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La desigualdad es ineficiente, se reproduce y permea el sistema productivo. Por el contrario, la igualdad no es solo un principio ético ineludible sino también una variable explicativa de la eficiencia del sistema económico a largo plazo afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante la reunión del Foro Económico Mundial 2019, que culminó hoy en Davos, Suiza. El tema de la desigualdad estuvo presente en gran parte de los debates.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó durante la semana en diversas sesiones del Foro global, en las que abordó las trasformaciones políticas en América Latina y el Caribe y la necesidad de una reconstrucción de la confianza social con la ciudadanía en la región, el estado del multilateralismo y de la gobernanza global, y los avances hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, entre otros.
“La igualdad es requisito indispensable para el desarrollo sostenible. La CEPAL ha probado con números que sin igualdad las economías son ineficientes, y alcanzan menores niveles de productividad e inversión”, afirmó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL durante su intervención en la sesión sobre El Costo de la Desigualdad (The Cost of Inequality) celebrada hoy en Davos.
Junto a Alicia Bárcena, participaron en el panel Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de Oxfam Internacional; Shamina Singh, Presidenta del Centro de Crecimiento Inclusivo de Mastercard; Rutger Bregman, historiador y escritor holandés, y Jane Goodall, fundadora del Jane Goodall Institute. La sesión fue moderada por Edward Felsenthal, Editor en jefe de la revista Time.
En el marco de su presentación, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL añadió que “igualdad, productividad y democracia son bienes complementarios estratégicos y no sustitutos, más aún en un mundo con fuertes tensiones económicas, políticas y ambientales”.
Agregó que en el informe La ineficiencia de la desigualdad, publicado en mayo de 2018, la CEPAL confirma que la desigualdad obstaculiza el incremento de las capacidades de consumo de la población de menores recursos y por tanto, de demanda de bienes y servicios, restando dinamismo a las economías. La desigualdad también se transforma en semilla de descontento e inestabilidad social y política, que en definitiva también afectan a la economía de los países.
Alicia Bárcena precisó que la existencia de una correlación inversa entre productividad y desigualdad, en la que bajos niveles de participación salarial en el ingreso se asocian a menores tasas de inversión, es una de las evidencias de que la desigualdad obstaculiza el desarrollo.
Otra evidencia es la desigual distribución de la riqueza, que en América Latina y el Caribe alcanza cifras preocupantes. Como ejemplo citó los casos de Chile, México y Uruguay, países donde la concentración de la riqueza beneficia al 20% de la población, en los dos primeros casos, y al 30%, en el último.
La alta funcionaria de Naciones Unidas destacó que el gasto social, así como las políticas tendientes a combatir la evasión y la elusión fiscal, que anualmente le cuestan a la región 320.000 millones de dólares, son instrumentos efectivos para la redistribución de la riqueza.
“La igualdad y la desigualdad están asociadas a la élite y a la cultura de los privilegios, es decir, están relacionadas con aquellos que están exentos o que eluden impuestos, aquellos que pueden eludir la ley. Eso naturaliza la desigualdad”, advirtió.
“Debemos tener compasión, solidaridad e igualdad”, aseveró.
Subrayó además la urgencia de cambiar el paradigma de desarrollo transitando hacia patrones de producción y consumo sostenibles, con trabajo decente y titularidad de derechos, tal como propone la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Previamente, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL participó como moderadora del panel Reconstruyendo la Confianza Social en América Latina (Rebuilding Societal Trust in Latin America) oportunidad en la que resaltó la necesidad de terminar con la cultura del privilegio y con la impunidad en la región, con el fin de mejorar las percepciones de la ciudadanía y la confianza de la sociedad en las instituciones.