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La IX Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) se realizó este martes 20 de noviembre en Lima, Perú, en donde autoridades del sector de varios países de América Latina y el Caribe abordaron las oportunidades y desafíos mineros para un desarrollo más sostenible en la región. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, fue una de las oradoras principales y presentó un estado de situación de la minería, en el cual enfatizó la necesidad de impulsar una gobernanza minera para contribuir a la sostenibilidad de los países.
El encuentro, al cual asistieron ministros, viceministros y otros representantes de alto nivel de 12 países –Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana- fue inaugurado por Luis Miguel Incháustegui, Viceministro de Minería de Perú, quien dio la bienvenida a los participantes. Estuvo acompañado por Carolina Sánchez, Secretaria de Política Minera de Argentina y Presidenta del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La conferencia contó con una exposición principal a cargo de Alicia Bárcena, quien entregó un panorama del sector minero regional y sus desafíos en el actual contexto mundial, caracterizado por un lento crecimiento económico, un debilitamiento del multilateralismo y un alza del proteccionismo, tensiones tecnológicas y comerciales entre Estados Unidos y China, una acelerada revolución tecnológica y un incierto futuro laboral, la amenaza del cambio climático que urge a un cambio de paradigma energético, y una transición demográfica reflejada en fuertes flujos migratorios.
“Estamos en un punto de inflexión en el avance de la globalización. La próxima década de la minería será impulsada por modelos de negocios digitales y sostenibles. América Latina y el Caribe debe prepararse para este desafío, que ya llegó”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien estuvo acompañada por Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión, y Jeannette Sánchez, Directora de la División de Recursos Naturales e Infraestructura del organismo regional de las Naciones Unidas.
Bárcena indicó que la región tiene una participación relevante en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos, especialmente de oro, plomo, níquel, plata y zinc, pero en los últimos años ha perdido terreno en cobre, litio, hierro, estaño, bauxita y alúmina. Además, se ha concentrado en la exportación de materias primas mineras, cuyo peso casi se duplicó en los últimos 20 años (pasando del 20% en 1995-1997 al 37% en 2015-2017). Esto es cuatro veces mayor que el peso que tienen las exportaciones mineras mundiales (9% en 2015-2017).
Agregó que el superciclo en el precio de las materias primas (observado entre 2002 y 2008) mejoró los términos de intercambio y dinamizó las exportaciones de la región, pero este boom se reflejó de manera heterogénea y volátil en los precios de los principales minerales, lo que provocó fluctuaciones sustanciales en los ingresos fiscales, complicando la fiscalidad de los países productores. Esto a su vez afectó a las inversiones: entre 2003 y 2017 ingresaron 171 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en minería a la región, y se advierte una caída en el último quinquenio, explicó Bárcena. Sin embargo, anuncios de IED indican que las inversiones retomarían el crecimiento en 2018, impulsadas por la minería de cobre en Chile y Perú.
Por otro lado, la máxima autoridad de la CEPAL señaló que persisten importantes desafíos ambientales de la minería en la región, como la contaminación, uso del agua y destrucción de hábitats, entre otros, a lo que se suma el hecho de que América Latina y el Caribe es la región con más conflictos socioambientales de explotación minera.
“En este escenario, tener una gobernanza de los recursos naturales resulta fundamental. Esta gobernanza demanda una visión de largo plazo que permita la innovación institucional para maximizar el beneficio social en el presente y en el futuro”, declaró Bárcena.
Agregó que para una gestión sostenible de los recursos mineros, una gobernanza efectiva debe ser democrática, es decir, que permita un fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales y locales y promueva un diálogo y participación multiactor que sea informada y transparente. Además, debe impulsar el cambio estructural progresivo, con mecanismos fiscales de estabilización, ahorro e inversión acordes a la especificidad de cada país; también debe mejorar la relación de la minería con su entorno ambiental y social para evitar los conflictos socioambientales (aquí el Acuerdo de Escazú recientemente firmado por 16 países de la región es un ejemplo a seguir), y promover la integración regional, con cadenas de valor regionales para aumentar la resiliencia frente a las tensiones externas.