se creará un grupo de trabajo que elaborará una propuesta de revisión y especificación de los indicadores de la Guía operacional que se utilizarán para el seguimiento regional del Consenso. Esos indicadores deberán ser precisos, comparables, medibles, acotados y alineados con aquellos que surjan del proceso relacionado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo después de 2014.
En ese sentido, la Conferencia llamó a utilizar datos oficiales nacionales en la generación, elaboración y análisis de los indicadores que se emplearán en el seguimiento de la implementación del Consenso de Montevideo e instó a los países a realizar los esfuerzos necesarios para mejorar las fuentes de datos y fomentar la capacidad estadística nacional, entre otras vías, mediante la asistencia técnica.
Por otra parte, la Conferencia Regional, que actúa como el órgano intergubernamental encargado del seguimiento regional del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, solicitó a la CEPAL que siga facilitando el proceso de examen y evaluación de la aplicación tanto de ese Plan, adoptado en 2002, como de la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe, aprobada en 2012.
La CEPAL realizará esas labores mediante la prestación de asesoría técnica a los países de la región que lo soliciten para realizar su examen y evaluación nacional durante 2016; la organización de la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe en 2017, que tendrá lugar en Paraguay, y la elaboración de un informe regional sobre la base de estas actividades como aporte para el examen y evaluación mundial del Plan de Acción Internacional de Madrid en 2018.
Por otra parte, la Conferencia exhortó a los países a firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada el pasado 15 de junio, en el cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Además, llamó al Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010, a que, a partir de su séptimo periodo de sesiones, se aboque a la tarea de elaborar una propuesta que contenga, entre otros, los principales elementos de un instrumento jurídico internacional para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas de edad.
