27-30 Jun 2017 Asunción, Paraguay | Reuniones intergubernamentales
Especialistas de gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil, sector privado y academia se dan cita desde hoy y hasta el 18 de noviembre en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para preparar la tercera evaluación -que tendrá lugar en 2017- sobre la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento en los países de la región, donde viven 70 millones de personas mayores.
El Secretario Ejecutivo Adjunto del organismo regional, Antonio Prado, y el Subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Chile, Juan Eduardo Faúndez, inauguraron este miércoles la segunda reunión de expertos para el seguimiento de la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores, que constituye la adaptación regional del Plan de Acción. El encuentro fue organizado por la CEPAL y por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) de Chile.
Según cifras de las Naciones Unidas, en el mundo viven hoy en día casi 900 millones de personas de sesenta años y más, una cifra que podría aumentar a 1.400 millones hacia el año 2030. En el caso de Chile, de acuerdo con datos estatales, se estima que hacia 2020 el porcentaje de personas mayores será similar al de menores de 15 años.
Según explicó Antonio Prado, frente a las opiniones que aseguran que el envejecimiento y la disminución de la población en edad de trabajar puede conllevar una posible pérdida de dinamismo económico o generar una mayor presión sobre los sistemas de protección social, desde las Naciones Unidas se ha insistido en que este fenómeno demográfico no constituye un problema en sí.
“Los gobiernos tienen hoy la oportunidad de transformar los efectos nocivos de una probable realidad por medio de políticas públicas que aseguren a las personas mayores niveles de vida dignos y combatan la discriminación que les afecta. Sin ello, es prácticamente imposible incorporarlas al desarrollo con igualdad que impulsa la CEPAL y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, manifestó el Secretario Ejecutivo Adjunto.
Por su parte, el Subsecretario Juan Eduardo Faúndez indicó que la elaboración de políticas públicas sobre esta materia requiere de una reflexión previa sobre el grado de dignidad con el que se debe tratar a los adultos mayores y sobre la concepción del trabajo y el derecho al descanso y al tiempo libre. Asimismo, las iniciativas dirigidas a este grupo de la población deben ir más allá del espacio sectorial de las políticas sociales y transformarse en medidas estructurales, subrayó.
El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, adoptado en 2002, se examina cada cinco años y la CEPAL es el organismo de las Naciones Unidas encargado de su seguimiento y evaluación en esta región. La Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe fue aprobada en 2012 en Costa Rica y constituye la hoja de ruta regional.
Tras la inauguración del encuentro, el Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, Paulo Saad, presentó un panorama sobre los avances en la implementación.
En estas jornadas se analizará asimismo el grado de cumplimiento de los compromisos adoptados por los gobiernos en las tres Conferencias Regionales Intergubernamentales sobre Envejecimiento celebradas hasta ahora (Chile, 2003; Brasil, 2007, y Costa Rica, 2012), y se proyectará la modalidad de examen y evaluación nacional que se implementará en preparación para la cuarta Conferencia, que tendrá lugar en Paraguay en 2017.
Los resultados se presentarán en 2018 durante el 56 período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, encargada del seguimiento del Plan a nivel mundial.
Junto a este proceso, en esta reunión se han incorporado otros dos ejes de trabajo: la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los mecanismos para que esta contemple de manera más integral a las personas mayores, y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que ofrece el marco legal vinculante para la protección de los derechos de las personas mayores y que ya ha sido ratificada por Costa Rica y Uruguay, lo que permite su entrada en vigor.
