Países de América Latina y el Caribe reafirmaron la importancia de resguardar los avances de la región en materia desarrollo social y frenar retrocesos ante la crisis desatada por la pandemia

Países de América Latina y el Caribe reafirmaron hoy la importancia de poner a las personas y sus derechos en el centro del desarrollo, así como de resguardar los avances en materia de desarrollo social alcanzados por la región y frenar los retrocesos ante los impactos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19, al cierre de la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el apoyo del Gobierno de Antigua y Barbuda.

En las resoluciones de la cita, inaugurada el martes 26 de octubre, los delegados plantearon “la relevancia de articular los sistemas de protección social con las políticas de gestión del riesgo de desastres para fortalecer la capacidad de mitigación, prevención, respuesta y adaptación, y avanzar en el logro de sinergias que permitan mejorar la eficiencia y la resiliencia de las instituciones y de la población”.

La creación sostenida de empleo productivo y trabajo decente y el desarrollo de sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes es indispensable para lograr una recuperación transformadora en la región, subrayaron los países.

Los delegados indicaron, asimismo, que el multilateralismo y la cooperación son medios fundamentales para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región, incluida su dimensión social, destacando el aporte de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARSDI), aprobada durante la Tercera Reunión de la Conferencia realizada en 2019 en México, en este proceso.

La sesión de clausura del encuentro, que se celebró de forma virtual, contó con la participación de Dean Jonas, Ministro de Transformación Social, Desarrollo de Recursos Humanos y Economía Azul de Antigua y Barbuda; Marcela Browne, de Fundación SES de Argentina, en representación de la sociedad civil; Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD; y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

“Tenemos que mejorar la coordinación y la movilización de recursos y capacidades institucionales para desarrollar sistemas de protección social universales, integrales y resilientes” que puedan enfrentar desastres y crisis sanitarias futuras, dijo el Ministro Jonas, quien compartió algunas de las prioridades de su país al frente de la Conferencia Regional durante los próximos dos años, entre ellas, la recolección y armonización de datos, el fortalecimiento de los sistemas de protección social, el apoyo psicosocial y la salud mental de la población y la atención de las personas con discapacidad y desempleadas. El limitado espacio fiscal es uno de los principales retos de la región en estos momentos, reconoció el Ministro. Muchos países están enfrentando altos niveles de endeudamiento y de desempleo, así como dificultades en sectores clave como el turismo, dijo.

“Cerramos este encuentro con una renovada convicción sobre la urgente necesidad de promover nuevos contratos sociales para la región que gestionen colectivamente los riesgos. Para ello, los gobiernos pueden encontrar en el PNUD un aliado para avanzar hacia esa renovación de los pactos sociales y en el establecimiento de políticas de protección social innovadoras que respondan a los desafíos actuales”, afirmó Luis Felipe López-Calva, Subsecretario General Adjunto de la ONU y Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD.

En representación de la sociedad civil, Marcela Browne, de Fundación SES de Argentina, señaló que “es fundamental avanzar en sistemas de protección social universales, integrales, sustentables y redistributivos, con servicios públicos universales y solidarios que promuevan la prevención, contención y mitigación del impacto de los desastres con un enfoque de recuperación transformadora, alineándose con la Agenda 2030”.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, reafirmó la importancia del espacio intergubernamental para intercambiar experiencias de políticas y lecciones aprendidas del COVID-19. Sostuvo también que “los desastres recientes en la región, en particular la pandemia, han mostrado la necesidad de situar a la protección social universal en el centro de las estrategias nacionales de gestión del riesgo de desastres” para promover la resiliencia social e institucional.

Los desastres en nuestra región se presentan como elementos estructurales, y no circunstancias extraordinarias, por sus impactos sobre las economías y su amenaza al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, indicó la alta funcionaria internacional.

“No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos”, remarcó Bárcena y llamó a construir nuevos pactos sociales y fiscales para dar sustento a las políticas. También instó a los Ministerios y Secretarías de Desarrollo Social a involucrarse más activamente en las políticas de cambio climático, y planteó diversos desafíos, entre ellos, el de elaborar un índice de vulnerabilidad en la región.

“Avanzar en una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, que coloque en el centro al trabajo decente y la inversión social, es una vía necesaria para el desarrollo sostenible”, concluyó.

La Mesa Directiva de la Conferencia Regional quedó constituida por Antigua y Barbuda en la Presidencia y Bahamas, Barbados, Chile, Costa Rica, Dominica, Paraguay y Uruguay en las Vicepresidencias.

En la reunión participaron delegados de 29 Estados miembros y 9 Estados asociados de la CEPAL, así como representantes de 12 organismos de las Naciones Unidas, 5 organismos especializados y 15 organismos intergubernamentales. A ellos se sumaron 151 miembros de la sociedad civil, 67 personas del sector académico y 172 participantes de otros sectores.